Magdalena Valerio regresa como consejera al Consejo de Estado tras anular el Supremo su designación como presidenta

La exdiputada socialista y exministra de Trabajo Magdalena Valerio ha tomado este jueves posesión de su nuevo cargo como consejera permanente del Consejo de Estado, después de que el Tribunal Supremo anulara su designación como presidenta de la institución en noviembre de 2023. El nuevo nombramiento de Valerio fue acordado por el Gobierno el pasado 5 de marzo, para cubrir la plaza que quedó vacante por la renuncia de Miguel Rodríguez-Piñero, quien la ocupaba desde 1996. La nueva consejera presidirá la sección segunda del Consejo de Estado, que se ocupa entre otros de los asuntos relacionados con el Ministerio de Justicia. El titular de este departamento, Félix Bolaños, presidió el acto de toma de posesión —como está legalmente previsto—, y en su intervención se refirió a Valerio como persona “extraordinariamente competente y con una trayectoria impecable”.

Magdalena Valerio fue nombrada presidenta Consejo de Estado —principal órgano asesor del Gobierno— en octubre de 2022, pero, un año más tarde, el Supremo resolvió un recurso de la asociación Hay Derecho anulando esta designación al estimar que la exministra no cumplía el requisito de ser persona “de reconocido prestigio” en el ámbito jurídico. Frente a este criterio, la Abogacía del Estado presentó un incidente de nulidad por estimar vulnerados sus derechos fundamentales, en concreto el de recibir tutela judicial efectiva, pero el Supremo rechazó esa tesis.

Tras quedar vacante la plaza de Miguel Rodríguez-Piñero, el Gobierno recuperó a Valerio, con pleno apoyo del titular de Presidencia y Justicia, algo que ha quedado puesto de relieve este viernes en la toma de posesión de la exministra. Bolaños definió a la nueva consejera permanente como jurista con “un profundo conocimiento de las instituciones del Estado desde todos los niveles de la Administración”, lo que la “habilita para desempeñar el cargo del que hoy toma posesión”.

En su discurso de ingreso, Valerio se dirigió a la actual presidenta del Consejo, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, para recordar “el trabajo” conjunto “desde el Ministerio de Igualdad y desde el de Trabajo” para lograr la aprobación de medidas relativas a “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombre en el empleo y la ocupación”, y en general para la “promoción de la conciliación de la vida personal y familiar y para avanzar en el principio de corresponsabilidad entre ambos progenitores”. Citó entre las reformas legales aprobadas el cambio en la propia ley que rige el funcionamiento del Consejo de Estado, para garantizar la “presencia equilibrada de mujeres y hombres de forma que cada uno de los sexos suponga como mínimo el 40%”. También mencionó que la primera mujer que se incorporó al Consejo de Estado fue Carmen Iglesias, actual presidenta de la Real Academia de Historia, quien accedió al órgano asesor del Gobierno en 1996.

La nueva consejera permanente agradeció la reiterada muestra de confianza demostrada por el Gobierno con su nombramiento, y citó el discurso de ingreso del exministro de Justicia socialista Fernando Ledesma, quien dijo en aquella ocasión que “el mérito que el Gobierno haya podido tener en cuenta para nombrarme consejero permanente de Estado no es mío”, sino “un patrimonio colectivo que comparto y debo compartir con muchas personas”. Valerio hizo suyas estas palabras, para añadir: “Yo no sería nada sin aquellas personas que a lo largo de mi vida profesional y política han apostado por encargarme tareas de responsabilidad creciente en el Imserso, en el Insalud, en el Ayuntamiento de Guadalajara, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y luego en el Congreso de los Diputados, y en el Gobierno de España”.

Al darle posesión del cargo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, respondió a estas palabras de Valerio afirmando tener “la certeza de que, al igual que hizo en su etapa como presidenta de esta casa”, la nueva consejera permanente “sabrá aplicar su inteligencia política y su vocación cívica con una única finalidad: fortalecer las instituciones y el Estado de derecho y defender el bien común de los españoles”.