Andalucía renuncia a la ayuda para la infancia que prometió Moreno justo cuando la pobreza infantil crece hasta el 43,7%

La ley que iba a regular el Ingreso para la Infancia y la Inclusión en Andalucía era el proyecto estrella de la anterior consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, que entonces militaba en Cs. Se trataba de una prestación para sustituir la fallida Renta Mínima de Inserción Social (RMISA) en esa comunidad y que se había diseñado para ser una ayuda complementaria o alternativa al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y dar cobertura a personas y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, poniendo el foco especialmente en la infancia. La norma estaba lista en febrero y debía haberse aprobado en junio, pero el adelanto electoral obligó a guardarla en un cajón. En su discurso de investidura, el presidente, Juan Manuel Moreno, se refirió expresamente a ese proyecto de ley: “En el próximo periodo de sesiones también traeremos al Parlamento el proyecto de ley que regulará el Ingreso para la Infancia y la Inclusión”. Sin embargo, en los primeros Presupuestos de mayoría absoluta del PP, no solo no se contempla una partida para ese ingreso, sino que las partidas destinadas a la RMISA se han recortado en un 36%, justo cuando la población menor de edad en riesgo de exclusión social se ha vuelto a incrementar en más de cinco puntos por la pandemia.

Los nuevos responsables de la consejería, rebautizada como Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, confirman que se ha dado carpetazo al que fue proyecto estrella de la anterior consejera y que contaba, además, con el apoyo de las principales asociaciones que trabajan en beneficio de la infancia que entendían que, al ser complementario con el IMV conseguiría paliar los casos de pobreza extrema de los menores de la comunidad. Un portavoz del departamento que ahora dirige Loles López reconoce que la ayuda se está rediseñando para ajustarla a aquellos ámbitos a los que no llegan los fondos del Gobierno central. “Como se amplió la cobertura del IMV a los menores de edad, un ingreso para la infancia ya no tiene sentido, por lo que se está trabajando para atender a los colectivos más vulnerables que no cubre ese ingreso mínimo”, explica el interlocutor.

Aunque la consejera de Inclusión de la Junta acordó con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el pasado septiembre “trabajar para cerrar un acuerdo que haga complementario el ingreso mínimo y la renta mínima andaluza”, no parece haberse avanzado en ese sentido. ”El acuerdo con el ministerio aún no se ha producido, pero desde la Junta estamos modificando la normativa para evitar que exista esa colisión entre ambas rentas”, indica el portavoz de Inclusión. Esa imposibilidad legal de compaginar dos ayudas destinadas al mismo fin que alega el interlocutor es también a lo que apela el Gobierno andaluz para haber reducido la partida presupuestaria destinada a esa ayuda. “Como el IMV cubre buena parte de ese espectro, no tiene sentido destinar tanta cantidad”, indica el portavoz. Los fondos para esta ayuda han ido reduciéndose considerablemente de los 134.710.905 euros en 2020 a los 73.500.000 previstos en las cuentas para 2023.

“El Ingreso Mínimo Vital no anula la Renta Mínima de Inserción, esto es un mantra que ha lanzado la consejería”, advierte Javier Cuenca, portavoz de Save the Children en Andalucía. “La coexistencia de estas dos prestaciones no puede ser una condición insalvable para limitar el acceso a la renta mínima”. Cuando se estaba trabajando en la redacción de la ley ya se había producido la remodelación de la prestación del IMV para incluir a los menores. Su organización, como la mayoría en esta comunidad, siempre ha cuestionado la efectividad y el alcance de la RMISA, pero sí consideraban que su transformación como un ingreso para la infancia y la inclusión compatible y complementario al IMV, tal y como aparece redactado en el anteproyecto, iba a ser una herramienta útil para aliviar la situación de muchas familias cuya situación ha quedado mucho más hundida tras la pandemia. Cuando se estaba trabajando en la redacción de la ley ya se había producido la remodelación de la prestación del IMV para incluir a los menores.

“Da igual la denominación, RMISA o ingreso por la infancia y la inclusión”, advierte Maribel Martínez Belmonte, coordinadora de UNICEF en Andalucía, “lo importante es que estas medidas se mantengan y se doten de más fondos para afrontar la grave crisis que estamos sufriendo a nivel mundial y que está colocando a Andalucía de nuevo a la cola en los índices de pobreza infantil”. La última Encuesta de Condiciones de Vida de 2021 del INE, la primera en hacerse eco de los efectos de la crisis de la covid, confirma el significativo aumento de la vulnerabilidad y la pobreza de las familias y la infancia. El 43,7% de los menores de 18 está en riesgo de pobreza o exclusión social y el 11%, en situación de privación material severa, de acuerdo con ese estudio.

Los datos son similares a los que aporta el análisis de la encuesta, realizado por Save the Children, adaptando el umbral de renta autonómico de 2021, y que concluye que un 27,9% de los menores de 18 años en Andalucía —439.000― está en situación de pobreza relativa o moderada, 7,5 puntos más que la pobreza de la población en general y cinco más que el año anterior. En el caso de los menores que viven en situación de pobreza severa, el porcentaje es del 15,3%, 240.000 niños, 5,2 puntos superior a 2020. El coste de criar a un hijo en Andalucía en 2022 es de 641 euros, un gasto inalcanzable para los 166.467 hogares andaluces más empobrecidos.

Carencias severas

En esa situación se encuentran Myriam Ortega y sus dos hijas de 14 y cuatro años. Hasta hace un mes trabajaba en una empresa de limpieza con un contrato indefinido. Por las tres horas y cuarto diarias de su jornada laboral percibía 360 euros, a los que sumaba otros 400 del IMV. Ahora está en el paro. “Me subieron la cantidad porque estaba percibiendo de menos, pero este mes me va a empezar a bajar porque estoy cobrándolo en función de mi renta de 2021″, explica. Con eso le da para abonar los 450 euros que paga por el alquiler, pero no le llega para más gastos. “Llevo cinco meses de retraso con el agua y la luz. Voy a informarme a ver si puedo beneficiarme del bono eléctrico”, reconoce.

El estudio de Save the Children revela que 180.000 menores viven en hogares con carencias materiales severas, como no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no tener la posibilidad de comer cada dos días carne o pescado. La inflación también azota con más virulencia a esas familias. Ortega y sus hijas son un ejemplo de esas estadísticas. “La mayor parte del tiempo estoy en casa de mi madre para no gastar luz y ellas comen allí, si tuviera que hacer la compra sería imposible. Compro para la merienda de las niñas a veces y para la cena”, sostiene. Save the Children le proporciona una tarjeta para poder comprar ropa para sus hijas y le ayudó para las gafas que necesita la mayor.

“Allí donde no llegan ni el IMV ni las prestaciones o subsidios de desempleo, las rentas mínimas autonómicas tienen que intervenir para evitar que un gran número de familias se queden sin ninguna fuente formal de ingresos”, subraya Martínez. Según los datos del Ministerio de Inclusión Social actualizados a 30 de octubre, en Andalucía 157.425 hogares se benefician del IMV, de los que 109.773 tienen menores a su cargo. De los 455.421 beneficiarios, 191.747 son menores de 18 años. De acuerdo con los cálculos facilitados por Save the Children, el IMV estaría llegando a un 66% de los hogares con menores de edad en situación de pobreza severa y a un 79% de la población infantil en la misma situación. La RMISA alcanza solo a 72.000 andaluces. “Estamos hablando de unos 49.000 niños y adolescentes de 25.000 hogares que se encuentran fuera de la cobertura del IMV”, alerta Cuenca.

Con estos datos, Save the Children ha pedido a los grupos políticos que incluyan entre las enmiendas parciales a los Presupuestos una adicional que reclame la reforma de la RMISA por una ayuda complementaria al IMV, como ya se recogía en el proyecto de ley redactado durante la anterior legislatura, y que entre en vigor en el plazo de cuatro meses desde que se aprueben las cuentas autonómicas. También se solicita aumentar la financiación a la RMISA hasta los 210 millones de euros. Adelante Andalucía, Por Andalucía y el PSOE han confirmado a este diario que recogerán esta petición, si no en la literalidad del documento presentado por la ONG, sí en su esencia.

El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, señaló el pasado martes que “las enmiendas que sean positivas y que sirvan para corregir problemas se aceptarán y se incluirán”, pero desde la Consejería de Inclusión se confirma que se está trabajando en el rediseño del proyecto de ley que, en principio y para no colisionar con el alcance del IMV, se centrará en los jóvenes menores de 23 años.