El Supremo divide el ‘caso Ábalos’ para acelerar el juicio por las mascarillas

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha divido en dos la causa en la que se investigan supuestos amaños de contratos durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El instructor ha acordado este martes abrir una pieza separada para investigar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente irregulares de obras públicas, mientras que la pieza inicial se centrará en los contratos de compras de mascarillas que dieron origen al caso. En un auto dictado este martes, el magistrado explica que en la pieza separada ostentarán la condición de investigados Ábalos; el que fuera su asesor, Koldo García; el comisionista Víctor de Aldama; el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; y los empresarios José Ruz Martínez, Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera y Joseba Antxon Alonso Egurrola.

La división en dos de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en Transportes durante el mandato de Ábalos sobrevolaba el Supremo desde hace meses, a medida que fue adquiriendo envergadura la presunta trama corrupta en torno a la adjudicación de obras públicas. Lo que empezaron siendo unas afirmaciones ambiguas del empresario Aldama como parte de su compromiso de colaboración con la justicia, se ha convertido en una gran causa judicial que ha sacado a la luz una supuesta maquinaria corrupta perfectamente engrasada para amañar contratos de obras públicas a cambio de comisiones y que implica a dos ex secretarios de Organización del PSOE. El descubrimiento de esta trama, admite el juez en el auto dictado este martes, supuso “un salto cualitativo” en la investigación.

La intención del instructor al desgajar el caso es cerrar cuanto antes la instrucción de la primera parte para que el juicio se celebre en los próximos meses, y centrarse en exclusiva en la segunda, cuya investigación apenas acaba de empezar y, previsiblemente, va a ser más compleja. Dentro de esta nueva pieza, el juez diferencia dos grupos: el primero, se centra en las obras que se adjudicaron a la constructora Acciona, “en UTE con otras de menor envergadura” y “bajo la indiciaria dirección y supervisión” de Cerdán; el segundo grupo, explica el instructor, abarca obras de menor entidad económica, “que se promovían paralelamente bajo el control o impulso” de Aldama, Ábalos y Koldo García.

El magistrado desglosa esa parte del resto de la causa, en la que se investigan todos los hechos ajenos a la adjudicación de obra pública. En esta pieza, señala el juez, existen “consistentes indicios” de que, Ábalos, en connivencia con Koldo García y Aldama, favoreció la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión de contratos para la adquisición de mascarillas en la pandemia del Covid-19. El instructor señala que el entonces ministro y su asesor obtenían las “indebidas prestaciones económicas” y Aldama se beneficiaba de una comisión.

Dentro de esta parte se incluye también lo referido a que Koldo García, “con el conocimiento y la aquiescencia del entonces ministro”, habría “desplegado su influencia” para lograr que las empresas del entorno de Aldama pudieran entrevistarse con altos funcionarios o empleados públicos o se beneficiaran de actuaciones promovidas e impulsadas desde el propio Ministerio de Transportes, En este apartado, el juez hace referencia a la publicación de una nota de prensa avalando el rescate de Air Europa; las gestiones realizadas en favor de la empresa Villafuel para que sus representantes lograran reunirse con personas que pudieran facilitarles una licencia de operador de hidrocarburos; o las que determinaron la reunión que Aldama sostuvo con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para buscar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas del comisionista. En esta primera parte de la causa se incluirán también los supuestos enchufes en empresas públicas de una expareja de Ábalos y otra mujer vinculada al entonces ministro