Ana Julia Quezada, convertida en “víctima” en la trama de sexo y corrupción de la cárcel de Ávila

“Acordamos tener por personada en la causa en calidad de acusación particular a Ana Julia Quezada Cruz”, concluye un auto de la Audiencia provincial de Ávila del pasado 6 de septiembre tras considerarla “perjudicada”. Convierte así a la asesina del niño de ocho años Gabriel Cruz en víctima, en contra de lo dictaminado con anterioridad por el juzgado número 4 de Ávila, que investiga las relaciones sexuales (“unas consentidas y otras no”) que Quezada reconoció ante el juez mantener con al menos dos trabajadores de la cárcel de Ávila, donde cumple la condena a prisión permanente revisable por matar al hijo de Patricia Ramírez y Ángel Cruz, entonces pareja de la reclusa. A la madre del pequeño, que denunció los hechos, se le impidió personarse en la causa como acusación particular al no considerarla “perjudicada”.

La investigación judicial surgió a raíz de la denuncia interpuesta en un juzgado de Ávila por Patricia Ramírez, tras conocer de fuentes internas de la prisión que los favores sexuales de Quezada con los funcionarios tenían como contrapartida beneficios para la interna en forma de regalos y privilegios penitenciarios, entre los que se encontraba el uso de un teléfono móvil con el que, presuntamente, la asesina de su hijo mantenía contacto con un periodista y una productora para la elaboración de un documental sobre su muerte.

El proceso judicial abierto en Ávila en marzo de 2024, corre en paralelo, con la lucha que viene protagonizando la madre del niño para evitar que su asesinato siga convirtiéndose en “un circo mediático” y siendo usado por plataformas de televisión y medios de comunicación para potenciar sus audiencias al margen del dolor y el daño que le causen a ella. “La muerte de mi hijo no es entretenimiento”, ha repetido constantemente desde que se produjo el asesinato en marzo de 2018 en numerosas comparecencias públicas. “No es una serie, es nuestra vida”, ha remachado, mientras pedía en el Senado un pacto de estado para blindar a las víctimas de delitos violentos de la “violencia mediática” que revictimiza a sus familiares y allegados.

Ramírez ha denunciado también a Quezada en un juzgado de Almería, su lugar de residencia, por supuestas “amenazas de muerte”, ya que supo que su actual pareja, una joven catalana llamada Miren, había revelado a un tarotista las manifestaciones expresadas por Quezada al conocer las denuncias públicas de la madre del niño acerca de su comportamiento en prisión y de sus intenciones, que pasaban por chantajear a la directora de la propia prisión con los posibles abusos sexuales sufridos por la interna a causa de un supuesto abuso de poder ejercido por los funcionarios implicados. No obstante, Quezada reconoció ante el juez y ante el educador del centro penitenciario que algunas de esas relaciones sexuales eran consentidas y otras no, pero que accedía por tratarse de un trabajador de la prisión con poder sobre las reclusas. El objetivo último de Quezada, según ella misma le confesó al educador del centro penitenciario, era ser trasladada a una prisión en Cataluña.

El Ministerio del Interior que, inicialmente, negó que Quezada tuviera acceso a teléfonos móviles en la prisión tras ordenar un registro de su celda por las reiteradas denuncias de Ramírez, se ha mantenido al margen en todo este turbio asunto, argumentando que está judicializado. “Cuando se abre una investigación judicial, el procedimiento interno queda suspendido hasta que haya una resolución”, explicaron fuentes de Instituciones Penitenciaras.