El PSOE decide que el Consejo del Poder Judicial sea elegido por las Cortes

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista han decidido introducir en la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que ayer comenzó a debatirse en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, que los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por las Cortes. Esta iniciativa, que había sido recientemente descartada, se ha impuesto, con el máximo respaldo de la cúspide del Gobierno y del PSOE, en las reuniones mantenidas este fin de semana por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y altos cargos de su departamento con los ponentes socialistas.

La constitucionalidad de esta fórmula de elección será considerada por el Tribunal Constitucional, ya que es segura la presentación por el Grupo Popular del correspondiente recurso contra la LOPJ.La posibilidad parlamentaria de introducir el citado sistema de elección de los 20 miembros del CGPJ la proporciona una enmienda del diputado de Euskadiko Ezkerra (EE) Juan María Bandrés, inicialmente rechazada por la ponencia, pero que los socialistas pretenden resucitar en el actual trámite de comisión o en el Pleno de la Cámara. Para que prospere este sistema que significará un cambio importante en la estructura del órgano de gobierno de la Justicia -12 de cuyos miembros se eligen actualmente por los propios jueces y magistrados- el PSOE exige que todas las minorías lo acepten, a excepción del Grupo Popular.

Diez de los 20 miembros del CGPJ serían elegidos por el Congreso y los otros diez por el Senado. En todo caso, para respetar lo que establece la Constitución en su artículo 122, los 12 vocales que hasta ahora elegían los jueces y magistrados los elegirá el Parlamento entre miembros de la carrera judicial.

Según fuentes parlamentarias, en esta decisión ha pesado la estructura conservadora de la carrera judicial y la próxima necesidad de nombrar los magistrados del Tribunal Supremo y de las audiencias, así como la designación de dos magistrados del Tribunal Constitucional, para todo lo cual el PSOE considera necesario que la mayoría parlamentaria pese en la estructura de la justicia española. La propuesta incluye que los 20 vocales elegidos por el Parlamento no puedan ser relevados por el mismo durante su mandato de cinco años y que, igualmente, no puedan ser reelegidos, a fin de asegurar durante su mandato la imparcialidad.

Recuso del Grupo Popular

En todo caso, el futuro arbitraje del Tribunal Constitucional está asegurado, ya que, como latió ayer durante la primera jornada de debates en la Comisión de Justicia e Interior, la presentación del recurso de inconstitucionalidad está asegurada, según confirmó el portavoz del Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón.

Las primeras escaramuzas dialécticas del debate en la Comisión de Justicia e Interior, que preside el diputado socialista Pablo Castellano, las protagonizaron en nombre de los dos primeros grupos de la Cámara, los portavoces conservador, José María Ruiz Gallardón, y socialista, Francisco Granados, quienes se obsequiaron mutuamente con calificativos como el de "disparate", o "dislate" para sus respectivas posiciones.

En relación con la ejecución de sentencias, Ruiz Gallardón mostró su indignación al no aceptarse que se exija una ley para la declaración de utilidad pública o de interés social que permita la expropiación de "derechos reconocidos en una sentencia firme, antes de su ejecución". El texto aprobado permite que tal declaración pueda realizarla el Gobierno, con lo que éste, según estima José María Ruiz Gallardón, "invade la decisión judicial".

Las referencias de Ruiz Gallardón a que los socialistas no se atienen en su trabajo parlamentario a los principios jurídicos sino a las instrucciones políticas recibidas, dio origen a que Granados reprochara al diputado conservador actuar de acuerdo con los criterios de la asociación profesional de la magistratura.

Entre las escasas enmiendas admitidas ayer, figura una suscitada por Bandrés, en relación con el artículo que establece que la Justicia será gratuita en los supuestos que establece la ley. Bandrés pidió que, en el ejercicio de la acción popular, desaparezca la fianza.