El Congreso ni está congelado ni va como una moto

El Congreso de los Diputados no es en esta complicada XV legislatura ni el “congelador de Armengol”, como denuncia repetidamente el PP de Alberto Núñez Feijóo para reseñar que está parado para beneficio del presidente Pedro Sánchez, ni se destaca por una actividad prolífica. El muy fraccionado Parlamento funciona así, en un clima de confrontación creciente e irrefrenable, con normalidad aparente en la mayoría de las sesiones, debates y votaciones, con estadísticas interpretables, pero se atasca y muestra imprevisible ante las grandes leyes, por los intereses cruzados de muchos partidos. El curso político acabó con 42 proyectos ratificados, 18 de ellos reales decretos y 24 ya en vigor en el BOE, pero sin presentar siquiera la ley que regula los Presupuestos del Estado ni desarrollar el en teoría anual Debate de la Nación. En cartera, para el nuevo periodo de sesiones, hay en distintas fases de conclusión parlamentaria otros 50 proyectos. A los que ahora se suma el debate en torno a los incendios y el Pacto de Estado por el cambio climático anunciado por Sánchez, que ofrecerá al resto de formaciones. El Gobierno, además, aprobó en el último Consejo de Ministros el Plan de Lucha contra la Corrupción y creó una comisión interministerial para su puesta en marcha y seguimiento.

Todos los dirigentes del PP aluden, en cualquier comparecencia, a que el Gobierno de Sánchez no gobierna, sino que resiste, porque apenas aprueba nada y mantiene el Congreso congelado. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, lo volvió a incluir en su balance veraniego y reiteró su recurrente queja de que la Mesa de la Cámara baja, donde está en minoría, bloquea hasta 40 proyectos legales que el PP ha refrendado con su mayoría absoluta en el Senado. La disputa institucional entre ambas cámaras ha sido otra constante de este convulso periodo de sesiones.

Los datos demuestran, sin embargo, que la actividad legislativa del Congreso se puede considerar normal en sus cifras a estas alturas del ecuador del mandato e incluso por encima de las expectativas, ante la diversidad ideológica y de intereses de esa mayoría de investidura que empezó catalogándose como “progresista” y que con el paso de los meses y la evidencia de algunos traspiés en votaciones se asume ahora como mayoría “plural” o “asimétrica”. Desde septiembre pasado se han organizado un total de 29 plenos, pero solo 14 han contenido leyes impulsadas por el Gobierno.

En su optimista balance de final de julio, el presidente Sánchez destacó que el Gobierno había cumplido el 45% de los objetivos marcados y había alcanzado hasta un 86% de victorias en las alrededor de 1.200 votaciones registradas en el Congreso este curso, nivel muy poco inferior al de las dos anteriores legislaturas (89% y 90%). En el Ejecutivo y el PSOE observan cierta lógica en que con el paso de los años cada vez se tramiten menos leyes, aunque tampoco pueden negar que muchos proyectos no llegan ni a presentarse por la evidencia de su falta de apoyos.

La nueva portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, hurgó en esos problemas cuando comparó el “completo caos” en el bagaje legislativo de Sánchez, en esta mitad de legislatura, con los 131 proyectos que llegó a impulsar en meses similares el Gobierno de José María Aznar o los 170 del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, ambos también en minoría parlamentaria.

La fijación para la nueva temporada parlamentaria, que arranca este mes, se volcará sobre el intento prometido por Sánchez de presentar el documento de presupuestos generales del Estado para 2025. Es una obligación constitucional que no se ha cumplido en los dos últimos ejercicios.

El Gobierno tampoco ha convocado en esta legislatura el debate sobre el estado de la nación, que Sánchez prometió hace un año, en la presentación de un Plan de Acción para la Democracia, que sería anual y que en este endiablado contexto político actual correría el riesgo de una severa derrota.

El Ejecutivo ha perdido pocas votaciones en la Cámara baja, pero algunas muy relevantes, simbólicas y significativas. Sobre todo las relacionadas con asuntos económicos, impositivos, que afectan a las grandes compañías energéticas, como el último decreto antiapagón, en el que volvieron a confluir por razones muy diferentes partidos de derechas como PP, Vox y Junts, con Podemos y el BNG. No ha sido el único caso. Algunas de esas sonadas y mediáticas derrotas, muy aireadas por el PP, se han transformado con las semanas y con menos expectación, en proyectos casi respaldados por unanimidad, como la creación de la Agencia Estatal de Salud. Es más que posible que vuelva a suceder lo mismo en septiembre, con la convalidación del decreto antiapagón, que el PP no descarta apoyar con la justificación de que es una mera trasposición de una normativa europea que en julio se afanó por tumbar.

Feijóo ha encargado al equipo de su portavoz Muñoz que elabore “un listado de las leyes sanchistas a derogar” cuando llegue a La Moncloa. En el grupo parlamentario se han puesto a ello. Feijóo ha mostrado prisa al respecto, y citado algunas normas (amnistía, memoria democrática, cupo separatista, Código Penal) que no serán ni mucho menos fáciles de revertir, pero en su grupo en la Cámara quieren ponerle algo de calma y estudio a esa idea, porque derogar una ley completa y sin más puede traer consecuencias graves, costosas e inesperadas.

El encargo de Feijóo tiene más de gesto simbólico que eficaz y se relaciona con un momento político del país que todos los partidos reconocen más que difícil de gestionar, especialmente en este Parlamento. A la izquierda, la mayoría de los socios, desde Sumar, ERC y EH Bildu, le exigen a Sánchez que use el BOE para marcar un giro social a la legislatura y plantee pelea por ejemplo en materia de vivienda y reducción de la jornada laboral a la irrefrenable llegada al poder de la derecha del PP y la ultraderecha de Vox que predicen muchas encuestas. Podemos está directamente en otro y muy particular punto.

El PSOE, ante ese retrato político y parlamentario de batalla permanente, se prepara para continuar con su táctica de intentar llevar leyes al Congreso y afanarse para que prosperen, con quién sea. Junto a los 18 decretos ya convalidados y las 24 leyes ya en el BOE, el grupo socialista mantiene en la recámara para su salida próxima 20 proyectos ya presentados, tres tomados en consideración, cinco que han superado la fase de enmiendas a la totalidad, uno del Senado, tres reformas del Reglamento ratificadas, 16 en su estudio en la ponencia y dos en comisión, es decir en la rampa final.