Viviendas protegidas a precio imposible en Cádiz: “Esto es para gente que tenga dinero”

En la vida del Alonso Justo ocurrieron dos hitos que hicieron al año 2004 digno de ser recordado: nació la pequeña de sus dos hijas y la familia se apuntó al Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Cádiz. 20 largos años después, la mujer de Justo al fin recibió un mensaje el 10 de septiembre de 2024 de la empresa municipal Procasa: “Ha sido preseleccionada para una VPO, en breve contactarán con ustedes del Grupo Q”. La ilusión duró los meses que tardó en llegar la reunión con la promotora. “Imagínate la alegría entrando en la oficina y luego que te dé la la sensación que no te lo quieren vender. Lo primero que nos dijeron fue ‘esto es para gente que tenga dinero y es venta”, asevera Justo, sobre la reunión que se produjo el pasado 24 de febrero.

Ese día, una trabajadora de la promotora de las 55 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en un solar privado de la calle Marqués de Coprani les dejó claras las condiciones: el piso de tres habitaciones de 76 metros —el más pequeño— con garaje y trastero inseparable costaba 261.557 euros. Si lo querían, tenían que aportar 3.000 euros de señal, 35.821 euros en 15 días y otros 35.821 euros en 13 meses y el 20% de la hipoteca de los 187.265 que debían rubricar entonces. “En un año, 109.095 euros con una hipoteca posterior de 800 euros, ¿quién tiene ese dinero para una VPO?”, se queja Justo. Como él, más de una decena de demandantes y de los partidos de la oposición del Ayuntamiento (PSOE y Adelante Izquierda Gaditana) han puesto el grito en el cielo y denuncian que el mal de fondo radica en la subida de tramos aplicada por la Junta de Andalucía para estimular la construcción de estas viviendas protegidas en la región.

La espita del cabreo en Cádiz se abrió a raíz de que la concejala del PSOE, Natalia Álvarez, subiese un vídeo a sus redes sociales denunciando la situación. De inmediato, comenzó a recibir diversas “llamadas de auxilio”, asegura. Todas relataban situaciones similares a las de Justo y su familia. Ana —a secas, por petición de la afectada— también lo intentó con un piso de tres dormitorios, pero tuvo que desistir al conocer las duras condiciones: “El precio me parecía adecuado, pero no vi facilidades ni respaldo para esos pagos iniciales y te hacen sentir mal por no haber ahorrado, pero es que no puedo, por eso estoy en ese listado de Procasa”. Un tercer afectado —que también pide reservar su identidad— se interesó por uno de dos dormitorios de 220.000 euros, pero también ha tirado ya la toalla: “Me quedé sorprendido con la insistencia de la promotora para que no aceptásemos, creo que era una estrategia. Suponía arruinarme totalmente y todo bajo la bandera de una VPO”.

La promotora Grupo Q, la poderosa empresa sevillana que está promoviendo diversos edificios de renta libre en Cádiz desde hace años, se defiende y asegura “el estricto cumplimiento de la normativa vigente” en la adjudicación de sus VPO. Añade que su precio “está muy por debajo” de las de renta libre. Pero lo cierto es que una tormenta perfecta de factores ha endurecido las condiciones de unos pisos de protección oficial privados que, desde su inicio, estuvieron concebidos en régimen de precio limitado, el más alto de los tramos contemplados por la ley para estas nuevas construcciones. Álvarez señala como elemento clave a la Junta de Andalucía: “Es un suelo privado, pero su nuevo decreto ha supuesto un aumento de módulos a través de coeficiente. Esto supone la extinción de la VPO como la conocemos ahora y su función social. El PP va a construir viviendas, pero no van a ser accesibles”.

Fue en 2023 cuando el Ayuntamiento —entonces gobernado por José María González Kichi— anunció la compra por parte del Grupo Q de una promoción de las viviendas, junto a otras en la misma zona, empantanadas a medio hacer desde hacía décadas por la crisis del ladrillo. Suponía también la reactivación de la venta de edificios de VPO, después de 20 años de parón en una ciudad que lleva más de 30 años inmersa en una sangría poblacional impulsada por la falta de trabajo y de vivienda. Ya entonces se anunció que el régimen limitado de las VPO haría candidatas a familias con ingresos máximos de 5,5 veces el IPREM, tal y como ha recordado el actual consistorio del PP, que subraya no tener competencia alguna sobre una promoción privada. Menos de un año después de aquella rúbrica, en la primavera del año pasado, la Junta de Andalucía aplicó una subida de los precios de referencia del metro cuadrado y el precio base pasó de los 760 euros a los 894,36, que se incrementa hasta los 2.683,08 euros en precio limitado en Cádiz tras aplicar diversos coeficientes.

Ese es el baremo al que se ha acogido el Grupo Q, según explican desde la empresa, que también alega que el hecho de que las viviendas ya estuviesen a medio construir ha acortado los plazos de entrega y de pagos previos asociados. Aunque para Natalia Álvarez es solo una muestra de lo que se viene después de que la Junta aplicase este pasado mes de febrero más medidas para fomentar la construcción de viviendas, con un nuevo decreto ley de medidas urgentes. “El decreto sube el IPREM a gente con siete veces más, esos son 4.000 euros mensuales. Un rector de la Universidad ahora se puede poner en registro de demandantes. En nuestro registro de demandantes hay familias con ingresos de dos o una vez el IPREM, ¿para quién estamos construyendo?”, denuncia Álvarez.

Eva Tubío, trabajadora social del Ayuntamiento y concejala de Vivienda justo en el periodo en el que se rubricó el acuerdo de venta con el Grupo Q, censura también las medidas de la Junta, pero pide ir más allá. “Ahora el PP dice de incentivar el precio del módulo para que les salga más rentable a los privados; fomentan la VPO pero no llegan a los sectores más desfavorecidos. La Junta ha vendido suelo público a privados que acabará también como VPO en régimen limitado. Frente a eso defendemos que el suelo público lo desarrolle la propia Administración con parque público para alquiler social o asequible”, explica Tubío, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos. La exconcejala cree que solo así Cádiz podría, a la larga, influenciar y doblegar el mercado del alquiler en la ciudad y frenar la sangría poblacional que la lleva a estar cercana a caer del límite de los 100.000 habitantes.

Justo y su mujer llevan años haciendo malabarismos de alquiler, viviendo entre la capital y Puerto Real, sin perder nunca el empadronamiento en la ciudad. Es la única vía para subsistir con los 2.400 euros que entran en casa con sus salarios. “En Cádiz están haciendo un estropicio increíble. Esto se va a quedar para madrileños, catalanes o alemanes. Cualquiera de fuera tiene ese dinero que me pidieron, pero en la ciudad con más paro de España, no. Llevamos 25 años cotizados y no tengo un duro ahorrado”, se queja con amargura.

El gaditano asegura que, por dignidad, ni piensa acudir a firmar el rechazo a la vivienda de Marqués de Coprani. Ana está a punto de hacerlo y el tercer afectado ya lo rubricó. La lista de algo más de 160 familias que la empresa municipal Procasa envió a la promotora —unas tres por vivienda— baja, mientras la constructora asegura que ya tiene vendidos un tercio de los pisos. A los que han dicho que no les tocará seguir integrando una lista de demandantes de más de 6.000 familias. Pero Ana ya ha abandonado toda esperanza de que sirva para algo: “No voy a tener ni ahora ni nunca una casa”.