El Parlamento andaluz dio a dedo un contrato de 263.000 euros que debió admitir concurrencia

El Parlamento de Andalucía adjudicó a dedo el pasado julio un contrato por 263.219 euros con la empresa Guadaltel para el mantenimiento de su sistema informático, a pesar de que debió admitir concurrencia pública de otras compañías. La Cámara autonómica alegó para justificar el dedazo que Guadaltel era la única empresa que conocía el software empleado, pero la propia firma aclara que cualquier otra puede manejarlo y actualizarlo, dado que los códigos son de acceso libre y están publicados en su página web.

“Nuestro software es de fuentes abiertas y no sabemos si es un error que el Parlamento haya justificado esto así o se han hecho un lío. Trabajamos con muchísimas Administraciones y hay muchas empresas que evolucionan y mantienen nuestro software, es una realidad contrastable”, aclara una portavoz de Guadaltel, empresa sevillana con 35 años de experiencia, 180 empleados y delegación en Chile.

La memoria justificativa del contrato, firmada el pasado noviembre por el jefe del servicio de informática del Parlamento andaluz, Fernando Gordillo, rezaba: “La mencionada empresa [Guadaltel] es la única que posee el código fuente actualizado de las versiones específicas del Parlamento y que da soporte a las mismas, por lo que se hace necesario, al no existir competencia por razones técnicas, el procedimiento negociado sin publicidad”.

La redacción del dedazo para adjudicar de manera directa la plataforma integral del Parlamento -denominada suite G-ONCE- fue denunciada por un subjefe del departamento de informática el pasado 14 de febrero en un correo electrónico dirigido a Gordillo: “La tramitación del expediente 15/2022 por el procedimiento negociado sin publicidad no está bien justificada y por tanto se debería replantear a un procedimiento abierto ahora que aún se está a tiempo”, alertaba el mensaje.

Dos meses antes de caer esta advertencia en saco roto, el subjefe había denunciado la adjudicación directa ante la Fiscalía de Sevilla. Más tarde, cuando las pesquisas saltaron a la luz el pasado abril, la Cámara autonómica paralizó el procedimiento de adjudicación. Finalmente, tras siete meses de investigación, el ministerio público archivó las pesquisas porque no observó irregularidades en la tramitación del contrato con Guadaltel.

¿Qué diligencias realizó la Fiscalía al respecto? El fiscal preguntó a la Secretaría General del Parlamento -dirigida por el letrado mayor, Manuel Carrasco- qué procedimiento se había seguido para el contrato, y este recabó la opinión del jefe de contratación de la Cámara, Manuel Borreguero, que se limitó a explicar que el convenio se había acompañado de una memoria justificativa, redactada por Gordillo, por lo que su tramitación fue adecuada a los requerimientos técnicos.

Entre tanto, siete técnicos del servicio de informática presentaron por registro en el Parlamento el pasado 17 de abril –sin recibir ninguna orden, un hecho insólito- un informe para justificar las razones técnicas que motivaron la elección del dedazo, lo cual reforzó como segundo indicio -tras el informe de Borreguero- la decisión de la Fiscalía sevillana de archivar las pesquisas el pasado 6 de julio con un escueto decreto de cuatro páginas.

Los siete técnicos firmantes del documento carecen de alta cualificación y pertenecen a los grupos A2 y C1, y no al superior A1. Las tareas de algunos de ellos son asegurarse del correcto funcionamiento de las impresoras, mantener copias de seguridad de programas informáticos y realizar el seguimiento de móviles y portátiles de los diputados, entre otras funciones. “Un informe que emana del mismo departamento que dirige la persona denunciada es cuando menos sospechoso, si no falso”, subrayan fuentes del caso.

Tres semanas después del archivo del fiscal, el pasado 25 de julio el Parlamento firmó el contrato directo con Guadaltel. Ahora los denunciantes valoran ampliar la denuncia y emprender acciones legales contra los funcionarios que han eximido a Gordillo de responsabilidad mediante su informe conjunto. Tanto el jefe de informática como el letrado mayor y el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, han rechazado opinar al respecto y alegan que el tema está archivado por la Fiscalía. Este diario ha pedido a la Cámara ambos informes -del servicio de contratación y de los siete funcionarios-, pero el Parlamento ha rechazado su entrega.

En 2020, Gordillo propuso a la Secretaría General del Parlamento un contrato similar al de ahora firmado con Guadaltel, pero la letrada mayor adjunta, Carmen Noguerol, lo paralizó al no estar justificado el dedazo porque el software era libre. Dos años más tarde y bajo la presidencia de Aguirre (PP), ya sin Ciudadanos en el poder y con una nueva Secretaría General del Parlamento, la letrada mayor adjunta Teresa Blanco -sucesora de Noguerol- dio vía libre al polémico contrato.

Uno de los dos funcionarios denunciantes, adscrito a la Secretaría General, censura: “El contrato negociado por publicidad no era posible porque al ser la licencia de software libre, esto impide exclusividad por razones técnicas a una sola empresa. No tiene ni pies ni cabeza, contraviene la Ley de contratos del sector público, que facilita la concurrencia y restringe el mecanismo de negociado sin publicidad a casos como cuando hay un derecho exclusivo sobre un producto”.

En su denuncia ante la Fiscalía, los dos funcionarios censuraron el contrato de 2022 pero también el de 2019 contratado con Guadaltel, y cómo este incluía 13 procedimientos, entre ellos peticiones de licencias de personal o la presentación de iniciativas parlamentarias por tipología, que dos años después, en 2021, aún no estaban diseñados y operativos, pese a que habían sido abonados por la Cámara autonómica.

Acoso laboral

Tras la denuncia interna por el dedazo, uno de los dos funcionarios, adscrito al servicio de informática, denunció ante el comité de investigación interna para situaciones de acoso, creado este año y que solo ha visto este caso, que era víctima de este tipo de agresión laboral por parte del jefe del departamento, Fernando Gordillo. Sin embargo, el pasado junio el secretario del comité, Julio Caballero, consideró que la denuncia no era merecedora de una investigación y la inadmitió a trámite porque no era creíble.

El comité decidió que “las represalias” aportadas en diferentes correos por el denunciante eran “desacuerdos” y “cuestiones muy puntuales” que obedecían a la organización del trabajo dentro del servicio de informática. El órgano decidió que dado que no existieron insultos ni humillaciones, bastaba con el análisis de la denuncia y los correos electrónicos aportados, y no era necesario entrevistar a otros empleados para determinar si existió acoso laboral o no por parte de Gordillo.

Tras el archivo, el funcionario denunciante presentó un recurso de alzada ante el letrado mayor del Parlamento, Manuel Carrasco, que dos meses después aún no ha respondido.