Fraude en la oposición a policía local en Granada: 43 investigados por presuntas trampas en 79 plazas

El 18 de febrero dos furgonetas con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional entraron sin miramientos en la jefatura de la policía local de Granada. Una vez dentro, concentraron su energía en los despachos del superintendente y de su gente de confianza. Cinco meses después, la UDEF insistió e hizo un nuevo registro, en aquel caso, en la jefatura policial y en el Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento. Se sabía que se investigaban amaños en diversas oposiciones a policía local, pero el secreto de sumario impidió conocer la magnitud de las y los investigados. Ahora se ha levantado ese sumario y las cifras resultantes son llamativas: 43 personas investigadas por fraude en 79 plazas ofertadas en cuatro oposiciones en Granada y dos pueblos más. El auto de la jueza menciona, además, hasta 10 delitos. Y ese mismo auto recuerda que “no se puede descartar la existencia de nuevos investigados” porque aún se investiga la “existencia de otro grupo dentro del cuerpo de Policía Local que también realiza amaños en las oposiciones”.

La investigación judicial sitúa en la parte alta de la pirámide de ese grupo al anterior superintendente de la Policía Local y a su segundo. También a un grupo de agentes de su confianza, y así hasta sumar a 13 agentes locales de la capital, algunos de ellos responsables a su vez del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG). La jueza relata cómo estos agentes, a los que incluye en un “grupo criminal”, han llevado a cabo “presunta participación en el fraude o amaño sistémico de los procesos selectivos”. El objetivo de la trama era “facilitar que aprobasen las oposiciones las personas designadas por ellos (hijos y otros familiares o allegados a estos) principalmente de policías locales”. Para ello, continúa, conformaban los tribunales con gente del grupo y “facilitaban las preguntas del examen teórico y supuesto práctico” a los “a los padres y/o aspirantes”. Es necesario entender que muchos de los aprobados resultaron ser hijos o familiares de los agentes de la trama.

Quizá por si ni conociendo las preguntas aprobaban, la trama se aseguraba también la “contratación del psicólogo que realizaría el segundo ejercicio [pruebas psicotécnicas y entrevista] siguiendo las indicaciones de los máximos cabecillas”. Así, sin fisuras, la trama aseguraba todo el proceso. Además de los 13 agentes locales, se investiga al psicólogo contratado, a la directora general de contratación y a la jefa de ese departamento en el Ayuntamiento de Granada. En la capital, la investigación, por ahora, se ciñe a dos oposiciones, una de 2019 con 40 plazas y otra de 2022, con 32 plazas en juego.

Pero además de en la capital, el juzgado ha puesto su mirada en dos selecciones de personal más, en las localidades de Albolote (19.554 habitantes), con cuatro puestos de policía local a repartir, y en Algarinejo (2.331 habitantes), con tres. Esto permite incrementar los investigados en un agente de la policía local de Loja y otro de Almuñécar —porque en los tribunales de localidades pequeñas siempre hay que recurrir a agentes de otros pueblos— y dos miembros más de tribunales, sin especificar por qué estaban ahí.

El auto, en definitiva, suma 20 personas del lado del equipo de examinadores. A todos ellos les atribuye presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos e información privilegiadas, fraude en la contratación y grupo criminal. Y al otro lado de la tarima de los examinadores, la jueza incluye en el auto como investigados a 23 opositores. Para estos, el delito asignado es prevaricación o delito contra las administraciones públicas.

El superintendente investigado y presunto cabecilla de la trama fue obligado a dimitir al día siguiente del primer registro de la UDEF. Al ayuntamiento —personado ahora como acusación particular— le costó tomar la decisión, pero acabó arrastrado por los acontecimientos. Hoy, tras conocerse el auto judicial, la actitud ha cambiado, sin excesiva contundencia. Marifrán Carazo, alcaldesa popular de la capital, ha mostrado la “absoluta colaboración” del Ayuntamiento con todo lo que le requiera el juzgado. Preguntada si iba a tomar medidas contra los agentes investigados, la alcaldesa ha dicho que estaría abierta a lo que le requiera la jueza.

El siguiente paso será, según el auto firmado por Susana Álvarez Civantos, magistrada del juzgado de instrucción número 4 de Granada, la declaración de los 43 investigados en sede policial. La jueza ofrece también a los opositores perjudicados la posibilidad de declarar y ofrecer su versión de lo ocurrido.

La investigación por el fraude en las oposiciones no es la única sombra que existe sobre la Policía Local granadina. Varios agentes están investigados por acceder sin motivación legal alguna, al sistema VioGen, presuntamente para trasladar la información sobre una víctima a un subinspector del cuerpo, acusado de maltrato contra su expareja.