La Audiencia de Sevilla aboca a Griñán a su ingreso en prisión

La resolución permite un recurso de súplica y, si se rechaza, el expresidente andaluz y otros siete condenados tendrán un plazo de 10 días para ingresar en la cárcel

El expresidente andaluz de 2009 a 2013, José Antonio Griñán (en el centro), llega a la Audiencia de Sevilla, este martes.Foto: ANTONIO PIZARRO | Vídeo: DIARIO DE SEVILLA

La Audiencia de Sevilla ha rechazado suspender la ejecución de la condena del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE fraudulentos, lo que aboca a un próximo ingreso en prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán y otros siete ex altos cargos condenados por malversación. Los tres jueces ordenan ejecutar la condena pese a que los exdirigentes de la Junta andaluza han pedido el indulto al Gobierno, lo que activa la cuenta atrás para su ingreso en la cárcel.

Los magistrados consideran en su auto, fechado este martes, que las razones de Griñán para evitar su ingreso en la cárcel no son suficientes: “Se alega por la representación de José Antonio Griñán circunstancias personales y relativas a su situación, estado físico y edad [76 años] que no son relevantes para la suspensión de la ejecución de la pena, sin perjuicio de la regulación penitenciaria y de las cuestiones que puedan suscitarse con posterioridad ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria”.

El ingreso en prisión del expresidente andaluz no será inmediato porque los jueces dan dos días para presentar un recurso de súplica ante la resolución, y luego, si este es rechazado, los magistrados darán 10 días para que los condenados ingresen en prisión. El Supremo condenó este verano a Griñán a seis años de cárcel por malversación y 15 de inhabilitación por prevaricación, mientras que la condena para su antecesor Manuel Chaves fue de nueve años de inhabilitación por prevaricación.

Casi 12 años después de su inicio, la macrocausa de los ERE, con unas 130 piezas separadas, deviene por primera vez en la entrada en prisión de sus responsables condenados —salvo la prisión preventiva temporal ordenada por la primera instructora Mercedes Alaya en 2012—, que se producirá previsiblemente a finales de este mes o principios de diciembre en las prisiones andaluzas que los exdirigentes elijan.

Alarma social

El argumento principal esbozado por los jueces es la “alarma social” generada por la sentencia del Supremo: “Se trata de penas de prisión de larga duración, [delitos] cometidos por empleados públicos, que entre sus funciones tenían encomendadas la gestión de fondos públicos, lo que hace que la alarma social producida por este tipo de delitos de corrupción política exija el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes”.

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La Audiencia aboca a Griñán —si no lo evita el recurso de súplica— a ingresar en prisión, al igual que su exviceconsejera Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez. Solo han aceptado los jueces suspender durante un año la condena a tres años de cárcel del ex director general de Trabajo Juan Márquez a la espera de que se tramite su indulto.

Mientras, desde el Senado Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial ha afirmado escueta al respecto: “Respeto a los trámites judiciales”, informa José Marcos. La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha observado por su parte que “todas las personas condenadas tienen derecho a pedir su indulto y como establece la ley todo hay que estudiarlo conforme al procedimiento”. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha indicado también que las resoluciones judiciales hay que cumplirlas.

Las razones alegadas por las defensas para demorar la ejecución de la sentencia no han sido atendidas por los magistrados, incluidos el largo tiempo transcurrido desde los hechos, los incidentes de nulidad ante el Supremo y los recursos de amparo pendientes ante el Constitucional. De este modo, se posicionan junto a la Fiscalía Anticorrupción y el PP como acusación popular, que reclamaron el pronto ingreso en prisión de los condenados. “Tampoco existe apoyadura legal para que este tribunal demore la ejecución de la pena, en tanto se resuelva el incidente de nulidad planteado ante el Supremo y aún menos la suspensión cautelar que los condenados pretenden y anuncian solicitar al Tribunal Constitucional”, responden los magistrados en su auto. Además, esgrimen sobre la comparación de la pieza política de los ERE con otras condenas: “La obligación de este tribunal de congruencia, objetividad e imparcialidad con el resto de las resoluciones dictadas al resolver sobre la petición de suspensión por indulto, denegadas en la inmensa mayoría de los casos, con penas muy inferiores a las que son objeto de la presente ejecutoria”.

“La pena lleva 12 años cumpliéndose”

Si se suspendiera el ingreso en prisión de los condenados, la Audiencia considera que esto “supondría un quebranto de los preceptos que regulan la suspensión de la ejecución de las penas y el cumplimiento efectivo de las mismas previstos” en el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina del Tribunal Constitucional. La reacción a la resolución de uno de los exdirigentes de la Junta, que pide anonimato, denota entereza: “O estás entero o estás muerto. No cabe la debilidad anímica, que te destroza con tanto tiempo. La pena lleva 12 años cumpliéndose, han sido demasiados pellizcos. Han inventado un derecho nuevo para nosotros y debe ser muy malo lo que hicimos para tanta inquina”. El abogado de Griñán, José María Calero, ha rechazado opinar tras la resolución de este martes.

Respecto a la excepción contemplada por los jueces para Márquez, sucesor del fallecido ex director de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, los jueces alegan que su condena a tres años de prisión es “inferior en 3 y 4 años a la del resto”, además de que carece de antecedentes penales, lo que permite la espera de un año para decidir si ingresa en la cárcel tras recibir —o no— el indulto del Gobierno. Para el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, aquejado de una enfermedad, los jueces han ignorado sus argumentos y alegan que deberá ser valorado más adelante —y no por ellos— si dicha dolencia puede ser tratada desde la cárcel.

La resolución ha trascendido horas después de que Chaves y Griñán hayan recogido en la Audiencia la notificación de su condena a inhabilitación en la pieza política del caso ERE. A pesar de estar citados por los tres jueces de la Sección Primera de la Audiencia mañana miércoles, nueve de los 15 condenados por prevaricación que resultan inhabilitados para ejercer cargo público ya han recogido sus notificaciones entre ayer y hoy, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA).

En su breve visita a la Audiencia para recoger la notificación, Griñán ha echado balones fuera sobre la ejecución de la sentencia, que en ese momento no se conocía. “Yo no he planteado ninguna suspensión en la Audiencia, yo no soy mi abogado. Mi abogado es el que contesta a todas las cuestiones jurídicas, yo de eso no tengo ni idea”, ha respondido a Diario de Sevilla, que ha avanzado la noticia. ¿Cómo se encuentra? “Bajo la lluvia”, ha ironizado el expresidente andaluz.

Media hora después de Griñán ha acudido a la Audiencia para recoger su notificación su antecesor en la presidencia, Manuel Chaves, que también ha evitado hacer valoraciones sobre la inhabilitación. Ambos expresidentes están alejados de la política desde que en 2015 dejaran sus escaños: Griñán como senador y Chaves, como diputado en el Congreso.


Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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