El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo García y Aldama por la compra de mascarillas

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto este lunes juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al que fuera su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por la pieza principal con la que se inició la investigación del llamado caso Koldo y en la que se investigaban las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas por parte de varias administraciones públicas en los peor de la pandemia. El juez concluye que los tres pudieron incurrir en delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos al consdierar que el exministro presuntamente favoreció que el empresario tuviera “acceso preferente” a contratos publicos a cambio “del correspondiente beneficio económico” que se tradujo en dinero en efectivo o alquileres vacacionales. La resolución del magistrado supone un espaldarazo a la credibilidad de Aldama al convertir su confesión en el epicentro de las acusaciones.

El pasado 23 de septiembre, el juez Puente decidió dividir en dos la investigación que instruye el alto tribunal contra Ábalos, Garcia, Aldama y también el ex secretario de Organización Santos Cerdán para analizar, por un lado, las comisiones cobradas por los contratos sanitarios y, por otro, los supuestos amaños de obras públicas que afectaban de lleno a Cerdán. Esta segunda parte de las diligencias, que mantienen al exdirigente socialista en prisión provisional y que afectan a empresas de la construcción, está todavía en una fase más inicial de la investigación. Sin embargo, el juez ya da por concluida la que tiene relación con la gestión de la pandemia, los favores a Aldama o la contratación de varias mujeres en entidades públicas.

En su escrito de este lunes, Puente hace un repaso cronológico de cómo ha ido conduciendo las diligencias hasta acumular los indicios suficientes para llegar a juicio. El juez recoge que el empresario y “nexo corruptor”, a través de su hermano policía Rubén, que ejercía de escolta en el ministerio, entabló una “frecuente relación” con Koldo que le permitió acceder al entonces ministro de Trasnportes. El magistrado sitúa en febrero de 2019 el inicio de la trama, cuando los tres realizaron un primer viaje a México y, según el magistrado, vieron “la oportunidad de obtener un beneficio económico” de sus propias relaciones.

Como parte de este trato, Aldama presuntamente abonó 10.000 euros mensuales en metálico al exasesor ministerial al menos desde octubre de 2019 y hasta el año 2021. El importe se repartía supuestamente entre Koldo y Ábalos. Si el empresario no podía efectuar el pago en España, “se convino” entre los implicados que “se realizara en la República Dominicana (país en el que sí disponía don Víctor de Aldama de metálico bastante para afrontarlos)”. Para el juez, gracias a ello, el comisionista tuvo “información previa y privilegiada” sobre las necesidades de la urgencia sanitaria, lo que le permitió “articular una oferta” para “asegurar la perfección del contrato”. De este modo, una de sus mercantiles, Soluciones de Gestión, se hizo con los contratos de Puertos del Estado (8 millones de mascarillas) y de ADIF (5 millones) tras una orden que firmó el ministro en marzo de 2020.

Los pisos y Jésica Rodríguez

En esta pieza del sumario también indaga sobre la contratación supuestamente irregular de la que fuera pareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, en una empresa pública y en el alquiler de Aldama y sus socios de diferentes inmuebles con los que agasajar supuestamente al exministro. El auto recoge cómo el 24 de abril de 2019 “se concertó un contrato de arrendamiento con opción a compra” de un piso propiedad de Aldama ubicado en el número 164 del Paseo de la Castellana y cuyo precio de adquisición era de 750.000 euros, cantidad “muy inferior a la real del mercado”, señala el juez. Esta transacción no llegó a hacerse, pero Puente lo incluye en la lista de indicios.

También lo hace con el alquiler del chalé de La Alcaidesa (Cádiz) en el que Ábalos y su familia se alojaron un verano después de que Aldama lo hubiera comprado a través de una de sus empresas, o las supuestas gestiones que hizo el exministro en el rescate de Air Europa, incluida la publicación de una nota de prensa que tranquilizara a los acreedores de la mercantil que estaba en una situación delicada durante la pandemia, a cambio del “gratuito disfrute de un chalé vacacional en Marbella para sí mismo y su familia” entre el 12 y el 23 de agosto de 2020. Este último costaba 8.900 euros.

La joven con la que Ábalos mantuvo una relación sentimental durante los años que ocupó Transportes también vivió entre marzo de 2019 y marzo de 2022 en un piso de lujo en Madrid supuestamente alquilado por la trama, que pagó 82.248 euros. “Paralelamente el señor. Ábalos Meco habría desplegado su influencia como ministro del Gobierno de España”, indica el juez al referirse también a la contratación de la misma mujer en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec. No tuvo que “superar ninguna clase de proceso de selección” y ni siquiera acudió “ni un solo día a sus respectivos centros de trabajo”. El magistrado recuerda, igualmente, la contratación de Claudia Montes, la que fuera Miss Asturias en 2017 y con la que el exministro “mantenía alguna clase de relación personal previa”. Ella sí acudió a su puesto de trabajo, pero su contratación en la pública Logirail fue discrecional y fraudulenta, entiende el juez.

El juez tambien pone el foco en el patrimonio del exministro, quien sigue aforado al conservar el acta de diputado pese al ser expulsado del PSOE. El magistrado destaca que un informe de la UCO destaca que se desconoce el origen de cerca de 95.000 euros. La resolución judicial menciona asimismo las gestiones realizadas por Koldo García en favor de una deuda que tenía una de las empresas de Aldama con la Agencia Tributaria. Esa actuación se hizo a través de Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El magistrado destaca que el empresario logró reunirse con el alto cargo.

A lo largo de las 47 páginas de su resolución de este lunes, el juez se remite en numerosas ocasiones a las que califica de “relevantes” declaraciones de Aldama para sostener el relato de “la mayor parte de los hechos” presuntamente delictivos que atribuye a Ábalos, a su exasesor y al propio Aldama. Puente considera que “lo sostenido a lo largo de la instrucción” por el empresario se ha visto corroborado “en cada uno de sus aspectos esenciales” por las afirmaciones de testigos, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la documentación incorporada a la causa. El magistrado también destaca como elemento que refuerza la credibilidad de sus palabras que el empresario admitió en las mismas, “lógicamente, su personal participación en los hechos” y que, con ello, ha asumido “su propia responsabilidad en los hechos”, recalca. Puente da ahora diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares que tendrán que presentar los escritos de acusación en ese plazo, como paso previo a la apertura del juicio oral.