Estrasburgo rechaza una demanda de Otegi y valida que no se anulen las condenas ya cumplidas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado carpetazo final al caso Bateragune, por el que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cumplió seis años de prisión y 10 de inhabilitación por impulsar la reconstrucción de Batasuna siguiendo órdenes de ETA, en un juicio que los magistrados de Estrasburgo consideraron posteriormente que no había sido justo porque no hubo garantías de imparcialidad. En una nueva decisión, que cierra definitivamente el recorrido de este caso, el TEDH ha rechazado una última demanda de Otegi presentada en 2024. Los magistrados consideran que la decisión del Tribunal Constitucional “no distorsionó” el sentido de su senntencia. El tribunal de garantías había aceptado la petición de amparo del líder abertzale y frenó la repetición del juicio dictada por el Supremo pero no anuló las condenas ya cumplidas.

El caso se ha prolongado durante casi década y media. En 2011, la Audiencia Nacional sentenció al dirigente abertzale y a otros cuatro acusados a penas de hasta diez años de cárcel que el Supremo rebajó en 2012. Seis años después, el TEDH falló que en el juicio se habían vulnerado los derechos de los acusados. Tras el varapalo europeo, en 2020, el alto tribunal anuló las condenas y, posteriormente, decretó la celebración de un nuevo juicio. Este, sin embargo, no llegó a celebrarse, ya que el Constitucional admitió un recurso de amparo de Otegi, aceptando su tesis de que la repetición del juicio solo puede acordarse a petición de los demandantes, de acuerdo con la sentencia de Estrasburgo. El Constitucional mantuvo así la sentencia de 2012 con las penas rebajadas (y ya cumplidas).

El año pasado, Otegi y los otros cuatro condenados (el exdirigente sindical Rafa Díez, el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta, y Sonia Jacinto), acudieron del nuevo al TEDH, alegando que, pese a que este concluyó en 2018 que habían sido condenados en violación de su derecho a un tribunal imparcial, en España se había mantenido su culpabilidad y sus condenas.

En su nueva decisión, el TEDH recuerda que en su sentencia de 2018 no dio ninguna indicación vinculante sobre cómo ejecutar la misma. Específicamente, “no indicó que se debían anular determinadas resoluciones nacionales”, por lo que, agregan ahora, “no puede considerarse que la interpretación del Constitucional fuera el resultado de un error manifiesto de hecho o de derecho que condujera a una ‘denegación de justicia’”. Al contrario, continúan los jueces que han reexaminado el caso, “las conclusiones del Constitucional se habían basado en las solicitudes específicas formuladas por los demandantes ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y en el alcance y las características particulares de los dos procedimientos en cuestión (revisión y amparo)”.

Por todo ello, el TEDH considera ahora que la sentencia del Constitucional “no distorsionó” las conclusiones de la sentencia europea, por lo que concluye que “la denuncia de los demandantes carece de fundamento y debe ser desestimada”.

A pesar de declarar inadmisible la demanda de Otegi, el TEDH recuerda a los Estados que esto “no resta importancia a la necesidad de garantizar que los procedimientos nacionales permitan el reexamen de los casos cuando se constate una violación del artículo 6 del Convenio”, que garantiza el derecho a un proceso equitativo. En su sentencia original, el tribunal de derechos humanos dijo que, en casos como el de Otegi, “la forma más apropiada de reparación sería, en principio, celebrar un nuevo juicio o reabrir el caso, a solicitud de la persona interesada”, algo que, sin embargo, no sucedió en este caso.