El juez propone sentar en el banquillo a La Fábrica de la Tele por revelación de secretos en el desaparecido ‘Sálvame’

El magistrado Marcelino Sexmero, responsable del Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, ha propuesto sentar en el banquillo de los acusados al paparazzi Gustavo González; a David Valldeperas, exdirector del desaparecido programa de televisión Sálvame (de Telecinco, Mediaset); al policía Ángel Jesús Fernández Hita; a la productora La Fábrica de la Tele; y a otras cinco personas físicas (entre ellos, otro agente) por su presunta implicación en el bautizado como caso Sálvame. El juez instructor los ha procesado por un delito de revelación de secretos por difundir datos confidenciales de famosos que les proporcionaba Fernández Hita, a quien también se le atribuye el delito de cohecho (descartado para el resto).

El juez ha concluido que el policía Fernández Hita accedió a datos reservados de, al menos, 182 personas: entre ellos, cantantes como Isabel Pantoja, Francisco González, Omar Montes o Àlex Casademunt; personajes públicos como Belén Esteban, Ángel Garó, Aramís Fuster; deportistas como Arantxa Sánchez Vicario, Miguel Torres y Alfredo Di Stefano; o concursantes de programas de telerrealidad como Gran Hermano. El magistrado ha propuesto también sentar en el banquillo a Mediaset como responsable civil subsidiario.

Las pesquisas del caso Sálvame arrancaron en abril de 2017, cuando la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional observó que Sálvame —emitido en Telecinco, dirigido por los imputados David Valldeperas y Alberto Díaz, y producido por La Fábrica de la Tele—, estaba ofreciendo en directo datos confidenciales recogidos en atestados policiales. Las primeras indagaciones llevaron entonces a los investigadores hasta Ángel Jesús Fernández Hita, un agente destinado en la Brigada Móvil de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Madrid. Según el sumario, desde 2009 y hasta 2018, este se aprovechó de su puesto para acceder a esa información reservada de famosos (como antecedentes, números de matrículas, direcciones de domicilios...), y se la facilitaba después a colaboradores del programa de televisión, con quienes había tejido una relación.

En el auto de procesamiento, al que tuvo acceso EL PAÍS, el magistrado Sexmero indica que Fernández Hita proporcionó esos datos al paparazzi Gustavo González; y a María de los Milagros Ximénez de Cisneros Rebollo, alias Mila Ximénez, fallecida en 2021. En esa línea, el juez insiste en que el “contacto” entre González y el policía era “semanal”; y añade que el colaborador de Sálvame solicitaba al agente abundante información sensible —incluso de menores y de expedientes sobre abusos sexuales o violencia sobre la mujer— y que le pagó algunas comidas al funcionario en restaurantes cercanos a Mediaset. Hita, un mitómano obnubilado por el famoseo, llegó también a pedirle al paparazzi “currar con ellos”.

El juez ahonda en que la dirección del programa de televisión “promovía la búsqueda de la información personal e íntima reservada”, y era la que elegía la “información a usar”. A su vez, el magistrado señala que González ofreció esa información “ilícitamente obtenida a las revistas Cuore y Rumore, que no conocían el origen de la fuente”. “Todo ello, con ánimo de enriquecimiento personal”, remacha el instructor Sexmero, que destaca que las nóminas mensuales pagadas por Sálvame al paparazzi oscilaron entre los 4.000 y los 18.000 euros.

Durante la instrucción, la defensa del programa ha sostenido que el policía era solo una fuente más y que, como tal, le ampara el derecho a la libertad de información. Sin embargo, el juez no comparte esa opinión y considera que existen indicios para sentar en el banquillo a la productora y a su exdirector por delitos de revelación de secretos. Sobre David Valldeperas, el magistrado escribe: “De las conversaciones intervenidas entre Gustavo y David, puede inferirse que el director tiene conocimiento de la cualidad de la fuente de la información requerida”.

Entre otros argumentos, el magistrado expone: “Los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen, garantizados por el artículo 18.1 de la Constitución, forman parte de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada. Salvaguardan estos derechos un espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas [...] [El Código Penal] también sanciona a quien, sin estar autorizado, se apodere, en perjuicio de tercero, de datos reservados de carácter personal o familiar de otro, que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado”.

Sexmero archiva la causa contra Alberto Díaz, exdirector del programa, y algunos antiguos trabajadores de Sálvame por “no constar de manera clara que conocieran el origen de la información obtenida”. El proceso tampoco sigue contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que estuvieron imputados como directores y dueños de La Fábrica de la Tele (que fue adquirida en su totalidad por Mediaset en 2024).