El PP resucita la comisión de investigación sobre enchufismo en la Junta a tres meses de las elecciones municipales

El PP está dispuesto a resucitar en el Parlamento de Andalucía la comisión de investigación de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), un ente público de la Junta creado por los anteriores gestores socialistas y que está siendo investigado en los juzgados por enchufismo y uso fraudulento de dinero público. Su antiguo director, Fernando Villén, pagó con una tarjeta de crédito institucional gastos por unos 32.000 euros en 12 fiestas en prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba. El caso sigue abierto.

Esta va a ser la tercera vez que el Parlamento andaluz abra esta comisión. En la décima legislatura, la última con gobierno socialista, se aprobó su creación, pero decayó al convocarse elecciones. En la undécima, ya con el PP en el Ejecutivo, se volvió a constituir, se celebraron decenas de comparecencias y se aprobó un dictamen en comisión, pero las conclusiones no se llevaron al pleno porque el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, adelantó las elecciones al 19 de junio pasado.

Vox volvió a registrar al inicio de esta legislatura la comisión para retomar los trabajos, una petición a la que el grupo popular ha ido dando largas hasta ahora, cuando quedan tres meses y medio para las elecciones municipales, unos comicios clave para la supervivencia del PSOE en Andalucía tras su dura derrota en las autonómicas.

El PP, con mayoría absoluta, la ha solicitado formalmente para “no dejar en saco roto” el trabajo pasado, según su portavoz, Toni Martín. Pero los populares quieren imponer las reglas del juego con las que debe desarrollarse la comisión. No están dispuestos a aceptar comparecencias de personas relacionadas con este caso sin que medie “alguna novedad” que la justifique o que algún grupo, en alusión a Vox, persiga plantear “un circo” para “exacerbar” un debate sobre corrupción que, según Martin, ya no existe en Andalucía.

El PP juega a un doble papel: por un lado, vuelve a poner en primer plano un presunto caso de corrupción que afecta de lleno a los socialistas; y por otro, se arroga el papel de árbitro para que las cosas no se vayan de madre. Según Martín, al PP le corresponde “la responsabilidad de proteger al Parlamento”, que es una original manera de afirmar que será su mayoría absoluta la que decidirá cómo se juega esta partida parlamentaria. Pese a esta declaración, no está escrito que el PP no decida volver a llamar a declarar a la esposa del líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, investigada, junto con otros 83 trabajadores de la extinta Faffe, por un supuesto caso de enchufismo. El PSOE, por su parte, de vez en cuando, aprieta al PP con las investigaciones judiciales sobre la familia de la alcaldesa popular de Marbella, Ángeles Muñoz.

La iniciativa del PP de limitar el trabajo de la comisión de investigación de la Faffe es llamativa porque nunca ha pasado que se retomen unos trabajos que decayeron cuando se convocaron elecciones, como ocurre con cualquier otra iniciativa parlamentaria. El PP dice tener el visto bueno de los letrados de la Cámara para hacerlo, que no han escrito ningún informe aclaratorio al respecto y que han trasladado esta opinión de manera “oral”, según el portavoz popular. Martín confía en que Vox, su antiguo socio parlamentario, se avenga a estas nuevas reglas de funcionamiento, dando por supuesto que ni al PSOE ni a los partidos a su izquierda (Por Andalucía y el grupo mixto-Adelante Andalucía) le interesa este asunto.

El dictamen de la comisión de investigación de la Faffe aprobado el 3 de febrero de 2022 en la anterior legislatura estableció, tras tres años de trabajo, las responsabilidades políticas en los expresidentes socialistas Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. También a tres exconsejeros y al exdirector de Faffe, Fernando Villén. En las conclusiones, la mayoría de los grupos destacó no solo el gasto en clubes de alterne, sino contrataciones supuestamente irregulares de personas vinculadas con el PSOE, o la firma de contratos blindados de alquileres de oficinas durante 15 años por importe de 1,4 millones de euros cuatro meses antes de que la Faffe se liquidara, o expedientes de subvenciones sin visar. La mayoría de esas cuestiones están siendo investigadas por los juzgados sin que hasta el momento haya habido una resolución en firme.

Si ningún grupo se opone de manera expresa, la comisión de investigación puede quedar constituida a finales de la semana próxima. En caso de que haya reparo, la iniciativa se debatirá en el pleno y saldrá aprobada al menos con los votos de PP (58 diputados) y Vox (14). Es decir, pase lo que pase, la Faffe volverá a tener foco