Los trapicheos en el reparto de demandas en los juzgados de San Sebastián acaban con la carrera de un funcionario de justicia

Antón y Joaquín (nombres ficticios elegidos al tuntún por la Justicia) estaban compinchados para burlar durante cuatro años la actividad de los juzgados de San Sebastián. El primero, funcionario de carrera, trabajaba en el Servicio de Decanato de Donostia; el otro ejercía como abogado laboralista. Entre 2014 y 2018 ejecutaron un plan “fraudulento” para adulterar el sistema de reparto de demandas judiciales. Se reunían a hurtadillas fuera del Palacio de Justicia para menudear sus componendas ilegales. Lo tenían todo planificado para provocar “una alteración grave y permanente” en el normal funcionamiento de los juzgados. Fueron descubiertos y un tribunal con jurado ha condenado a ambos por un delito de falsedad documental y daños informáticos, además de otro continuado de cohecho.

Llegaron a manipular hasta en 75 ocasiones el programa de asignación de las denuncias entre los juzgados de lo social. El funcionario llegó a recibir del abogado al menos 12.000 euros por los favores que le hizo a este. El Ministerio de la Presidencia ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 23 de septiembre la orden por la que F.J.S.L (Antón en este artículo) pierde su condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. J.L.P.A. (Joaquín), el abogado laboralista, ha quedado inhabilitado durante dos años para actuar como tal ante la administración de Justicia. Tienen que pagar una multa de 1.500 y 3.000 euros, respectivamente.

El ya exfuncionario (la orden contra él puede ser recurrida ante el ministerio o ante la Audiencia Nacional) trabajaba en el servicio del Decanato de Donostia, encargado de recibir, registrar y distribuir los expedientes y actuaciones judiciales entre los diferentes juzgados y tribunales de la capital. El abogado intervenía en numerosos procedimientos de incapacidad, impugnación de altas médicas y otras reclamaciones frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Según quedó probado en el juicio contra ambos, y consta en la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de mayo pasado, los inculpados se pusieron de acuerdo para “manipular el procedimiento de reparto legal” de las demandas judiciales.

“Aprovechando las funciones de registro y reparto que tenía encomendadas el [funcionario] encausado, el letrado se concertó con él para alterar el reparto judicial, mediante la manipulación del sistema informático, de manera que las demandas que quería el abogado (tanto suyas como de su esposa), se desviaran al juzgado de su elección, vulnerando así gravemente el reparto judicial, al impedir que conociera de tales asuntos el juzgado al que legalmente le correspondía”, según se recoge en el fallo judicial condenatorio.

Entrega en mano de las demandas

El abogado laboralista, para conseguir sus fines, entregaba “en mano” al funcionario las demandas que le interesaban para que este las registrara alterando el sistema informático y así cayeran en el juzgado de destino de su gusto. Se citaban durante la jornada laboral en las inmediaciones del Palacio de Justicia. En esos encuentros concertaban la estrategia. El funcionario del decanato “les ponía sello de entrada y las registraba en el sistema informático judicial”.

“Si con arreglo al sistema aleatorio aplicable no recaían en el juzgado que le había indicado el abogado, el funcionario, ejecutando las órdenes de aquel y con manifiesta infracción de los deberes inherentes a su cargo, anulaba el reparto correcto, y volvía a repartir el asunto, de forma aleatoria para no levantar sospechas, tantas veces como hiciera falta hasta conseguir derivarlas al juzgado que aquel le había señalado, efectuando también alteraciones en otros procedimientos registrados,para lograr el fin pretendido u ocultar sus manipulaciones”, señala el fallo judicial.

El examen del sistema informático judicial concluye que el reparto fraudulento se produjo “de forma continuada durante varios años”. Para compensar estas triquiñuelas ilegales, el funcionario recibía cantidades de dinero “en metálico” cuyo importe exacto no ha podido determinar el abogado, aunque ha quedado acreditado que estos pagos generaron en el funcionario “un enriquecimiento económico injustificado superior a 12.000 euros” durante los cuatro años en que actuaron de esta guisa.

La Fiscalía pidió inicialmente 10 años de prisión para cada uno de los encausados por los delitos de falsedad documental y otro de cohecho. Finalmente, llegaron a un acuerdo con el ministerio público para dejar la pena en dos años de reclusión, por lo que no entrarán en la cárcel.