Aragón volverá al papel tras limitar su Gobierno el uso digital en el aula

Todo vuelve, y más lo que nunca ha acabado de irse. Aragón, comunidad que fue pionera en implantar las pizarras digitales en el aula cuando casi ni se conocían, acaba de limitar su uso con una orden que devolverá este región al papel y al libro en el próximo curso 2027-2028. En ese horizonte, los alumnos aragoneses verán reducido el uso de dispositivos digitales a apenas unas horas a la semana. Así aparece recogido en la orden que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y que cambiará el escenario educativo en poco más de un año.

El Gobierno de Jorge Azcón está en funciones y pendiente de un acuerdo con Vox para arrancar la nueva legislatura, pero su departamento de Educación ha tomado ya esta iniciativa para “equilibrar el uso de lo digital volviendo a los métodos educativos de toda la vida”. Así lo ha explicado este lunes la consejera en funciones, Tomasa Hernández, al detallar que la nueva orden contempla “que los niños aragoneses tengan ahora encima de la mesa un libro que compatiblizarán —en las horas permitidas— con sus dispositivos digitales”. Según ha justificado, “no se trata de demonizar”, pero sí reconocer que “la superexposición a las pantallas tiene un efecto claro en el desarrollo cognitivo, social y en la salud de los menores” y que “hay que conseguir un equilibrio y un uso razonable”.

De este modo, la administración aragonesa ha dispuesto que los alumnos de infantil tengan un máximo de una hora semanal de uso digital, dos horas en los dos primeros cursos de primaria y un máximo de cuatro a la semana en los cursos de cuarto a sexto. En el caso de la ESO, serán cinco las horas permitidas y en los cursos de tercero y cuarto de secundaria se llegará a las 10 semanales o dos horas diarias. Pero siempre, en cualquier caso, el recurso digital se considerará complementario a los materiales analógicos y no sustituto, y se recomendará que los deberes se hagan en papel. A quien no afecta esta limitación es a los docentes y su uso de pizarras digitales.

El Gobierno de Aragón ya fue noticia al prohibir el uso del móvil en los centros educativos en la primera y breve legislatura de Jorge Azcón. Algo que fue, en general, bien recibido por las familias y la comunidad educativa. Pero ahora se da un paso más. Su Ejecutivo no ha querido esperar, pese a estar en funciones, para que los centros puedan ir acogiéndose a la nueva norma adaptando sus proyectos pedagógicos y no teniendo que tirar a la basura las licencias digitales vigentes. Pero a todos les espera una revolución. La misma que algunos protagonizaron en el año 2000 cuando el entonces presidente, el socialista Marcelino Iglesias, hizo justo lo contrario, ser pionero en la implantación de las pizarras digitales en el aula.

Al Ejecutivo actual le avala también una comisión de estudio sobre los riesgos digitales que se puso en marcha en las Cortes de Aragón y por la que han pasado varios expertos alertando de las consecuencias de esta sobre exposición digital de los menores. Sus testimonios fueron demoledores. Es el caso de Carmen Elboj, catedrática de Psicología y Sociología en la Universidad de Zaragoza, que llegó a afirmar en este órgano que “muchos niños y niñas no son nativos digitales sino huérfanos digitales” precisamente por esta sobreexposicion que provoca, según atestiguó, perjuicios en el desarrollo que ejemplificó de forma concreta: “el hito de las 50 palabras a los dos años ya no se cumple, hay pobre lenguaje y menos capacidad de atención y comprensión en niños de esta edad”.

Según los profesionales, la exposición de los menores a las pantallas comienza ya entre los 12 y los 24 meses cuando nuestro cerebro madura entre los 15 y 20 años. Otra experta, Belén Caballero, describió como uno de cada tres estudiantes de ESO hacen un uso problemático de la tecnología y cómo seis de cada 10 duermen con el móvil recortando sus horas de descanso y esto “provoca que se agudice el sentimiento de soledad y de depresión”. Aun así, estos expertos no avalaban la prohibición sino la limitación. En cualquier caso no pudieron acabar de plasmar sus conclusiones en un documento por culpa de la convocatoria electoral en Aragón que disolvía las Cortes y que interrumpió antes de su final este órgano de trabajo.

Pero a la medida ya le han salido detractores. Este lunes, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogia ha denunciado que “no puede pasarse de la gran remojada a la gran sequía”. Su presidente, Juan Antonio Planas, pedía”regular más que limitar" y “respetar la autonomía de los centros escolares porque la mayoria —dice— lo están haciendo bien”. Esta asociación reconoce que “cada vez hay más problemas de lectoescritura por el abuso de las tecnologías”, pero piden “educar sobre este uso en los centros educativos, ya que los menores van a convivir después con esta tecnología”.

De opinión parecida es la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la educación pública en Aragón (FAPAR). Este colectivo ha enviado un comunicado en el que recoge que “esta medida —que califican de precipitada— no resolverá el problema de los menores con las pantallas”. Según argumentan, los centros educativos son entornos seguros y el problema les trasciende. La FAPAR aboga por una reflexión más profunda y acorde con los pasos que se están dando en este sentido a nivel estatal englobando más allá del ámbito educativo. Denuncia también el coste que puede suponer para las familias que ya han invertido en licencias digitales.

Aún así, el Gobierno autonómico asegura sentirse respaldado por haber abierto, según ha dicho hoy la consejera, un proceso participativo, que sin embargo las asociaciones de padres y madres de la pública niegan. Lo cierto es que el Ejecutivo había anunciado ya sus intenciones y ahora directamente advierte, “la inspección educativa velará por la correcta aplicación de esta norma”. También piden a las familias que fuera de las aulas empujen en la misma dirección para conseguir una relación más sana y segura con la tecnología.