El juez Pedraz asume la investigación sobre el expresidente de la SEPI y Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se hará cargo de la investigación contra la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, según confirman fuentes jurídicas. Esto ocurre después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 6, Antonio Piña, haya enviado la causa a reparto pues él solo había cogido las riendas más urgentes del asunto para llevar a cabo las detenciones y los registros realizados la pasada semana.

El magistrado Piña tomó declaración a Díez, a Fernández y a Antxon Alonso este sábado y los dejó en libertad con la aplicación de medidas cautelares (retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias cada 15 días), después de que la Fiscalía Anticorrupción no pidiera prisión provisional para ninguno de ellos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indaga en uncinco operativas que suman 132,9 millones de euros que, presuntamente, fueron amañadas por los investigados, que lograron cobrar una serie de comisiones y contraprestaciones de 750.614 euros por labores de intermediación.

De acuerdo con el escrito del juez al que ha tenido acceso EL PAÍS, el papel del que fuera director de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019 fue esencial por su “capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”. Los investigadores creen que “podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros” aprovechando su condición, una vez fue nombrado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La trama se enmarca entre 2021 y 2023.

Los investigados se hacían llamar Hirurok (que significaría “nosotros tres”, en euskera) en un grupo en el que hablaban de las operaciones. “En la perfección de este sistema, los integrantes del grupo habrían actuado de forma coordinada con el propósito finalista de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones”, reza un escrito de la causa.

Bajo el foco está el rescate entregado por la SEPI a la empresa Tubos Runidos S.A. por valor de 112,8 millones de euros, por el que la trama se habría quedado con 114.950 euros en concepto de comisión “aparentemente mendaz”. Cobraban a través de la mercantil Mediaciones Martínez. También mantienen en la investigación la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa (empresa pública del sector de la alimentación) por importe de 18.119 euros que se entregó a Servinabar (la mercantil de Anxon Alonso) para que emitiera un “informe técnico” que la UCO cree ficticio. El tercer contrato bajo sospecha pertenece al Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) en favor de una unión temporal de empresas (UTE) formada por Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medioambiente por un importe de 2,8 millones de euros por el que los implicados habrían cobrado una comisión de 400.000 euros. El cuarto afecta a la empresa pública Enusa que contrató a un despacho de abogados de Sevilla tras la intermediación del grupo ‘Hirurok’. Mediaciones Martínez se hizo por ello con 17.545. Y la última operación bajo la lupa es la concesión de una “ayuda” otorgada por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) a la sociedad Arapellet (perteneciente a Forestalia) por valor de 17,32 millones de euros. La UCO sostiene que el grupo “habría efectuado algún tipo de actividad ante cargos públicos” de esa entidad y, a cambio, recibieron 200.000 euros.