Trump aprieta a Feijóo

Era cuestión de tiempo. Desde hace varias semanas, la política española miraba de forma permanente hacia Donald Trump. Los principales dirigentes estaban fijando posiciones claras frente al arrollador arranque de su segunda presidencia. Pedro Sánchez, para intentar movilizar a los progresistas y ofrecerse como un bloque de resistencia. Santiago Abascal, para subirse a la ola ultraderechista. Pero faltaba uno: Alberto Núñez Feijóo, como es habitual, se puso de perfil intentando no mojarse. Dirigentes del PP explicaban que esa no es su guerra, y que con Trump tienen un problema, porque es el protagonista del juego de Sánchez, que busca ese marco de lucha contra la ultraderecha que le ayudó mucho en las elecciones de 2023, y porque a una parte del electorado del PP el presidente de EEUU le gusta, aunque a otra le horrorice. “Trump hace gracia a mucha de nuestra gente, puede sorprender a algunos pero es así, aunque a nosotros nos parece un desastre que va a perjudicar a España”, reconocía un dirigente del PP la semana pasada.

Feijóo iba dejando pasar los días y fue el único portavoz que no preguntó por este asunto el miércoles al presidente del Gobierno. Pero los movimientos de Trump cada vez aprietan más al líder del PP. El último, el discurso de su vicepresidente, JD Vance, en Múnich, una ciudad especialmente simbólica en la historia europea, que fue el corazón del nazismo y está en plena campaña para las elecciones alemanas. Vance se burló de las democracias europeas y les exigió que abran paso a la ultraderecha, además de los aranceles que van a perjudicar directamente a algunas industrias españolas como la del acero. Y este sábado Feijóo tuvo que entrar por primera vez a hablar de Trump, aunque, como siempre, a su manera, tratando de nadar y guardar la ropa. “No voy a ser ni de los que faltan al respeto a los presidentes de países democráticos ni de los que callan cuando nuestros sectores productivos están en riesgo. No soy como el PSOE o Vox: ni insulto al presidente de los Estados Unidos ni soy cómplice de algunas de sus decisiones que no compartimos”, aseguró en un mitin en Santiago de Compostela.

El líder del PP trata así de colocarse en el medio entre el PSOE y Vox, entre los antiTrump y los proTrump, cuando su idea inicial era hablar lo mínimo posible de este asunto. En la cúpula del PP creen que no les beneficia nada, porque es la agenda de Sánchez, la de la lucha contra “la internacional ultraderechista”, como la llama el presidente. Feijóo, explican los suyos, cree que la política española se mueve más por cuestiones nacionales, especialmente por el desgaste del Gobierno por los reveses judiciales y las batallas internas entre los socios, antes con Junts y ahora con Sumar. Y se siente claramente más cómodo ahí. En el PP tienen asumido que Sánchez no piensa en adelantar las elecciones y apuestan por una lluvia fina de desgaste hasta que llegue el momento de votar. En La Moncloa estaban convencidos de que Trump acabaría invadiéndolo todo y obligando al PP a entrar también a ese marco. Y así ha sido finalmente.

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Sánchez pide al PP que "rompa con Vox"

Poco antes de que Feijóo entrara al asunto que domina desde hace semanas todas las primeras páginas de los diarios españoles y prácticamente de todo el planeta, Sánchez le había retado a hacerlo. “Sobre la amenaza de aranceles por parte de la administración estadounidense, el Gobierno de España estará del lado de los agricultores, de los ganaderos, de la industria, de las empresas y de los trabajadores. Mientras, la ultraderecha y la derecha no han abierto la boca, no han dicho ni mu, están callados, porque son muy fuertes con los débiles, pero son serviles con los poderosos”, aseguraba. Sánchez aprovechó para recuperar el espíritu de la campaña de 2023, ahora renovado con la ofensiva de Trump: “Vox y la internacional ultraderechista lo que quieren es destruir Europa desde dentro. Por eso le exigimos al PP y a Feijóo que rompan todo acuerdo, todo pacto y todo entendimiento con el verdadero caballo de Troya de Europa, que es la ultraderecha de Vox”. Vox rompió los gobiernos autonómicos con el PP, pero aún están juntos en más de un centenar de ayuntamientos y los populares dependen de los ultraderechistas para sus presupuestos regionales.

El presidente ha centrado el eje de su discurso político en los movimientos de Trump, de Elon Musk y de lo que llama “la tecnocasta” de billonarios que ayudan a la ultraderecha mundial. El Gobierno es consciente de que la izquierda vive un momento de debilidad en buena parte del mundo, pero cree que la única manera de salir de ahí es precisamente con gobiernos progresistas como el español que tengan buenos resultados económicos y logren transformaciones relevantes para los trabajadores. Por eso hay tanto malestar en el Ejecutivo esta semana porque una mala gestión política por parte del Ministerio de Hacienda, que critican incluso en el sector socialista del Gobierno. Una buena noticia, un hito del Ejecutivo como la sexta subida del salario mínimo, hasta acercarse a los 1.200 euros frente a los 735 en los que lo dejó el PP, se ha convertido en una crisis grave de la coalición de difícil solución.

Diversos dirigentes socialistas asumen en privado que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que defiende que el salario mínimo siga sin pagar IRPF, le ha ganado la batalla en la calle a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y titular de Hacienda, que ha decidido que ahora sí tendrán que tributar, algo menos de 25 euros al mes, casi la mitad de la subida de 50 euros aprobada para este año- Montero sostiene que ya no se puede sostener más esa excepción al llegar el SMI a cuotas ya de “salario digno”. Otros acusan a Díaz de “populista” y “desleal” por dar esta batalla de forma tan pública y tensar la coalición. En Sumar explican que fue Montero la que complicó todo, porque estaba pactado que Díaz se manifestase muy suave en la rueda de prensa del martes tras el Consejo de Ministros -se había acordado que diría “ya conocen mi posición [contraria a que el SMI pague IRPF]” sin cargar más las tintas- pero Hacienda quiso hacer pública la decisión justo antes de esa comparecencia y eso rompió todo.

Montero ha optado por mantener la posición y llevarla hasta el final. Sumar, en principio, tiene más posibilidades de ganar la batalla, porque el PSOE está solo en esto y la suma de votos de los demás, incluido el PP, podrían revertir la medida en el Congreso. Pero los socialistas confían en una negociación antes de llegar a ese extremo y en cualquier caso creen que Sumar también tendrá desgaste si une sus votos a los del PP para una cuestión tan sensible como esta.

En el Gobierno hay preocupación con este asunto, que no tiene fácil salida. El presidente, de momento, no se ha mojado, lo que deja todo abierto. Algunos sostienen que es mucho mejor que haya discusión sobre las medidas del Ejecutivo, sobre su agenda económica y la subida del SMI, porque eso le permite poner el foco en su gestión, algo que casi no ha logrado en los últimos meses. “Bendito debate”, llegó a decir el viernes el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. De hecho, algunos en el PP llegan a pensar que todo es un “paripé” en la coalición para darle protagonismo a Díaz y desviar la atención. Nada indica que sea así. La discrepancia parece real y sin salida sencilla.

Pero el problema de fondo es otro, según admiten miembros del Ejecutivo: Montero tiene cada vez menos margen de acción porque en el Congreso ya no hay una mayoría a favor de una política impositiva más ambiciosa, una auténtica reforma fiscal progresista, que está en el cajón desde 2022, cuando se presentó un informe de los expertos nunca aplicado. Junts y PNV consiguieron tumbar el impuesto a las grandes energéticas. El voto de Podemos tumbó el del diésel. Y esas dos caídas de ingresos aprietan a Montero para no aceptar más pérdidas.

Sumar reclama, como otros grupos de izquierda, que no recaiga el peso sobre el SMI justo cuando acaba de caer el impuesto a las energéticas, esto es: que no paguen los de abajo las caídas de recaudación porque dejan de aportar los de arriba. Pero con la mayoría actual es muy difícil pensar en un consenso para nuevas reformas de impuestos más allá del pacto que se cerró de forma angustiosa en diciembre para que las grandes empresas paguen un mínimo del 15% en Sociedades, algo que la UE exigía para el siguiente pago de los fondos europeos. La batalla entre el PSOE y Sumar seguirá, y puede que haya algún punto intermedio sobre el SMI para cerrar un acuerdo. Lo que resulta seguro es que la gran reforma fiscal pendiente en España desde hace ya décadas no llegará con estos números en el Congreso.