La vivienda, en urgencias

La vivienda protagoniza las conversaciones ‘de la calle’. Su precio y las dificultades para acceder a ella preocupan al 84% de la ciudadanía, según el Barómetro de febrero de 40dB. para EL PAÍS y Cadena SER, un porcentaje que no presenta variaciones significativas desde 2023. Este asunto, por tanto, inquieta profundamente desde hace al menos dos años. Y lo hace trasversalmente: es el único de los ocho incluidos que no divide políticamente a progresistas y conservadores, los primeros más angustiados por la crisis climática y la igualdad y los segundos por la inmigración y la marcha de la economía. Curiosamente, ni siquiera se observa un choque frontal en las actitudes de inquilinos y ‘caseros’: la gran mayoría de quienes poseen propiedades en alquiler manifiestan mayoritariamente inquietud por el problema social de la vivienda.

Obviamente, cuando un asunto preocupa extensa e intensamente, se hace necesario ofrecer respuestas. Hay razones para pensar que se debería priorizar la vivienda entre los problemas apremiantes que esperan ser resueltos. Primero, la mayoría (siete de diez) cree que el problema de la vivienda sí tiene solución: no domina el escepticismo. Segundo, la vivienda ocupa la segunda posición en el ranking de asuntos que urge solucionar en España, únicamente por detrás del coste de la vida, que, en el imaginario colectivo, bien podría estar incluyendo lo que cuesta tener un hogar.

Tercero, la ciudadanía tiene bastante claro cuál debe ser la orientación que se dé a las políticas de este ámbito. Así, ante el dilema de si se debe hacer la vivienda más accesible, aunque sea menos rentable para los propietarios o lo contrario, las tres cuartas partes de los/as entrevistados/as eligen la primera opción: menor precio y mayor accesibilidad. Incluso entre los ‘caseros’ esta es la respuesta mayoritaria, como también lo es entre los votantes de Vox, los más reacios a que bajen los precios (en ambos casos, algo más de seis de diez están a favor de medidas orientadas en este sentido).

Finalmente, hay un amplio apoyo social a muchas de las propuestas que han protagonizado el debate político en los últimos tiempos. Alrededor de ocho de cada diez se muestran a favor de reforzar las inspecciones de viviendas turísticas ilegales, tal y como pretenden el PSOE y Sumar, así como de flexibilizar las condiciones para acceder a vivienda de protección oficial en propiedad, como propone el PP. Ofrecer seguros de impago y asistencia jurídica a propietarios/as que alquilen sus viviendas vacías (PP) o dar incentivos fiscales a quienes alquilen sus viviendas a precios asequibles (PSOE) son otras de las medidas que cuentan con un respaldo amplio y, además, transversal. Otras, como limitar el número máximo de viviendas en propiedad que debería tener una persona, provocan mayor división social, no solo entre progresistas (más partidarios de las limitaciones) y conservadores (menos partidarios), sino también dentro de los propios bloques, especialmente en la derecha. La vivienda, en suma, lleva tiempo en urgencias. Hay propuestas y consensos. Y la sociedad no puede esperar mucho más.