La llegada de migrantes experimenta su mayor caída desde 2019 pese al repunte de las entradas por Baleares

Las llegadas de migrantes a las fronteras españolas por vía marítima y terrestre han disminuido este año un 40%, la mayor reducción desde 2019, cuando se contó una baja del 49%. Con los datos del corte del 15 de diciembre, solo Baleares rompe esa tendencia. Las cambiantes rutas que eligen cada año miles de personas buscando una vida sin hambre, violencia o discriminaciones han concedido cierto alivio a la Administración canaria, pero Baleares ha experimentado un aumento del 27% en las entradas marítimas, con un total de 7.295 personas. En esas costas recalaron este verano decenas de pateras que pusieron en aprietos los escasos alojamientos de que dispone esta comunidad para atender emergencias así, y los parques fueron algunos días el improvisado dormitorio de hombres y mujeres agotados. Cuando 2025 tocaba a su fin con sones de piadosos villancicos, era Badalona quien ponía la nota amarga para cientos de extranjeros. El desalojo de quienes malvivían en un instituto abandonado de una capital gobernada por uno de los políticos del PP más famosos por su mano dura contra la migración, Xavier García Albiol, dejó escenas poco navideñas. Incluso a las puertas de una iglesia donde pretendían pasar la noche se congregaron vecinos exaltados entre consignas racistas que impidieron su asilo. La lluvia no fue el peor enemigo.

El descenso en las llegadas no responde a una reducción del sufrimiento, como recuerdan en Acnur, porque miles de personas (este año han arribado a España 35.935 por vía marítima o terrestre) seguirán buscando protección en países europeos, arriesgando sus vidas en trayectos de enorme peligrosidad. La organización de Naciones Unidas para los refugiados viene expresando una “preocupación especial por los niños y niñas no acompañados, particularmente en Canarias, debido a su vulnerabilidad extrema”. De ellos, “alrededor de 1.500 llegados desde agosto de 2023 a Canarias han solicitado asilo en España, cerca del 70% de nacionalidad maliense, un 9% son niñas y un 22% tiene menos de 16 años”. Acnur, que colabora estrechamente con las autoridades para la mejor atención de estos muchachos, conoce de primera mano los contextos de guerra, persecución, crisis climáticas y colapso de los sistemas de protección de los que huyen, también por su opción sexual. O de matrimonios forzados y agresiones sexuales, traumas que se repiten en el trayecto. “Hasta la fecha, las autoridades españolas han concedido protección internacional en el 65% de los aproximadamente 700 casos resueltos, porcentaje que se eleva al 80% en el caso de las niñas, debido a las formas específicas de persecución por razón de género”, asegura la organización internacional.

La ministra de Migraciones y ahora portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quiso poner su acento navideño en una reciente visita a las instalaciones de Amazon en Illescas (Toledo), una mole informatizada de donde parten miles de paquetes a todas partes. Allí están contratados nueve jóvenes malienses que un día llegaron a las costas españolas. Reciben 1.500 euros de salario y todos expresaron palabras de agradecimiento hacia la empresa y la organización Accem por la acogida y ayuda prestadas. Saiz sostuvo una conversación con ellos donde le contaron las penurias vividas y los sueños por cumplir. Han ido cambiando sus domicilios habituales por otros en Parla (Madrid) desde donde toman autobuses públicos con unos horarios adaptados para ello. Se trata de un proyecto piloto con visos de seguir prosperando, como parte de la colaboración que determinadas empresas emprenden para el empleo de migrantes. Trabajo es la palabra que más repiten quienes llegan a Europa, su prioridad absoluta y una de las tareas más acuciantes para las organizaciones humanitarias.

La situación política europea, con una ultraderecha rampante que marca el paso en no pocas ocasiones, no abona la vía humanitaria. Desde los escaños de la izquierda se observa con desasosiego cómo el pacto europeo aprobado en 2024, que entrará en vigor en junio del año que viene, se está traduciendo en normas “restrictivas” para la migración, en palabras de la eurodiputada de Sumar Estrella Galán. “El reglamento de retorno, que yo llamo de deportación, establece la posibilidad de abrir centros en terceros países para expulsar a los migrantes que no lograron el asilo, hasta que puedan retornar a sus naciones de origen, si es que pueden, claro”, explica. “Eso y las listas de países seguros, que implicará la denegación automática de asilo para los que procedan de ahí. Es toda una maquinaria de deportación forzosa”, critica la eurodiputada. Un tratamiento de la migración “ilegal y desordenado”, añade. Galán opina que la socialdemocracia europea debe ser más valiente y corajuda para cortar con “el discurso del miedo y el odio” que la ultraderecha está extendiendo, pero lamenta que lo midan en pérdida de votos.

En la migración, como en el campo, no sirven las puertas. Si taponas una entrada, buscarán otra para poner remedio a sus males. Esa es la razón de que Baleares sea ahora un destino que crece mientras Canarias baja sus cifras. Las políticas de la UE y de España, firmando acuerdos con los países desde los que salen, como Mauritania, han desviado los trayectos. Con esos países se establecen tratados de cooperación para contener, a cambio, las salidas de embarcaciones, como ocurrió en su día con Túnez, explican fuentes policiales. El presidente Pedro Sánchez firmó a mediados de 2025 cuatro acuerdos en materia de transporte, Seguridad Social, ciberseguridad y parques nacionales, por ejemplo. Y recientemente se ha abierto alguno de esos centros donde se incorpora a los migrantes, que algunas organizaciones humanitarias califican de confinamientos. Con Gambia y Senegal también se ha negociado en el mismo sentido. Si esos países no colaboran de algún modo, la situación en las fronteras españolas se puede poner muy tensa, como ha ocurrido en algunas ocasiones. La migración suele usarse como piedra arrojadiza.

Ahora los migrantes están usando, en alguna medida, la ruta de Argelia, “porque Senegal está interceptando más del 70% de las pateras”, explican esas mismas fuentes. Los controles también están desplazando el éxodo subsahariano hacia Gambia y Guinea-Conakry, “una novedad que se ha detectado este año”, afirman. “Los cayucos encuentran en Argelia, no por Orán, sino por la capital, Argel, un camino más amigable, y eso explica parte de las llegadas a Baleares”, añaden. La política más represiva contra la migración que emplea Italia y también los acuerdos de este país con algunos de África, favorece también que el agua salga de la cesta por esta ruta argelina camino de las Pitiusas. “En Argelia, además, encuentran todavía trabajo antes de saltar a Europa y la migración empieza ya a preocupar en ese país”, dicen esas mismas fuentes de Interior. En 2026 la atención puede desplazarse hacia esa zona. “Los malienses y los somalíes, cuya presencia ya se empieza a notar en España, se abren paso por la ruta argelina”, añaden.

España es una de las puertas de la migración a Europa y las cifras de este año no sirven de relajo. Seguirán dándose situaciones de emergencia humanitaria, advierten las organizaciones especializadas. “Que una temporada lleguen menos no significa nada, ahora mismo están subiendo las entradas, las rutas cambiarán, pero acabarán llegando, porque Europa es su lugar soñado”, dice Enrique Barbero, director general de Accem, una de las grandes organizaciones de atención a personas vulnerables. “Solo hay una forma de solucionar esto”, afirma, “y es cambiar las condiciones de los países de origen hacia sistemas democráticos y mejoras para la vida de las personas. Los que vienen buscan un futuro para sus hijos, no tanto para ellos, por más jóvenes que sean”, dice Barbero. Las soluciones que se esbozan en Europa para asilar en terceros países le parece una “interpretación malvada del sistema de protección de Naciones Unidas”, añade.

Mientras las Administraciones gubernamentales que se ocupan de la atención humanitaria han tenido este año que hacer esfuerzos para dar asilo en la Península a centenares de niños que lo solicitaron en Canarias, Interior sigue midiendo su éxito en la interceptación de cayucos y su freno en otros países. La Policía Nacional exhibe la entrega a la justicia de detenidos en el 71% de todas las operaciones por trata de seres humanos en 2024, pendientes aún los datos de 2025. Esto y el freno en terceros países consideran que evita decenas de muertes en el océano.

El monitoreo de la organización Ca-minando fronteras sobre la franja occidental euroafricana registra la muerte en el océano de 3.090 personas hasta el 15 de diciembre, siendo la ruta hacia Canarias la más mortífera. “El trayecto desde Argelia hacia las Islas Baleares se reafirma como uno de los más peligrosos debido a la longitud y dificultad del recorrido”. Y los cruces a nado hacia Ceuta también se han incrementado, según esta organización.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) rebaja notablemente esas cifras. Hasta el 9 de diciembre ha registrado al menos 686 muertes o desapariciones en la ruta hacia las islas Canarias y la del Mediterráneo Occidental, lo que representa una disminución del 59% respecto a las registradas en el mismo período del año pasado (1.668), dicen en su informe.

Una vez en España, el asilo ha sido una de las polémicas más reseñadas en 2025. Las discrepancias entre las autoridades de Canarias y el Gobierno acabaron en los tribunales y el Supremo dictó el asilo de centenares de menores en alojamientos a cargo del Ejecutivo central, que solo lo concluyó después de un ultimátum del tribunal a finales de noviembre. Alrededor de 600 muchachos han sido realojados en la Península o en otros centros de Canarias, con el consiguiente desarraigo de algunos de ellos que ha enfadado a las familias que los amadrinan. El mismo tribunal ha dado la razón a la Administración madrileña y de nuevo será el Gobierno central quien se haga cargo de estos niños que han pedido protección internacional. La sobrecarga de Canarias ha obligado también a la distribución de migrantes en la península, pero ese proceso solidario está lejos de serlo. Las comunidades no están por la labor y los traslados no están resultando. Los tribunales volverán a pronunciarse, como lo han hecho recientemente en Madrid.

En junio de 2026 entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), cuyos reglamentos se vienen preparando en estos días. España está elaborando algunas leyes en este sentido, pero el precario equilibrio político en el Congreso, roto por parte de Junts, hará difícil aprobar nada. Está pendiente también la consolidación de la atención humanitaria en Baleares, para hacer frente a las nuevas emergencias. Y engrasar el sistema de asilo para menores, una vez que el Gobierno tiene que afrontar esa situación por dictado judicial. 2026 planteará nuevos retos para la atención a la migración porque en esta materia hay una sola certeza, miles de personas seguirán llamando a las puertas del mundo acomodado.