La jueza de la dana cita como testigo a la ‘número dos’ de Mazón y ofrece al ‘president’ declarar como investigado

Un paso más para depurar responsabilidades en una de las mayores catástrofes naturales que han sacudido España. La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, estrecha el cerco sobre el president de la Generalitat, Carlos Mazón. La magistrada ha acordado citar como testigo a su número dos, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, que abandonó la gestión de la crisis para ir a unos premios. Y ha ofrecido, de nuevo, al barón popular la posibilidad de declarar como imputado en la causa que investiga la colosal riada que el pasado 29 de octubre dejó 229 muertos en Valencia, según dos resoluciones notificadas este jueves.

El movimiento de poner el foco sobre el president llega después de que la periodista que comió con él durante la aciaga jornada, Maribel Vilaplana, divulgara el pasado viernes una carta abierta. La misiva revelaba que abandonó el céntrico restaurante de Valencia El Ventorro en lo peor de la gota fría, entre las 18.30 y las 18.45 horas. Un dato que reescribe unos mismos hechos. Vilaplana había situado ocho meses antes su salida de la casa de comidas a las 17.45 horas.

Ahora, para aclarar el desfase horario y la “participación” que pudo tener Mazón en la gestión de la tragedia, la jueza da la posibilidad al jefe del Consell de declarar de forma voluntaria como imputado en la causa, tal y como solicitó la acusación popular de Podemos. La magistrada descarta, también, la citación como testigo de Vilaplana, en la línea de la Fiscalía.

“La aportación de la carta abierta de la periodista Maribel Vilaplana incide en una serie de elementos que afectarían, no sólo a la toma de decisiones en el Cecopi –el centro de la Generalitat que coordinó la crisis-, por los investigados, sino, igualmente, a la participación que hubiera tenido en las mismas el presidente de la Generalitat Valenciana”, argumenta la instructora.

La jueza se interesa así por “el periodo de tiempo” que Mazón pasó en el restaurante mientras se inundaba la provincia de Valencia. Fueron más de tres horas y media. Y pone el acento en las “comunicaciones telefónicas que el presidente tuvo con otras personas” en El Ventorro.

Durante su extensa sobremesa con Vilaplana, Mazón habló por teléfono en varias ocasiones con la exconsejera de Justicia e Interior al frente de la emergencia, la imputada Salomé Pradas, que se encontraba en el Cecopi. En la primera conversación, a las 17.37 horas, la charla duró dos minutos.

La magistrada también se sorprende, como reconoció Vilaplana, de que el barón popular “no demostrara ninguna inquietud” tras atender las llamadas en el almuerzo. Y recuerda que Mazón es aforado y sólo puede comparecer como investigado en la causa que indaga el juzgado de Catarroja de forma voluntaria. La citación como imputado del jefe del Consell tendría que aprobarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras el razonamiento de la instructora.

Al señalar de nuevo a Mazón, la jueza incrementa la presión al president, a quien ya ofreció la posibilidad de declarar el pasado marzo, cuando la magistrada imputó a los dos exaltos cargos de la Generalitat investigados en la causa: la exconsejera Pradas, y quien fuera su segundo, el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso. Mazón rechazó la puerta de acudir al juzgado que le abrió la instructora.

La vicepresidenta de la Generalitat, en el radar

El prolijo volumen de documentos incorporados a la causa explica la otra gran decisión de calado de la jueza. Tras recibir un extenso informe de la Subdirección de Emergencias de la Generalitat, la magistrada ha decidido llamar como testigo a la mano derecha de Mazón, Susana Camarero.

El documento que maneja la instructora confirma que Camarero, que en ausencia de Mazón es la máxima responsable institucional, apenas participó en la reunión del Cecopi que gestionó la catástrofe. La vicepresidenta sólo estuvo conectada por videoconferencia al encuentro 83 minutos. Y, cuando arreciaba lo peor de la inundación, abandonó la crisis para ir a un acto de entrega de premios de la patronal con el conseller responsable de Carreteras, Vicente Martínez Mus. “Se acuerda la testifical de Susana Camarero”, zanja la instructora, que responde a la petición de la acusación popular que ejerce Ciudadanos. Al comparecer como testigo, la número dos de Mazón deberá decir la verdad.

Camarero no es una pieza más del engranaje. Tras arreciar la crisis política, la dirigente se ha transfigurado en la cara y los ojos de las distintas versiones que el Consell ha ofrecido sobre la dana. Su tesis principal sostiene que, si la Generalitat no reaccionó rápidamente, fue por la falta de información actualizada de organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Española de Meteorología (Aemet), que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica. Un argumento que la instructora ha desmontado con decenas de razones en cada auto. La autonómica fue la única administración encargada de gestionar una de las peores catástrofes del siglo, según la instructora.

En su batería de resoluciones, la jueza cita también a declarar como testigos al secretario astronómico de Familia de la Generalitat, Ignacio Grande; a un sargento del Consorcio Provincial de Bomberos; y a dos comandantes de la Unión Militar de Emergencias (UME).