Una juez investiga si el Ayuntamiento de Sevilla desobedeció a otro juzgado en la tala del ficus centenario

La tala del ficus centenario del barrio de Triana, interrumpida el pasado agosto justo antes de rematarse, le brota de nuevo al Ayuntamiento de Sevilla (PSOE), ocho meses después de la polémica y a cinco semanas de las elecciones municipales. Una juez ha reabierto la investigación penal para determinar si el Consistorio desobedeció a otro magistrado para eludir la acción de la justicia y permitir que la parroquia de San Jacinto segara las ramas del ejemplar, de 24 metros de altura, plantado en 1913 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con carácter de monumento. Tras la acelerada labor de apeo de los operarios, el magistrado ordenó detener las motosierras y finalmente el ficus se salvó, aunque sus ramas fueron mutiladas y su esplendor desapareció de un plumazo.

La magistrada Ángeles Cortés, titular del Juzgado de Instrucción 9 de la capital andaluza, investiga desde el pasado 28 de marzo la actuación de los responsables del Ayuntamiento sevillano después de que la Fiscalía apoyara investigar la tesis de la asociación Animalius, que los acusa de desobediencia a la autoridad, prevaricación y un delito contra la fauna, por la desaparición del hábitat de cientos de aves. La asociación ecologista recurrió el pasado enero el primer archivo de la denuncia de los ecologistas por el juez instructor entonces, Juan Jesús García Vélez, y hace un mes su sucesora le dio luz verde.

La radical poda del ficus redujo su altura a la mitad, acabó con el 70% de su estructura y ahora su espectacular tronco tiene forma de muñón verde, que este verano no dará sombra a los peatones cuando el calor se dispare. La siega de sus enormes ramas altas -de un metro de diámetro- fue llevada a cabo por la orden de predicadores-dominicos y el párroco de la iglesia de San Jacinto contigua al ficus, Javier Rodríguez. “No hubo perversidad por mi parte y no sabía que había un juez que estudiaba la suspensión de la tala. O si lo sabía no me acuerdo. No me gustó la que se montó porque me achacaron intenciones de arboricida”, sostiene ahora el cura.

Los conservacionistas criticaron que el juez García Vélez no tomara declaración en agosto a “ni una sola persona” de las que estaban allí durante la poda y que se limitara a recibir la información del Ayuntamiento, “con un lógico interés directo” en mantener archivada la causa. “El sobreseimiento es completamente prematuro al no haberse practicado por el juzgador ni una sola diligencia para comprobar y esclarecer los hechos de los delitos”, esgrimió Animalius, crítica con que el juez no tomara declaración en agosto a los responsables municipales. Conforme la investigación avance, la magistrada dilucidará el papel jugado por el director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Fernando Mora-Figueroa, el concejal de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores, o el alcalde, Antonio Muñoz.

Tras el recurso de los ecologistas, firmado por la abogada Lola García del despacho Derecho&animales, la Fiscalía apoyó reabrir el caso: “La instrucción del presente procedimiento no se encuentra debidamente concluida (…) procede la revocación de la resolución recurrida y con la reapertura de la causa, proceder debida conclusión de la instrucción del procedimiento con la práctica de las diligencias”, reza el escrito del ministerio público.

La magistrada atendió la petición de la fiscal y ha exigido al Ayuntamiento que certifique el grado de protección del ficus y remita una copia del expediente instruido en relación con la concesión de licencia de tala del árbol. Además, la fiscal pide al Juzgado de lo Contencioso 9 de Sevilla que remita testimonio de las actuaciones en su procedimiento iniciado el pasado agosto, así como la denuncia presentada por la entidad Ni un árbol menos en dicho procedimiento.

El Juzgado de lo Contencioso 9 fue el que advirtió el 16 de agosto de que estudiaba la paralización de la tala. El Consistorio sabía que el juez tenía solo dos días para tomar una decisión -de medida cautelarísima- sobre la tala, pero no quiso esperar con el pretexto de que la tala estaba impulsada por la Iglesia y no por su servicio municipal, y dio luz verde a la decisión en principio irreversible del párroco.

La poda del ejemplar centenario fue traumática para los ecologistas sevillanos, que en los últimos años han visto desaparecer muchos árboles sin razones técnicas, ni medioambientales, ni urbanísticas, para justificar lo que tildan de “arboricidio” por parte de los responsables socialistas del Consistorio. Para proteger a los operarios sobre las grúas con motosierras pagados por la Iglesia, el Ayuntamiento mandó 29 agentes, que impidieron el paso a 200 manifestantes que gritaban “asesinos” en la céntrica calle San Jacinto.

Días más tarde, la Gerencia de Urbanismo municipal presentó ante el juzgado de lo Contencioso unas alegaciones, que se centraron en justificar que acató el auto judicial de suspensión de la tala después de que los ecologistas y vecinos de Triana denunciaran que estaba incurriendo en desobediencia al juez.

La resolución motivada para detener los trabajos se notificó al Ayuntamiento a las 11.00 del 18 de agosto, la Policía Local permitió a la parroquia trocear las ramas cortadas y llevárselas en un camión hasta las 18.15, cuando finalmente los agentes precintaron el patio donde se ubica el ficus. Los ecologistas acusaron al Consistorio de actuar con “alevosía” y “desprecio absoluto” al patrimonio medioambiental.

“El Ayuntamiento de Sevilla no solo no paró en espera del auto, sino que decidió acelerar en lo máximo posible, con el propósito de que cuando llegara el auto de suspensión, ya se hubiera talado el ficus (…) Con premeditación y mala fe, pretendió vulnerar los derechos de la parte recurrente a la tutela judicial efectiva con el fin de eliminar el objeto [el ficus] La evidente intencionalidad de acabar a la mayor velocidad posible con el ficus es evidente”, denunció la asociación Ni un árbol menos esos días de agosto.

El destino del ficus, en el aire

El destino definitivo del ficus del barrio de Triana está aún en el aire. Para resolverlo, el Ayuntamiento ha recurrido al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y abonará 111.019 euros para que dos arquitectos y un arborista determinen si es conveniente trasplantarlo, dejarlo como está o rematar la tala. El jefe de Jardinería y Arbolado del Real Jardín Botánico, Mariano Sánchez, decidirá probablemente la mejor solución en consenso con dos arquitectos del Instituto Eduardo Torroja, que estudiarán la estabilidad de la parroquia de San Jacinto.

“Nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué se puede hacer o no. Debemos descubrir las raíces desde la plaza hasta la parroquia al abrir el terreno con una lanza de aire comprimido para no dañar las raíces y medir su grosor”, explica Sánchez. “Hay grietas que no tienen que ver con el árbol, pero que también se estudiarán. La parte más cara es la de los arquitectos, por los sensores vía bluetooth que implica su trabajo”, añade.

La solución del Consistorio, que se aprobará este viernes en Pleno, persigue desactivar el asunto Contencioso-administrativo que arrastra desde el pasado agosto con la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (Amja), que le demandó por autorizar a la Iglesia la tala y ahora se compromete a aceptar el criterio de los expertos del CSIC y retirar la demanda contra el Ayuntamiento. “El convenio establece que el estudio independiente del CSIC será aceptado por todas las partes, sea en el sentido que sea. Se incluye aquí, pues, que la denuncia tendría ser retirada”, precisa un portavoz municipal.

La orden de los predicadores-dominicos recibirá los 111.019 euros entre este año y el próximo a través de una subvención nominativa cuyo destino es el encargo del estudio al CSIC. La mayor parte del presupuesto, unos 70.000 euros, irán destinados al trabajo de los dos arquitectos y 41.000 al trabajo del conservador del Real Jardín Botánico. “El convenio es a dos años, de ahí que se distribuya en dos partidas presupuestarias, 2023 y 2024″, detalla dicho portavoz.