El PP pide 30 años de cárcel para Ábalos por la trama de las mascarillas

Las acusaciones populares, dirigidas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García, por la trama de las mascarilas. Para el tercer implicado en la trama, el comisionista Víctor de Aldama, quien supuestamente ha colaborado con la justicia, reclaman siete años de cárcel tras aplicarle la atenuante de confesión. Las siete acusaciones populares (PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Adade y Iustitia Europa) atribuyen a Ábalos y García seis delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación. Reclaman también que el exministro y su antiguo asesor ingresen ya en prisión preventiva.

El escrito presentado por las acusaciones responde a la decisión que adoptó el pasado 3 de noviembre el magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso, quien propuso enviar a juicio al exministro, a Koldo García y a Aldama en la parte de la causa centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia. El juez considera acreditado que el comisionista tuvo “información previa y privilegiada” sobre la necesidad de la urgencia sanitaria, lo que le permitió “articular una oferta” para “asegurar” que su empresa, Soluciones de Gestión, se hiciera con los contratos de Puertos del Estado (8 millones de mascarillas) y de ADIF (5 millones) tras una orden que firmó el ministro en marzo de 2020. Además, según el juez, Aldama entregó a Ábalos y Koldo distinto tipo de contraprestaciones (desde dinero en efectivo a alquiler de viviendas) para garantizarse un trato privilegiado en diversas operaciones y gestiones administrativas.

La petición de pena que llevarán al juicio las acusaciones populares, unificadas en torno al PP, es superior a la formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que solicita 24 años para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. Ambos sí coinciden en pedirle al juez Leopoldo Puente, instructor del caso, que convoque una vista para decidir si se modifican las medidas cautelares que pesan desde hace meses sobre ambos (comparecencias quincenales ante un juez, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España), pero mientras que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no adelanta si reclamará el ingreso en prisión preventiva del exministro y el que fuera su asesor, las acusaciones populares sí avanzan ya en su escrito que lo harán.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación.]