El PP cuela en el Supremo un bulo contra medio Gobierno de Pedro Sánchez

La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló Domenech, ha tramitado sin saberlo a través del secretario de Gobierno de este órgano judicial una denuncia falsa, según las comprobaciones hechas hace días por la Fiscalía Anticorrupción, que archivó el procedimiento cuando llegó a sus manos.

La denuncia falsa pone bajo sospecha de graves delitos a seis ministros del Gobierno de Pedro Sánchez y a cuatro altos cargos. El abogado que firma la denuncia atribuye a los dirigentes socialistas la propiedad de cantidades millonarias ocultas en bancos de República Dominicana, según la información que ha recibido y de la que no ofrece ningún dato sobre su origen ni sobre su veracidad.

El abogado envió su denuncia al senador del PP Eloy Suárez, presidente de la comisión de investigación del caso Koldo, quién a su vez la trasladó al presidente de la cámara Alta, Pedro Rollán (PP). Este alto cargo envió la denuncia a Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo. El pasado 30 de diciembre, Perelló informó a Rollán de que había trasladado la documentación al secretario de Gobierno del Supremo “a los efectos que en Derecho procedan”.

La denuncia falsa fue finalmente remitida por el secretario de Gobierno al magistrado de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta contra el exministro José Luis Ábalos por el supuesto cobro de comisiones ilegales de una trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes. Esa denuncia y otra similar que incluye también entre los dirigentes socialistas con dinero oculto en el extranjero a Begoña Gómez (esposa del presidente, Pedro Sánchez) y Sonsoles Espinosa (mujer del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero) han sido desestimadas hace días en la Fiscalía Anticorrupción por su falsedad manifiesta. Sin embargo, determinados medios de comunicación y el propio PP han dado credibilidad y publicidad a la denuncia, pese a que una simple lectura de la misma desata múltiples dudas sobre su verosimilitud.

El abogado Eduardo Martín-Duarte, responsable de otras acusaciones de corte conspiranoico, fue quien remitió el pasado 16 de diciembre a la comisión de investigación del Senado del caso Koldo la “información que había recibido”. Sin ninguna base documental sólida ―apenas un puñado de folios sin sello de ningún tipo en los que aparecían mecanografiados unos supuestos números de cuentas corrientes y saldos en dólares junto a los nombres de ministros y altos cargos socialistas―, Martín-Duarte denunciaba que al menos seis miembros del Gabinete de Pedro Sánchez y otros cuatro altos cargos socialistas ocultaban cantidades millonarias en tres entidades financieras de República Dominicana (los bancos Santa Cruz, Caribe y Promerica).

El abogado acompañaba su denuncia de numerosos recortes de medios digitales de escasa credibilidad con informaciones sobre sospechas sin acreditar de vuelos del Gobierno a República Dominicana. “Con el presente escrito se aporta información recibida sobre supuestos depósitos y cuentas bancarias que presuntamente estarían abiertas en bancos de la República Dominicana al parecer a nombre de diferentes personas referidas en las declaraciones del señor [Víctor de] Aldama y publicaciones en diferentes medios, que serían ministros del Gobierno y diputados del Parlamento español”, señalaba el abogado.

Anticorrupción contra el bulo

El mayúsculo bulo contenido en el escrito ha sido desactivado por la Fiscalía Anticorrupción, que recibió una denuncia similar y, tras unas comprobaciones, descubrió que ni siquiera correspondían los datos aportados con las entidades referidas en la denuncia.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvo que informar a los medios de comunicación de que esa denuncia y otra parecida, aireada sin freno en la cadena Cope por el empresario Víctor de Aldama, imputado por corrupción en dos causas penales que instruye la Audiencia Nacional, eran falsas y fueron archivadas el pasado 22 de enero por su nula credibilidad. Pese a ello, el grupo parlamentario del PP en el Senado (primero el presidente de la comisión del caso Koldo, que la recibió, y luego el presidente de la cámara, que la remitió a la presidenta del Poder Judicial) ha conseguido colarla en el Supremo.

Los servicios jurídicos del PSOE están estudiando acciones legales no sólo contra el abogado denunciante, sino también contra el presidente del Senado por haber dado trámite a una denuncia manifiestamente falsa.

La papelera de las cámaras

Fuentes jurídicas parlamentarias consultadas por EL PAÍS explican que este tipo de denuncias son analizadas previamente y la inmensa mayoría acaban en la papelera de las cámaras por su manifiesta falsedad. Sólo en algunos casos, cuando la base documental es sólida, son remitidas a comisiones del Senado o del Congreso para su análisis y, si procede, se trasladan finalmente a los órganos judiciales.

El grupo socialista del Senado ha pedido explicaciones sobre el comportamiento del PP y del presidente de la cámara Alta al tramitar una denuncia de estas característica que pone bajo sospecha de grave corrupción a medio Gobierno y a cuatro altos cargos socialistas.

La técnica utilizada por el abogado denunciante ―unos folios con números de cuentas y saldos con el nombre de los denunciados sin ningún sello ni marca de la entidad financiera donde están depositados los fondos― es similar a la que llevó a la cárcel al exjuez Fernando Presencia por sus reiteradas denuncias falsas contra jueces, fiscales y políticos.