Incertidumbre y miedo tras el desalojo de un asentamiento chabolista en Níjar: “¿Qué vamos a hacer ahora?”

Con cara seria, cansado traspasar la noche prácticamente sin dormir, Mehdi, marroquí de 23 años, observaba cómo se le acercaba una excavadora. “¿Qué vamos a hacer ahora?”, se preguntaba consciente de que su chabola, construida con palés y plásticos, iba a ser derribada por mandato judicial en cuestión de segundos. A su alrededor, sobre una valla, había mantas, neveras, ventiladores, bolsas de ropa, herramientas, una camiseta de la selección de Marruecos. Eran los pocos enseres que quedaban a sus vecinos, los habitantes del cortijo El Uno, a las afueras de San Isidro, en el municipio de Níjar (Almería, 31.816 habitantes). Es el asentamiento que durante la mañana de este martes fue demolido por una excavadora, dejando a sus 60 residentes en la calle sin que ninguna administración les ofreciese alternativa.

El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Almería ordenó a principios de mes el desahucio de este campamento tras la denuncia del propietario del terreno. Este martes las chabolas del lugar desaparecieron con rapidez tras los golpes de la maquinaria, mientras que se dejaron en pie un puñado de pequeñas casitas medio en ruinas y una vieja nave industrial, donde convivían varias familias con hasta nueve menores. Algunos de sus habitantes del recinto llevaban allí diez años y otros apenas unos meses, durmiendo en habitaciones estrechas, con luz pero sin agua potable. Y en las que este martes apenas quedaban cajas vacías, bidones, papeles y perchas. También un pequeño peluche de Peppa Pig y una cocinita de juguete.

A primera hora de la mañana, ajeno a todo, un pequeño de dos años y medio trataba de subirse sin caer a una pequeña bicicleta de plástico. “El resto de niños está ya en el colegio”, explicaba Fouciya, mujer en la treintena que tenía poco claro qué hacer con su vida ni dónde dormir a partir de ahora. Junto a una pintada en la que se leía “No al desalojo” había un patinete con dos maletas. Es todo lo que podía llevar otra de las residentes de este rincón rodeado de invernaderos. En ellos trabajan muchos de los habitantes de El Uno, con papeles o sin ellos. “Tomate, pimiento, calabacín”, relataba Mehdi, empadronado en Níjar desde hace años. “Hacemos temporadas, lo que podemos”, añadía su amigo Maati, de 27 años. “No sabemos a dónde ir”, añadía el joven, que lleva un lustro empleado de manera intermitente en la agricultura intensiva. Como ellos, otras 3.500 personas residen en una treintena de campamentos similares en la comarca de Níjar. El mayor de ellos, Atochares, acoge a más de 500 migrantes, casi todos manos de obra para el campo.

Los residentes de El Uno pasaron todo el lunes, noche incluida, haciendo portes para sacar sus cosas antes de ser desahuciados. Unos han encontrado un sofá en casa de algún pariente. Otros tenían previsto montar de nuevo su chabola en algún campamento cercano. Una chica decidió viajar a Huelva en busca de trabajo y algunos más, a Murcia. Otra familia ha decidido retornar a Marruecos. Sentados sobre un viejo colchón en el arcén de la carretera, seis chavales miraban con desazón la que antes era su casa. “No sabemos qué hacer, es difícil”, decían. “Llevamos semanas buscando una vivienda, pero no hay nada para alquilar”, denunciaba Abdoul, de 33 años. Más suerte tendrán los seis hombres que estudiaba acoger Almería Acoge en uno de sus alojamientos temporales y las dos mujeres cobijadas por el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM). Tres de las trabajadoras de esta entidad ayudaban, Kamal, panadero de casi 50 años que ha dedicado una década de su vida a los invernaderos, a guardar sus cosas mientras él se subía a una bicicleta para buscar un techo donde dormir. “La vida es muy dura”, señalaba.

“Se están buscando la vida”

El desalojo transcurrió con normalidad. Aunque varios activistas montaron rudimentarias barricadas en los tres accesos al asentamiento, una excavadora las retiró con facilidad. Un dispositivo de Guardia Civil y Policía Local acompañó a la comitiva judicial que, puntual, a las 9.40 horas previstas, llegó con las notificaciones judiciales. Minutos después, las máquinas derribaban con facilidad las chabolas “sin incidentes”, confirmaban desde la subdelegación del Gobierno en Almería. “Es un acto injusto e inhumano”, han denunciado las organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos que forman la plataforma Derecho a Techo, que también ha criticado la pasividad de las administraciones y de la patronal agraria. “Ahora no tienen nada: solo les queda el suelo para dormir”, subrayaba el activista Ricardo Pérez mientras un grupo de chatarreros arramblaba con el mobiliario del campamento.

“La gente se está buscando la vida. Es una situación muy traumática ver cómo se destroza la vida, el hogar de estas personas. Y peor aún es hacerlo con la impotencia de ver que no hay ninguna alternativa, que nadie les ha planteado una solución”, lamentaba Daniel Izuzquiza, máximo responsable del SJM, que insistía en que las administraciones tienen la obligación de defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, “especialmente los niños”. Una queja de su entidad derivó en el informe del Defensor del Pueblo Andaluz que este lunes pedía al Ayuntamiento de Níjar que actuase “con carácter urgente y preferente”. El documento, dirigido al alcalde, José Francisco Garrido (PP) y firmado por el defensor, Jesús Maeztu, pedía al municipio que valorase la situación de vulnerabilidad de los residentes del cortijo El Uno, que se coordinase con otras administraciones para que no se queden en la calle “priorizando a las familias con menores” y que canalizaran sus recursos de la mano de las organizaciones sociales que trabajan en la comarca.

Fuentes del consistorio han insistido que este desalojo es un “tema privado” en el que no tienen responsabilidad o competencia. “No hay viviendas”, se excusaban para no proponer soluciones a las familias desalojadas este martes, aunque en la zona de Los Grillos —a tres kilómetros del cortijo El Uno— hay 62 viviendas ya listas y precisamente dirigidas a trabajadores del campo. Levantarlas costó dos millones de euros y, aunque llevan meses equipadas, están vacías a la espera de que el consistorio ceda su gestión a una entidad social. Desde la Junta de Andalucía recuerdan que desde 2023 han otorgado 4,7 millones de euros a las entidades locales —ayuntamientos— de Huelva y Almería para que construyan viviendas. Y que mientras municipios como Lepe lo han hecho, Níjar no. La administración autonómica cree que esta ha sido una situación muy singular, pero que la respuesta debía de llegar tanto de los Servicios Sociales municipales como del Gobierno central “que es el responsable de migraciones”. Nadie se responsabiliza del que es ya el cuarto asentamiento derribado desde febrero de 2023 en los alrededores de San Isidro tras los conocidos como Walili y Megasa, además de El Cañaveral, el único que primero realojó a sus habitantes gracias a la iniciativa privada y del SJM para después demoler las chabolas.