El pacto de PSOE y Junts impulsa el reparto de menores migrantes desde Canarias

El acuerdo entre Junts y PSOE para delegar en la Generalitat algunas de las competencias estatales en inmigración ha desencadenado un efecto dominó que llegará hasta Canarias. Tras el anuncio del martes, el Gobierno da por reactivada la negociación del cambio de la ley extranjería para imponer la distribución de menores migrantes por todas las comunidades autónomas. Hace tiempo que no se cuenta con el apoyo del PP, pero las perspectivas respecto a la posición de los neoconvergentes han cambiado. Fuentes gubernamentales advierten de que modificar la ley siempre fue el objetivo, pero la medida, tumbada el pasado verano en el Congreso por el no del PP, Vox y Junts, llevaba meses en un cajón por la falta de apoyos. “Junts quería las competencias para sentarse a hablar de menores y eso es lo que estamos negociando ahora”, apunta a EL PAÍS una fuente ministerial. “Parece que están por la labor”, anuncia otra.

La situación crítica de los cerca de 5.800 menores en Canarias (y los 420 en Ceuta) se ha convertido en uno de los temas que más está desgastando a todas las partes de la negociación. Tras los intentos para lograr los apoyos del PP, el presidente canario, Fernando Clavijo, lanzó una nueva propuesta con el apoyo del PNV para no encallarse con el cambio de la ley de extranjería que no avanzaba. El parche consistía en aprobar un reparto extraordinario de 4.400 menores (4.000 desde las islas y 400 desde Ceuta), pero la última noticia que se tuvo de él fue hace ya un mes, cuando la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y Clavijo celebraron haberse puesto de acuerdo en los criterios para distribuir a los niños. Después de aquello, silencio.

El ánimo es ahora otro, aunque las frases medio entusiastas de hoy suenan a las que se han repetido en distintas ocasiones a lo largo del último año. Al sentarse a negociar, Junts no escondía que sin el acuerdo sobre las competencias en inmigración no apoyaría una solución para los menores, según sus interlocutores. Tampoco obviaba que su pretensión (aún hoy) es que a la hora de ponderar el reparto, Cataluña no recibiese más niños. “Hace un año votamos en contra porque se nos dijo que la idea era destensionar a Cataluña, la comunidad más tensionada, pero se decidió enviar más menores. Hasta que no tengamos una propuesta que rebaje la presión no podemos [apoyarla]”, han defendido estos días fuentes de Junts.

La primera cuestión, el acuerdo de las competencias, está mucho más despejada que hace unos días, mientras que la referente al reparto sigue dependiendo del peso que se dé a los criterios de distribución (renta, esfuerzo de acogida, población, insularidad y frontera…). Independientemente de la fórmula escogida, aseguran fuentes gubernamentales, Cataluña sí tendrá que acoger, pero los cálculos, que tienen en cuenta que la región ya cuenta con un excedente de plazas en comparación con otras, apuntan a que los traslados se limitarán a unas decenas de menores. Es el mismo caso que el País Vasco.

Otra de las llaves para desbloquear la negociación la tiene la ministra y vicepresidenta, María Jesús Montero, que se reunirá el lunes con Clavijo. De ella depende la fórmula de financiación que contente a todos los que tienen que apoyarla. La versión de máximos del PP, cuando aún participaba de las conversaciones, exigía que el Estado cubriese todos los gastos de los menores trasladados hasta que cumpliesen los 18 años, pero las fuentes consultadas dudan que Montero asuma todo ese peso.

La idea inicial es que se establezca un montante por niño (entre 90 y 145 euros al día) para cubrir alojamiento, manutención y atención y una cantidad fija para cofinanciar las inversiones que tendrán que hacer las comunidades para acoger y atender menores y contratar el personal necesario. Además, cubriría los gastos de Ceuta y Canarias derivados de los traslados.

Según un documento interno al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el supuesto de distribuir 4.500 menores, se estaría hablando de 225 millones de euros anuales que, como exige Canarias, podrían adelantarse antes de la derivación. En el caso de que Hacienda acepte cubrir gastos hasta la mayoría de edad, como también pide Canarias, esta cifra iría decayendo cada año, según los adolescentes trasladados (la mitad aproximadamente entre 16 y 17 años) alcanzan la mayoría de edad.

Aun superada la aprobación en el Congreso, otra cuestión será cómo se lleva el reparto a cabo teniendo en cuenta que la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el PP. Su líder en el Congreso, Miguel Tellado, ha deslizado en privado que a su partido también le conviene que esta cuestión se resuelva, pero anunció (y cumplió) que no lo pondría nada fácil. Lo más probable, asumen en el Gobierno, es que según entre en vigor, si finalmente ocurre, los populares se precipiten a interponer un recurso en el Constitucional.

Mientras tanto, los casi 6.000 menores en Canarias continúan en condiciones de hacinamiento, en centros que deberían acoger a algunas decenas, pero que se han estirado hasta varios cientos. De los 88 centros de acogida en las islas, 49 siguen siendo de emergencia. “En 2023, abrimos instalaciones de emergencia con la intención de cerrarlas y no solo no lo hemos hecho, sino que no hemos parado de abrir más. Mi principal problema es que no tengo más espacio”, lamenta la directora general de Protección a la Infancia de Canarias, Sandra Rodríguez. También son enormes las dificultades para documentarlos por lo que la mayoría sigue sin tener la autorización de residencia a la que tienen derecho y faltan actividades adecuadas para su formación. Tampoco han tenido un tratamiento especial los más de 600 niños malienses que han pedido asilo y que siguen en las islas, cuando el Ministerio de Migraciones podría asumir su atención en centros para adultos de la Península. Y se perpetúa un problema recurrente desde hace años: los errores en las reseñas policiales están llevando a decenas de niños a centros de adultos y de adultos a centros de niños.