El ‘caso ERE’ suma otro hito de impacto

“Todos los días piensas que es una pesadilla hasta que te das cuenta de que es la pura realidad. Tienes consciencia de ser inocente, no has visto pruebas en tu contra, y el mayor problema es que han sido 12 años de golpes”. El testimonio de uno de los ocho ex altos cargos de la Junta andaluza condenados por malversación y que exige anonimato, refleja el punto de inflexión que supone en el caso ERE la próxima entrada en prisión de parte de la excúpula del Gobierno autonómico, con José Antonio Griñán a la cabeza. Para muchos ciudadanos supondrá una conmoción ver o situar entre rejas al expresidente andaluz (2009-2013), exministro y antiguo máximo dirigente del PSOE nacional, a pesar de que su peregrinaje judicial comenzó hace ya nueve años, en 2013.

Tras 12 años de instrucción, la macrocausa acumula llamativos hitos como el haber superado los 500 imputados entre políticos, empresarios y conseguidores, la sentencia condenatoria de la Audiencia sobre la pieza política en 2019, o la más reciente del Tribunal Supremo este verano que hacía firme el fallo anterior que censuraba el mecanismo de pago de las ayudas. A pesar de que cerrar las 130 piezas separadas de la macrocausa llevará previsiblemente más de una década, el encarcelamiento de los exdirigentes marcará la investigación judicial, al menos en el imaginario colectivo.

La entrada en prisión del expresidente, cuatro exconsejeros, dos exviceconsejeros y un ex director general se retrasará al menos dos semanas o incluso un mes hasta Navidades, dependiendo de la celeridad de los tres magistrados de la Audiencia de Sevilla en tramitar el recurso de súplica, deliberar para resolverlo, y conceder entonces 10 días a los condenados para ingresar en la cárcel. El Supremo ha rechazado este miércoles la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por la defensa de Griñán por el incidente de nulidad planteado ante la sentencia, negativa que se suma a la cuenta atrás fijada el pasado martes por la Audiencia.

La imagen de los expolíticos será muy difundida, pero los cámaras y fotógrafos no lo tendrán fácil. Aunque la prisión de Sevilla 1 será el destino más lógico, pueden elegir Morón de la Frontera o Huelva, todas a menos de una hora de la capital andaluza. La exviceconsejera de Economía Carmen Martínez Aguayo es la única mujer condenada y podría ingresar en la cárcel de Alcalá de Guadaíra, cercana a Sevilla. “Serán ubicados en módulos de respeto, aunque estos ya no son un privilegio y todas las cárceles disponen de ellos. Instituciones Penitenciarias tiene que garantizar su seguridad, como con cualquier interno, por lo que irán a módulos tranquilos, sin reclusos conflictivos o altercados”, avanzan fuentes jurídicas.

El Supremo condenó a Griñán a seis años de prisión por un sistema de ayudas, instaurado en la Junta cuatro años antes de su incorporación, que evitó “todo control administrativo” y dispuso de dinero público “de forma discrecional”, pero los votos particulares de dos magistradas consideran que el expresidente y cuatro ex altos cargos no malversaron, criterio al que estos se agarran para defender su inocencia y que han llevado ante el Constitucional. En paralelo, los exdirigentes socialistas han pedido el indulto al Gobierno, pero los abogados del caso ven esta posibilidad remota por los intereses políticos en juego ante la cercanía de las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo.

“El ingreso en prisión de personas de entre 70 y 75 años por hechos cuyo grueso ocurrió hace 20 años es aberrante y solo produce rechazo, salvo que uno sienta venganza y tenga una ideología radical. El sistema de justicia no ha funcionado”, censura uno de los abogados del caso que pide anonimato. Todos los letrados son conscientes de que las posibilidades de que prosperen los recursos de súplica presentados hasta el próximo lunes son casi nulas. Uno de los ex altos cargos procesados alega sobre la reforma planteada por el Gobierno para el delito de malversación: “No es lo mismo malversar para comprarte un palacete en Palma de Mallorca que los ERE o el procés. No es lo mismo moralmente ni debe merecer el mismo reproche penal y ese enriquecimiento personal es la diferencia con la Gürtel”.

¿Cómo afecta la resolución de la pieza política a la macrocausa, a la espera del epílogo del Tribunal Constitucional? El caso ha avanzado muy poco, dado su volumen descomunal, y solo se han celebrado cinco juicios de las 139 piezas que ahora la componen. El atasco en la Audiencia de Sevilla es notable. La inmensa mayoría de las investigaciones, 76, están en fase de instrucción de diligencias previas, 21 figuran en fase intermedia y 42 han sido ya elevadas a la Audiencia para enjuiciamiento y están a la espera de fecha para la vista oral, según cifras del Tribunal Superior de Justicia andaluz del pasado abril. Cada una de esas 139 piezas corresponden a diferentes ayudas sociolaborales concedidas a empresas entre 2000 y 2009 gracias al fondo de 680 millones dispuesto por la Consejería de Empleo.

A partir de ahora y tras la pieza política, la sensación es que la Fiscalía Anticorrupción ha disminuido su severidad en la petición de penas, como ocurrió el pasado junio en el juicio por la empresa Nerva Croissant, en el que el fiscal rebajó su solicitud de pena de cinco a tres años de cárcel para el empresario beneficiado. En las piezas que restan apenas hay expolíticos de la Junta, solo empresarios. “La sentencia del Supremo puso fin a una etapa y a partir de ahora la Fiscalía está rebajando las penas para los empresarios con la intención de facilitar las conformidades”, ilustran fuentes jurídicas. La mayoría de los empresarios no ingresarán en prisión y pagarán el dinero recibido como responsabilidad civil, abono que la Junta, personada como parte perjudicada, ya ha ofrecido fraccionar en distintos procedimientos.

Mientras, los próximos meses serán los más duros para los expolíticos condenados, dado el proceso de adaptación a la falta de libertad. Está por ver si los indultos solicitados al Gobierno y los recursos de amparo al Constitucional ofrecen frutos que reduzcan o anulen su condena.

“Una cacería política” para el PSOE

El PSOE andaluz transmitió este miércoles el “apoyo” del partido a todos los condenados a prisión que han sido “injustamente tratados”, según la vicesecretaria general del partido, Ángeles Ferriz. “Las sentencias se acatan, pero no compartimos ni los argumentos ni las interpretaciones”, ha dicho antes de resaltar el voto discrepante de las dos magistradas del Supremo.

Férriz ha escenificado un cambio de registro en los socialistas andaluces respecto al caso ERE: “Todo esto ha sido una cacería política por parte del PP que ha estado más interesado en perseguir a personas honestas y honradas que no se han llevado ni un euro, que no han beneficiado a sus amigos, ni a sus familiares ni a su organización política, que en perseguir a personas que cometieron un fraude”.

Durante el largo proceso judicial de 13 años, el PSOE andaluz primó la prudencia al manifestarse sobre las investigaciones y decisiones de los jueces —entre otros motivos para marcar distancias con los anteriores responsables de la Junta—, a la defensa de las políticas puestas en marcha por los gobiernos socialistas en Andalucía. Una vez que la sentencia es firme, el PSOE pasa ahora a defender a unos condenados que “buscaron a ayudar a miles de trabajadores que perdieron su empleo, y todo eso sin lucrarse en ningún momento”, ha subrayado Férriz.

Este cambio de registro lo inició Juan Espadas cuando ganó las primarias a la secretaría general a la expresidenta Susana Díaz y una vez que se conoció el fallo del Supremo.

La número dos de los socialistas ha acusado al PP de estar “obsesionado por enterrar y ocultar lo conseguido en 37 años de historia real de progreso” de Andalucía con gobiernos socialistas, y por “hacer una enmienda a la totalidad del legado” del PSOE en esa etapa, “protagonizado por servidores públicos que se han dejado la piel para hacerlo posible”.

Varias fuentes socialistas creen que la ejecución de la sentencia no tendrá repercusión en las elecciones municipales en Andalucía. Creen que los ciudadanos a la hora de votar en unos comicios locales priman la gestión de los alcaldes a otras cuestiones de carácter general.

Mientras, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), se limitó a expresar su “máximo respeto” a las decisiones judiciales, informa Europa Press. “Hay una sentencia firme con todas las garantías y hay que respetar a la justicia cuando nos gusta o no”.