Detenido el empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán, en la operación por la supuesta trama de Leire Díez y el expresidente de la SEPI

El empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola, dueño de Servinabar 2000, la empresa presuntamente participada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, está entre los detenidos este pasado miércoles en la operación en la que también fueron arrestadas por su supuesta implicación en una trama de corrupción la exmilitante socialista Leire Díez y el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a las pesquisas. Servinabar es una pieza clave en la causa seguida en el Tribunal Supremo contra Cerdán y el exministro socialista José Luis Ábalos también por corrupción al beneficiarse de numerosos contratos públicos junto a la constructora Acciona en la etapa de este último como titular de la cartera de Transportes.

En la investigación ahora conocida, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ―y que ahora está judicializada en la Audiencia Nacional―, apunta a otra supuesta red corrupta que en algunos momentos se solapa con la que investiga el Supremo, pero que es diferente. Según detallan las fuentes consultadas, la ahora desmantelada comenzó presuntamente a operar al poco de llegar el PSOE al Gobierno, a mediados de 2018. Entonces, Fernández se puso al frente de la SEPI y la exconcejala del PSOE pasó a ocupar un puesto en la empresa pública ENUSA Industrias Avanzadas SA, dependiente precisamente de este organismo. Además de los tres detenidos, hay varias personas investigadas. Entre ellos, José Vicente Berlanga, quien fuera precisamente presidente de ENUSA entre 2018 y 2021 y considerado cercano al exministro Ábalos.

Se han realizado además 19 registros o requerimientos de información en empresas y domicilios de varias provincias, entre ellas Madrid, Sevilla y Zaragoza. Entre las sedes a las que han acudido los agentes están, precisamente, las de ENUSA y la SEPI, así como a las de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides, entidad pública adscrita a la SEPI) y la también sociedad pública Mercasa. Los agentes también han ido a las sedes en Madrid y Zaragoza de Forestalia, una sociedad dedicada a las energías renovables y con vínculos con Servinabar. En Madrid, la UCO registra un piso en la calle Diego de León en el que Díez mantenía reuniones con empresarios; y en Sevilla, un despacho de abogados.

Los tres están encausados por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. La causa, que dirige ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, sigue secreta y está previsto que a lo largo de este jueves se sigan realizando diligencias. Está previsto que los tres detenidos pasen a disposición judicial el próximo sábado. Este jueves, Hazte Oír ha solicitado personarse como acusación popular en la causa, informa J. J. Gálvez.

Según detallan fuentes cercanas a las pesquisas, parte de la investigación se centra en una empresa vasconavarra, Cistec Technology, de la que la exmilitante socialista fue consejera entre 2021 y 2022 (aunque figuró formalmente hasta 2023), justo después de dejar su puesto en ENUSA. Coincidiendo parcialmente en el tiempo con este puesto en la mercantil, la exmilitante socialista ocupó también un cargo público, el de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos (2022 y 2024). Cistec pasó a estar participada en 2021 en un 25.5% por Sepides, adscrita a la SEPI. La compañía, que actualmente es propiedad 100% de una sociedad privada, ha negado siempre cualquier irregularidad y detallado que mientras ocupó el puesto de consejera, Díez no recibió ninguna retribución.

Otra línea de investigación se dirige a Sevilla y, en concreto, a un local de hostelería situado en un polígono de la isla de La Cartuja, el Bar Restaurante La Bola. Este establecimiento pertenece a La Bola Innovación SL, una sociedad creada a finales de 2014 por la pareja del expresidente de la SEPI. Según refleja el registro mercantil, esta mujer figuró como administradora de la misma hasta junio de 2023, cuando Fernández Guerrera asumió esta responsabilidad. El negocio registró pequeños beneficios e, incluso, importantes pérdidas hasta 2020, año a partir del cual mejoró de manera importante su cuenta de resultados. De hecho, el año del desembarco del presidente de la SEPI, el bar tuvo una facturación récord de 386.997 euros, casi un 30% superior al periodo anterior. La UCO investiga si el local pudo ser utilizado para blanquear el dinero presuntamente obtenido de manera irregular por la trama.

La Guardia Civil también ha puesto el foco en el patrimonio de Fernández, sobre todo el acumulado a partir de su llegada a la SEPI. Según apuntan las pesquisas, este tiene registrados a su nombre un piso de más de 300 metros cuadrados en una urbanización de lujo de Puerta de Hierro, de Madrid; dos chalets en una exclusiva urbanización en El Aljarafe (Sevilla); tres inmuebles en Marbella en primera y segunda línea de playa; garajes y trasteros. Las estimaciones de los investigadores sitúan el valor de todo ello por encima de los cuatro millones de euros.

A los investigadores tampoco se les ha pasado por alto que Fernández trabajó entre 2021 y 2023 como asesor externo de Servinabar. En esta causa consta documentación que detalla que esta mercantil pagó a Fernández un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra remitió información de que la constructora le retuvo en impuestos 40.800 euros en 2022, aunque la documentación no concreta lo que percibió en aquel ejercicio.

Montero sobre el expresidente de la SEPI: “No tengo ningún contacto”

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha rechazado tener relación en la actualidad con Vicente Fernández, presidente de la SEPI nombrado en 2018 y que ejerció el puesto durante año y medio, tras su detención por su papel en una presunta trama corrupta con la exmilitante socialista Leire Díez. “Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió; él estuvo escasamente un año y pico en SEPI, hace más de seis años que no está y no tengo ni idea de lo que estaba haciendo”, ha afirmado la también ministra de Hacienda a su llegada al Congreso para defender la senda de estabilidad. “No he tenido ningún contacto, ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada ni tenemos tampoco un entorno que compartamos”, ha añadido Montero sobre Fernández, que fue asesor de Servinabar, la empresa de la que Santos Cerdán supuestamente tiene un 45% de las participaciones. La número dos del Gobierno y del PSOE ha transmitido que “todos los requerimientos de información que se soliciten a los diferentes organismos [del Gobierno] serán atendidos de inmediato”. “Nosotros somos siempre los primeros sorprendidos y los que más nos duelen comportamientos de personas que hayan estado cercanas o en nuestro entorno, que hayan estado absolutamente al margen de cualquier legalidad o de cualquier código ético”, ha abundado tras expresar su “dolor y tristeza”, informa José Marcos.