El supuesto amaño de las millonarias obras del Puente del V Centenario de Sevilla cerca a Cerdán

El 9 de abril de 2019, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantenía una conversación con su asesor, Koldo García, que era grabada de manera subrepticia por este. En este audio, incorporado al sumario del Tribunal Supremo en el que se investiga a ambos y al exdirigente del PSOE Santos Cerdán, García se quejaba precisamente de la actitud de este último, del que aseguraba que le estaba presionando para que el ministerio licitara lo antes posible una obra millonaria. “[...] El problema está en que Santos, y tienes que hablar tú con él, está obsesionado con él, con él, con Sevilla, con el puente. Pero obsesión, es algo por demás. Según me da a entender, yo entiendo que él se está jugando la vida [...] toda la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega o el puesto o se juega la luna”, señalaba el exasesor y en la actualidad uno de los principales investigados por la presunta trama de corrupción que anidó entre 2018 y 2021 en aquel ministerio.

La licitación por la que presuntamente “presionaba” Cerdán a Koldo García y Ábalos era el concurso para la adjudicación de los trabajos de remodelación del Puente del V Centenario en la capital andaluza, un contrato cuyo coste, cuando fue firmado en mayo de 2021, era de 71 millones de euros pero que terminó elevándose dos años después por encima de los 102 millones. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto ahora el foco de nuevo en este contrato y el pasado viernes, tras entregar al magistrado del Supremo Leopoldo Puente un informe que aún permanece secreto sobre la situación patrimonial de Cerdán, registraba, entre otras, las sedes de las tres empresas que formaban la unión temporal de empresas (UTE) que ganó aquel concurso, Acciona, Freyssinet y Tecade. También entraba en el domicilio de un ex alto cargo de la primera, Justo V. P., quien fuera director de Construcción para España de la compañía.

Las sospechas sobre esta adjudicación no son nuevas. El pasado junio, otro informe de la Guardia Civil ―este referido a la situación patrimonial de Ábalos― ya recogía supuestas irregularidades en ese concurso. Entonces, la UCO incluyó en el documento enviado al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente una cronología detallada de los mensajes de WhatsApp intercambiados por Cerdán y Koldo sobre la licitación, así como las conversaciones grabadas por este último y la presunta intervención de Javier Herrero, entonces director general de Carreteras (el organismo responsable de la licitación) y en la actualidad imputado en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en varios amaños de la trama.

Según el informe de junio, Ábalos y su exasesor debían haber recibido por la supuesta adjudicación irregular de esa obra y otras dos 450.000 euros de mordida, que Koldo reclamó a Cerdán sin éxito, siempre según el contenido de las grabaciones incorporadas a la causa. Cuando declaró en el Supremo, Cerdán negó cualquier actuación irregular por su parte y justificó su interés en acelerar la obra del puente de la capital andaluza por su deseo de favorecer la campaña del candidato socialista en las elecciones municipales que se iban a celebrar en mayo de aquel año, Juan Espadas, para que repitiera como alcalde de Sevilla.

Libertad provisional

Esos mensajes y el resto de la documentación sobre esta obra han sido ahora incluidos en el informe de la Guardia Civil que ha propiciado los últimos registros y que se centra en el patrimonio del exdirigente socialista. Este permanece en prisión provisional desde el pasado 30 de junio acusado de la presunta comisión de los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias al considerar el juez Puente que, de haber quedado en libertad tras tomarle declaración aquel día, existía “un riesgo cierto” de que destruyera o alterase pruebas relevantes, uno de los requisitos legales para poder decretar su encarcelamiento.

La prisión en su caso solo se puede prorrogar hasta el 30 de diciembre, cuando se cumplen seis meses de la medida, pero todo apunta a que antes de esa fecha el magistrado ordenará su puesta en libertad, ya que las diligencias practicadas ahora alejan la posibilidad de destrucción de pruebas. De hecho, en los autos en los que ha rechazado la petición de los abogados de la defensa del político de sacarle de prisión, el magistrado ya anunciaba que esperaba la entrega del documento policial y preveía que con él sobre su mesa “no será necesario” agotar ese plazo.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción han esgrimido hasta ahora en sus escritos en los que rechazaban su puesta en libertad provisional que Cerdán tenía un papel de “cierta preeminencia” dentro de la trama. Era Cerdán, según los indicios recogidos por los investigadores, quien “se encargaba de realizar las gestiones oportunas con los pagadores”, quien “estaría en la mejor disposición para conocer” quién más cobró y “de ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto, así como acerca del modo en que se articulaban los ilícitos pagos”.

El magistrado sitúa al exdirigente del PSOE como la persona “que se encargaba de realizar los cobros indebidos a las empresas favorecidas por la adjudicación”. Una vez obtenidas estas cantidades de las empresas, las distribuía, haciéndolas llegar, “al menos”, a Ábalos y Koldo García, “que, cuando lo precisaban, le reclamaban los pagos a aquel y no a estas [empresas]”.

“Dicha posición funcional determina que estos dos últimos, los señores Ábalos y García, pudieran desconocer, acaso, quién o quiénes eran las personas físicas en concreto que, en beneficio de la empresa favorecida por la adjudicación —Acciona Construcción actuando en UTE— realizaba/n los pagos, cuál era el importe total de los mismos, y cuál el mecanismo por cuya virtud se concretaban”, sostuvo el instructor el día que encarceló al exdirigente socialista, un argumento que hasta ahora han rechazado sus abogados en sus escritos, sin éxito.