El futuro de la caseta 173 de la Feria mantiene en suspense a los sevillanos

La caseta 173 de la calle Juan Belmonte luce ya el toldo blanquirrojo en el recinto ferial de Sevilla. Nada hace pensar que quien baile sevillanas en su interior dentro de poco más de un mes estará siendo escrutado por miles de vecinos. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), adelantada por EL PAÍS, que, en contra del criterio del letrado municipal, da la razón a la familia que la perdió en 2022 por no haber renovado la licencia dentro del plazo estipulado, y responsabiliza al Ayuntamiento de haberla “inducido a error” al no comunicarle por correo electrónico cuándo había que hacer ese trámite, podría sentar un precedente y abrir la vía para que otros extitulares reclamen su recuperación por esa vía. Todo depende de que el Consistorio recurra en casación ante el Tribunal Supremo y de que se oponga a la ejecución provisional que los beneficiarios del fallo ya han pedido.

El Ayuntamiento de Sevilla aún no ha confirmado cómo va a actuar. “Haremos lo que digan los servicios jurídicos”, indican fuentes municipales consultadas. Eso mismo es lo que les trasladó a los actuales socios de esa caseta el jefe del servicio técnico de la Delegación de Fiestas Mayores, responsable de la organización del recinto ferial, en la reunión que mantuvieron el martes. “Nos han facilitado otra reunión con los servicios jurídicos para saber cuáles son sus intenciones de recurrir en casación”, indica Rafael Labat, uno de los miembros de la caseta 173 y el abogado que ha defendido sus derechos.

Labat explica que, al margen de lo que decida el Ayuntamiento sobre el Supremo, los socios de su caseta votarán si ellos recurren por su cuenta —pese a que hacerlo en solitario supone un coste económico considerable—. Ellos sí se han opuesto a la ejecución de la sentencia solicitada por la anterior familia propietaria y también esperan que lo haga el Consistorio. “Debería, porque su obligación es defender el interés general”, indica el letrado, quien es muy crítico con la sentencia del TSJA: “Establece como prevalente un futurible correo electrónico frente a la aplicación de la ley y defiende a los únicos que se han quedado esperando ese correo”, indica, haciéndose eco de la argumentación del Ayuntamiento, que recalcaba que si el resto de los 1.186 titulares de las casetas sí cumplimentaron los trámites a tiempo, lo que motivó el incumplimiento de la recurrente fue su “propia negligencia” y no la falta de comunicación por parte del Consistorio.

De los movimientos del Ayuntamiento y de la caseta 173 están muy pendientes los socios de las vecinas 175 y 177, cuyos módulos también pertenecían a la caseta de la familia que ha obtenido el fallo favorable del TSJA, y cuyos recursos están siendo estudiados por otra sección del alto tribunal autonómico. A diferencia de Labat, que cree que la sentencia que les perjudica solo es aplicable a su caso concreto, el resto sí piensa que puede sentar precedentes.

Y eso es lo que espera Encarna Vega y el resto de sus 12 hermanos, que perdieron su caseta hace cuatro años por pagar un día después del plazo estipulado. “No se comunicó como en otras ocasiones”, señala Vega. Esa falta de comunicación pública también se apunta como argumentación en la sentencia del TSJA. Por eso su familia va a acudir al despacho de abogados que ha ganado el pleito para ver si esas premisas también son aplicables a su caso. “Teníamos la caseta desde hace 42 años, perderla ha supuesto para nosotros un antes y un después. Antes nos quedábamos hasta las seis o las siete de la mañana y les poníamos literas a los niños para que durmieran en la parte de atrás. Ahora se ha convertido en un drama”, cuenta. Conocer este fallo la ha llenado de esperanza.

Las fuentes municipales consultadas, con todo, advierten sobre nuevos recursos basados en esa sentencia: “El que pierde la caseta, seguirá perdiendo la caseta”. Indican que siempre ha habido recursos, pero que “nunca habían prosperado porque la normativa es muy clara”. “Aquí hay un problema específico que es la pandemia y se produjo un fallo de comunicación”, abundan.

En la sentencia se justifica que en 2020 y 2021, los años en los que se suspendió la Feria, el Consistorio envió un comunicado a los socios informándoles de que se suspendían los plazos “hasta nueva orden” y que, dos años después y retomada la normalidad, los titulares tenían derecho a recibir un nuevo correo con los nuevos plazos, pese a que esos ya están recogidos en la ordenanza municipal.

De lo que suceda en los próximos días no solo están pendientes los miles de sevillanos que llevan una media de 30 años esperando a conseguir caseta y el casi medio millar que aguarda para recuperarla, también las alrededor de 70 familias que ocupan los números 173, 175 y 177 de Juan Belmonte.

El lunes, además de los operarios, por la 173 se pasó un notario enviado por los antiguos propietarios. “Lo que menos me preocupa es el notario, que habrá tomado nota de que hay unos socios que han pagado sus cuotas y tienen todo en orden”, señala Labat. El problema vendrá cuando, en el caso de que se ejecutara provisionalmente la sentencia —algo que podría ocurrir si no se recurre en casación al Supremo—, empiece la Feria y quieran bailar sevillanas los recurrentes y los socios actuales, que han presentado toda la documentación —incluido el pago de la licencia— para disfrutar de la caseta. “Nosotros vamos a poner crespones negros”, dice con guasa y cierto temor uno de los miembros de la 177, muy pendiente de lo que pase con sus vecinos.