Conde-Pumpido defiende el carácter “imperturbable” del Constitucional frente a las críticas políticas

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha invocado este martes el legado de las Cortes de 1812 y la Constitución de 1978 para reclamar una nueva etapa de diálogo que haga posible recuperar consensos y “grandes acuerdos democráticos”. El órgano de garantías se ha reunido este martes en un pleno extraordinario celebrado en Cádiz, a cuyo término Conde-Pumpido ha efectuado unas declaraciones en las que ha destacado que “la independencia y la autonomía de los magistrados del tribunal está perfectamente garantizada por la Constitución”. Añadió que su labor está siempre sujeta a las críticas, pero que el tribunal se mantiene “imperturbable” ante las que tienen naturaleza política, y no jurídica.

El pleno extraordinario en Cádiz buscaba conmemorar el 45 aniversario del propio Constitucional, y hacerlo en la ciudad que alumbró la Constitución de 1812, por su significación histórica. Para predicar con el ejemplo, el órgano de garantías se aplicó en la búsqueda de consensos internos y debatió varios asuntos en los que estaba garantizada la unanimidad, y ha aprobado varias sentencias sobre derechos sociales que concedieron amparo a las demandas planteadas. Junto a ello, el tribunal se empleó a fondo por medio de su presidente en la defensa de su legitimidad e independencia, buscando alejarse, también físicamente, de las polémicas periódicas sobre sus resoluciones.

Tras comparecer ante los medios, Conde-Pumpido participó en un acto institucional en el que definió la Constitución como “el fruto de un pacto político y social alcanzado entre todos para convivir civilizadamente”. Se trata —añadió— de un acuerdo que “garantiza, de forma indiscutible, la unidad indisoluble de la nación española y la fortaleza del Estado social y democrático de Derecho”. Para garantizar la pervivencia de ese pacto —explicó luego Conde-Pumpido— el órgano de garantías debe permanecer “al margen” de la crítica política. En sus declaraciones ante los medios, se extendió sobre estas ideas citando al expresidente del tribunal Francisco Tomás y Valiente, cuando afirmaba que todas las sentencias del Constitucional recibirán “o bien aplausos o bien críticas”. Y defendió la utilidad de las críticas de naturaleza jurídica, porque “ayudan a reflexionar”, a diferencia de las que tienen naturaleza política, que los magistrados no tienen en cuenta, porque “normalmente proceden de sectores políticos que no están de acuerdo con la sentencia” de que se trate en cada caso.

Para completar esta idea, Conde-Pumpido se refirió a los cambios de Gobierno registrados a lo largo de los 47 años de vigencia de la Constitución, relevos que han significado variaciones en la orientación ideológica de las leyes. En diversas etapas —explicó— han sido precisos acuerdos entre distintas fuerzas políticas, con el resultado de normas que tal vez no respondieran a los planteamientos iniciales de los partidos, pero con el propósito de garantizar una mayoría parlamentaria que propicie un Gobierno estable. “Nosotros —dijo Conde-Pumpido— en ese tema político no entramos, entramos en el texto definitivo aprobado por los parlamentarios y en si ese texto se contradice con la Constitución o no”.

“Evidentemente —prosiguió— las leyes son fruto de una decisión de consenso que se adopta en el Parlamento como conjunto de las opiniones de los políticos y como objeto de un debate, y nosotros lo respetamos”, ya que “luego lo único que tenemos que hacer es contrastar si la ley es constitucional o inconstitucional, pero para eso no tomamos en cuenta para nada las opiniones de los políticos”. Explicó también en este sentido que puede haber a lo largo del tiempo variaciones legislativas, leyes contradictorias con otras anteriores, y ser todas ellas constitucionales. “Si en algún momento la ley choca con la Constitución —añadió— es cuando nosotros la declaramos inconstitucional, sin entrar en los comentarios políticos que se hayan podido hacer”.

En cuanto a las sentencias que eliminaron o redujeron las condenas por el caso de los ERE de Andalucía que impuso el Supremo, Conde-Pumpido destacó que en el Constitucional se reciben anualmente unos 6.000 recursos de amparo frente a fallos del Supremo, y que en 2024 solo prosperaron 17 de dichas impugnaciones. Ello implica —dijo— que solo “excepcionalmente” se anulan resoluciones del Supremo. En tales casos —añadió— “nuestra obligación es adaptar esa resolución a la interpretación suprema que hace el Constitucional”.

El pleno del tribunal y el posterior acto institucional tuvieron lugar en el Oratorio de San Felipe Neri, donde tuvieron lugar las reuniones de las Cortes Generales a partir de 1811 y donde en 1812 se aprobó la primera Constitución española. Asistieron al acto institucional, entre otras autoridades, el alcalde de Cádiz, Bruno García de León; y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto Ballesteros.