Luigi Ferrajoli, filósofo: “La oposición a la amnistía es reflejo de una obsesión identitaria de tipo nacionalista”

Luigi Ferrajoli (Florencia, 1940), teórico del derecho, es una eminencia entre los juristas en Italia y en el resto del mundo, sobre todo en el de habla hispana. Discípulo de Norberto Bobbio, exmagistrado, catedrático emérito de Filosofía del Derecho, en diciembre publicó un artículo de opinión en EL PAÍS en el que dijo que veía “síntomas inquietantes de la politización inadecuada de una parte importante del poder judicial español”. Siendo una voz externa a la pelea política de cada día en España, Ferrajoli aporta perspectiva en una conversación en su casa de Roma.

Pregunta. ¿Qué le preocupa en España?

Respuesta. Por lo que respecta a la magistratura, seguramente hubo una reforma equivocada que comprometió la separación de poderes, la de 1985, que convirtió al Consejo General del Poder Judicial en un órgano de nombramiento político. La separación de poderes no es solo una separación funcional, la prohibición de injerencia del Gobierno, sino que también debe ser orgánica. Y esta reforma ha sido una de las más infelices porque dañó esa dimensión, la orgánica. Que este Consejo haya tardado cinco años en renovarse era un síntoma de la voluntad de mantener una mayoría, solo explicable con razones digamos impropias. Y el hecho de que los magistrados no hayan planteado el tema no es un buen síntoma. Por otro lado, también mencioné el hecho de que los magistrados adoptaron una postura contra la propuesta de ley de amnistía. Y aquí tenemos el problema opuesto, es un fenómeno de corrección institucional, los magistrados no deben interferir de forma tan explícita en la evaluación política que está en la base de una ley. Por supuesto que existe la libertad de pensamiento y no estoy hablando de nada más que de una incorrección institucional.

P. ¿Le impresionó ver jueces manifestándose en la puerta de los tribunales?

R. Sí, también en Italia tuvimos con Manos Limpias [la investigación judicial contra la corrupción de los años noventa] jueces que iban a la televisión para criticar leyes. Sí, eran leyes equivocadas, pero fue una mala conducta institucional, una incorrección. La separación de poderes hay que defenderla en ambas direcciones.

P. La reforma de 1985, que hizo el Gobierno del PSOE, se explicó en su día como un modo de equilibrar un poder judicial con muchos magistrados heredados del franquismo.

R. Era necesario tener paciencia y esperar que la magistratura se renovara de forma natural. Por el contrario, una reforma constitucional de esta magnitud ha acabado por representar un debilitamiento de la independencia de la magistratura. Yo hablo por lo que he oído a compañeros y amigos, el nombramiento político termina en un reparto con predominio de partidos mayoritarios y por lo tanto el organismo que debería garantizar la independencia no es en sí mismo independiente, se ve de alguna manera comprometido por el hecho de que los mismos magistrados que aspiran a ir al Consejo terminan por establecer relaciones con el mundo político que tendrá que seleccionarlos.

P. Usted propondría un sistema como el italiano, por ejemplo, en el que los jueces eligen a la mayoría de los miembros.

R. Italia es un buen modelo. Dos tercios de los miembros del Consejo son elegidos por los magistrados y solo un tercio, por el Parlamento. Y, naturalmente, la elección parlamentaria implica una división entre mayoría y minoría, entonces ahí también hay un equilibrio. Pero el grueso de los miembros es nombrado por los jueces. Y esto determina dentro de la magistratura un entendimiento entre las diferentes corrientes, que es un fenómeno fisiológico, en mi opinión, democrático.

P. Esto en España lo propone el Partido Popular, aunque en el PSOE replican que una mayoría de jueces tiene perfil conservador y esto garantizaría una eterna mayoría de jueces conservadores.

R. Yo creo que hoy la magistratura es diferente de 1985. Insisto, la fuente de legitimación de la jurisdicción es opuesta a la de legitimación de la política. No es la representación de la voluntad popular, sino la aplicación de la ley, y un juez debe ser capaz, por su independencia, de absolver cuando todos piden una condena, y de condenar cuando sucede al contrario, en ambos casos en presencia de pruebas, claro. Porque el consenso, o el disenso, de la prensa, de la política, no hace verdadero lo que es falso, y falso lo que es verdadero. El consenso se puede determinar muchas veces, pienso en Italia, por el protagonismo de magistrados, esas formas de populismo que se desarrollan dentro del poder judicial. Naturalmente, esto no quita que el mundo político, la prensa y la opinión pública tienen el derecho y el deber de expresar sus opiniones, de criticar a los magistrados.

P. En España se habla desde hace tiempo de lawfare. ¿Qué opina?

R. Creo que no se pueden poner límites al derecho de crítica de los periodistas, que es diferente de la crítica de representantes del Gobierno. El Gobierno haría bien en no decir nada sobre el ejercicio de la jurisdicción. Si la manifestación de los magistrados contra la amnistía es una incorrección institucional, también lo es que el Gobierno hable de los procesos. Es la prensa la que debe hablar de ello.

P. En España hay otra peculiaridad, la figura del fiscal general del Estado, designado por cada Gobierno.

R. Esto tampoco está en absoluto de acuerdo con la separación de poderes. Por desgracia existe en gran parte del mundo, en Italia afortunadamente no. Un fiscal de carácter electivo o peor todavía, elegido por el Gobierno, es un fiscal cuya certeza de imparcialidad está comprometida al menos a nivel institucional.

P. Incluso ha habido una fiscal general que había sido ministra de Justicia de ese Gobierno.

R. Son fenómenos patológicos. Repito, la separación de poderes debe ser a la vez funcional y orgánica, y por tanto no debe haber interferencia.

P. Usted se ha declarado a favor de la amnistía, punto de choque crucial en España entre algunos jueces y el Gobierno.

R. Las amnistías son parte de la fisiología de los sistemas penales, pero en este caso además se trata de delitos políticos y después de muchos años del hecho, y es un factor de pacificación y, paradójicamente, de refuerzo de la unidad nacional. Yo creo que esta historia se ha dramatizado excesivamente. Naturalmente fue un asunto grave, pero no era necesario recurrir al derecho penal, aquel referéndum debía considerarse inexistente. Han pasado siete años, no tiene ningún sentido, en Italia hicimos la amnistía para los fascistas en 1946, la hizo Togliatti [entonces ministro de Justicia y secretario general del Partido Comunista Italiano], y por hechos incomparablemente más graves. Es decir, la amnistía por delitos políticos es un hecho necesario para restablecer la unidad. Aquí, por el contrario, la oposición a la amnistía es paradójicamente un signo de obsesión identitaria de tipo nacionalista contra los catalanes. El papel de la política, de derecha o izquierda, debe ser el de superar estas divisiones. Porque este tipo de oposición solo puede fomentar a su vez la obsesión identitaria catalana. Se trata de fenómenos muy peligrosos y es irresponsable que la política alimente estas obsesiones identitarias. En este caso la oposición a la amnistía es el reflejo de una obsesión identitaria de tipo nacionalista.

P. Esto dice quien critica a algunos magistrados que actúan contra la amnistía.

R. Magistrados evidentemente que a su vez son expresión de la derecha, también porque, volvemos a lo mismo, el CGPJ probablemente ha estado controlado por la derecha. Todo se debe al carácter politizado del Consejo y que luego se refleja en toda la magistratura.

P. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se sale de esto?

R. La reforma del CGPJ por supuesto no resuelve los problemas inmediatamente, pero en el futuro asegura un crecimiento progresivo de la independencia del poder judicial respecto del poder político. Es un fenómeno, naturalmente, que también está ligado al tiempo, los veteranos se jubilan. Pero la garantía de la separación de poderes también es necesaria para evitar fenómenos de politización de este tipo. Hay que tener confianza en las lógicas institucionales. Y aquí importa mucho la deontología de los magistrados, la importancia de garantizar la inmunidad del inocente frente a la arbitrariedad. Son sistemas muy delicados. Es un poder terrible, decía Montesquieu. Y las garantías sirven para hacerlo menos terrible y arbitrario. Lamentablemente, se trata de un margen de discrecionalidad que no se puede suprimir. Las garantías y la deontología deberían ser los límites para reducir al máximo la arbitrariedad y la falta de imparcialidad.

P. Cuando le llamé me dijo: hablamos de España, y luego de la crisis de la democracia. ¿Qué les pasa a las democracias?

R. Actualmente tenemos una concepción simplificada de la democracia. Es decir, la idea de que la única fuente de legitimación de los poderes públicos es el voto. Se ignora que la democracia es un sistema complejo que tiene no solo la dimensión política, sino otra quizás más importante que consiste en la tutela de lo que ninguna mayoría puede decidir, los derechos fundamentales. Eso tiene que ver con la democracia en un sentido aún más significativo que el voto. Porque concierne a todos, y no a la mayoría, y sobre todo, porque mientras el voto tiene que ver con la forma de las decisiones, los derechos fundamentales tienen que ver con los intereses vitales de las personas.

La paradoja es que actualmente esta concepción simplificada de la democracia, que ignora, descuida, los límites y las obligaciones de los poderes públicos, acaba por producir una simplificación de los sistemas políticos. El soberanismo que se proclama ahora en realidad es la forma de gobierno más funcional a la subordinación de la política a los mercados. Es mucho más efectiva cuanto más los sistemas políticos no se basan en un pluralismo político, sino en gobiernos personalizados, sistemas personalizados. En esa dirección van todas las simplificaciones de los sistemas políticos.

P. Usted defiende que la democracia no es una construcción jurídica abstracta, sino política, social.

R. La dimensión política está ligada a la participación. Está claro que los derechos solo se defienden si hay una lucha constante por ello, a través de una constante movilización de la opinión pública, con la prensa, la crítica del poder por parte de la sociedad. En cambio, hoy asistimos a un aumento de la pasividad, crece la abstención.

P. ¿Cómo explica este desinterés de la gente que ha perdido la fe en la política?

R. Por la involución de la política. Cuanto más decepciona la política, menos participación, y a su vez la política se vuelve más autónoma de sus bases sociales. Las involuciones populistas se explican con esta relación directa, no mediada por los partidos, entre los líderes y la opinión pública a través de la televisión, las redes sociales. La pasividad de la opinión pública es síntoma de la incapacidad de la política para expresar los intereses de los electores, pero también un signo de rebaja del sentido moral y del sentido cívico de los ciudadanos. No solo hay una responsabilidad de la clase política, también de la sociedad. Las asociaciones y los movimientos no son suficientes, los partidos son los lugares donde se forman y seleccionan las clases dirigentes. Kelsen decía que la hostilidad a los partidos equivale a la hostilidad a la democracia. Un paso más en la crisis de la democracia está en el poder directo de grandes multimillonarios con un enorme poder condicionante. Pensemos en los grandes fabricantes de armas, un factor muy grave que influye en la política. Creo que solo hay una garantía de paz, como he sostenido en el proyecto para la Constitución de la Tierra, que es prohibir la producción y comercio de armas como crimen contra la humanidad. Creo que vamos hacia una situación de total irrelevancia del derecho internacional.

P. Sobre la inmigración, ha dicho que “se está fascistizando el sentido común”.

R. Sí, el derecho de emigrar fue inventado por los españoles, por Francisco de Vitoria, cuando se trataba de legitimar la conquista. Ahora ese derecho se ha transformado en delito. Estas leyes contra los inmigrantes se promulgan porque captan consenso. Es la única razón, porque necesitamos mano de obra migrante. Y el hecho de que tengan consenso es el síntoma de una disminución del sentido moral. Porque cuando la inmoralidad, la desigualdad, el racismo, se ostentan a nivel institucional tienen un efecto de contagio, de legitimación. De lo contrario no entenderíamos el fascismo y el nazismo, que tuvieron el consentimiento de las mayorías. Pensemos en Trump cuando llama animales a los migrantes, significa legitimar la desigualdad en el sentido común, que los migrantes son personas inferiores. Hemos tenido la descolonización, pero la mentalidad colonial se ha mantenido.