La Junta de Andalucía fracasa en su intento de impedir las huelgas semanales de médicos de familia

AEl Gobierno andaluz acudía en la mañana de este lunes a su reunión con los responsables sindicales del sector sanitario confiado en acercar posturas e incluso en cerrar un pacto por la atención primaria que permitiera desactivar la huelga de médicos de familia convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para este 12 de abril y que se repetirá cada miércoles hasta el 28 de mayo. El encuentro ha finalizado, sin embargo, sin ese acuerdo y el Ejecutivo de la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno encara la cuenta atrás para las elecciones municipales expuesto al paro semanal de profesionales de la medicina. Se trata del mayor desafío social en lo que va de legislatura y se produce menos de un mes después de las multitudinarias manifestaciones en favor de la sanidad pública, convocadas por Mareas Blancas en todas las capitales de la comunidad el pasado 26 de marzo.

La retirada de cualquier mención a la atención primaria en la orden que actualiza la tarificación de los servicios médicos concertados con la sanidad privada, aprobada a principios de marzo, sigue siendo el principal escollo para avanzar en las negociaciones. Los sindicatos que forman parte de la mesa sectorial —SMA, UGT, CC OO, CSIF y Satse― exigen que se elimine de la norma la posibilidad de derivar pacientes de esa especialidad, pero la Consejería de Sanidad insiste en circunscribirla solo a “situaciones de emergencia sanitaria”. Otro de los escollos que afloraron en la pasada reunión del 29 de marzo fue el incremento de la retribución salarial. El documento presentado por el Gobierno andaluz la limitaba solo a los médicos -algo que contentaba al SMA-, pero el resto de centrales exige que se extienda al resto de categorías de profesionales sanitarios. Ese punto, coinciden todas las fuentes sindicales consultadas, ha desaparecido del texto que se ha presentado este lunes y que, de acuerdo con esas mismas fuentes, “empeora respecto del inicial”, por retrasar casi un año los plazos para la conformación de los equipos de atención a las urgencias.

Tras casi nueve horas de reunión, la decepción era la sensación generalizada entre los representantes sindicales consultados por este diario. La única buena noticia, han coincidido, es que la negociación se mantiene abierta. Pese a no cerrar el ansiado acuerdo ni avanzar lo suficiente como para poder atisbar su rúbrica a corto plazo, los representantes de la Consejería de Salud han salido satisfechos del encuentro, de acuerdo con el comunicado que ha remitido la Junta, en el que se ha valorado “el buen clima de diálogo y consenso mostrado por la mayoría de las fuerzas sindicales”. La Administración ha emplazado a las organizaciones de trabajadores a una nueva reunión para el próximo 2 de mayo, una fecha que UGT, CC OO y CSIF quieren adelantar para evitar que la firma del pacto se dilate hasta después de las elecciones municipales. “Lo que vale antes del 28-M quizás no valga después”, advierte un interlocutor presente en la cita. Las tres fuerzas sindicales se plantean retomar las concentraciones de los jueves que han aparcado mientras duran las conversaciones si la Administración autonómica no se aviene a adelantar la fecha del próximo encuentro. Una medida que se sumaría a las convocatorias de huelga del SMA, que estos sindicatos, de momento, no secundan.

El pasado viernes, el SMA, que representa al 95% de la plantilla de médicos de toda Andalucía, incrementó la presión sobre la Junta al anunciar que, además de mantener la huelga de profesionales de atención primaria convocada para el 12 de abril, la repetiría cada miércoles semanalmente hasta el 28 de mayo, fecha de las elecciones municipales, acompañada de movilizaciones en las distintas provincias. La organización reprocha a la Junta su falta de compromiso a la hora de ejecutar el acuerdo de reducción de la agenda de médicos y pediatras a 35 y 25 pacientes diarios respectivamente, al que la Consejería de Salud llegó únicamente con ellos a finales de enero y que provocó que el SMA desconvocara la huelga prevista unos días después. Pasados tres meses, no se ha puesto en práctica, pese a que la Junta asegura que tiene redactadas las instrucciones para que las apliquen los centros de salud.

El PP de Moreno sabe el coste político que supone la percepción ciudadana del deterioro de la sanidad pública, porque el partido utilizó ese desencanto para desgastar al PSOE cuando gobernaba la Junta de Andalucía. El malestar por el desmoronamiento de la atención primaria viene de lejos, pero se ha acrecentado tras la pandemia. Los centros de salud están colapsados, cerrados por las tardes en períodos vacacionales por falta de personal, dotados de plantillas infradimensionadas, con pérdida de profesionales en zonas rurales, malas condiciones laborales que se perpetúan y unas listas de espera de una media de 8,8 días.

A los fracasados planes de choque de la Junta para aligerar las agendas de los médicos -con la creación de una consulta de acogida a finales de 2020 para atender a los pacientes sin cita o las de continuidad, consultorios voluntarios por la tarde- se ha sumado la posibilidad de concertar la atención primaria con las clínicas privadas a 65 euros la cita. La orden de tarificación que contempla ese desvío de pacientes es la gota que ha colmado el vaso y también ha hecho saltar las alarmas entre los populares, que observan un malestar creciente entre sus propios militantes a poco más de un mes para las municipales.

Desde la Junta se esgrimen los datos históricos de inversión en sanidad (13.800 millones de euros del Presupuesto de 2023) o el mayor número de profesionales contratados en el Servicio Andaluz de Salud desde 2019 (30.000), dos medidas que llegan de la mano de los fondos europeos. La percepción de los ciudadanos sobre la atención primaria, sin embargo, parece inmune a esas cifras. La valoración de los andaluces sobre la atención recibida en medicina de familia cayó cuatro puntos entre 2019 y 2022, de acuerdo con el informe sobre el estado de la atención primaria en las comunidades autónomas publicado en enero de 2023 por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública.

El estudio de esta entidad también constata que Andalucía es la comunidad con mayor porcentaje de demora en los ambulatorios: el 91,5% de los pacientes tiene que esperar más de dos días y el 65,5%, más de siete. Esta circunstancia provoca que sea la comunidad con el tiempo de espera más alto para ver a un especialista por primera vez, con 123 días, casi 30 más que la media nacional de 95 días, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Sanidad el pasado martes.

La comunidad lidera asimismo, con 1.486 euros por habitante, el listado de autonomías con menor gasto sanitario público en relación con su población. La Junta se ha comprometido con los sindicatos a subir el porcentaje de inversión que recibe la atención primaria dentro de los presupuestos sanitarios autonómicos, pasando del 15,39% actual -una variación de apenas el 0,09% respecto del año pasado- al 25%, en consonancia con las recomendaciones de la OMS.