La contaminación fecal deja sin playa y negocios a miles de vecinos en el norte de Tenerife

El 3 de julio, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz cerró al baño de forma indefinida el enclave conocido como Playa Jardín, un conjunto de tres calas diseñadas por el artista César Manrique en los noventa y que desde aquellos años se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del norte de la isla. Un informe del Gobierno de Canarias detectó el 21 de junio valores alarmantes de la bacteria Escherichia coli. Esta decisión fue el desenlace de un problema larvado desde 2016, cuando la calidad de las aguas comenzó a degradarse sin que hasta ahora el Ejecutivo, el Cabildo o el Ayuntamiento hayan puesto remedio. Una fuga en un emisario a ocho metros de la costa parece haber disparado el deterioro. La situación ha provocado incluso una investigación de oficio de la Fiscalía provincial, que confirma que ultima una denuncia contra los responsables políticos de este abandono, aunque sin aclarar por el momento de qué Administración.

La playa difícilmente recuperará la normalidad este año o en 2026. “Viviendas vacacionales, bares, restaurantes, todos nos hemos visto afectados. Nadie quiere venir a una playa contaminada”, sentencia Tania Hernández, presidenta de la plataforma Punta Brava Stop Vertidos al Mar. La afectada es parte de la costa del Valle de la Orotava, una zona próspera al norte de la isla en la que confluyen los municipios de La Orotava, Los Realejos y el Puerto de la CruzAntes de ser vertidas al mar, las aguas residuales de la comarca pasan por la Estación Depuradora de Aguas Residuales Valle de la Orotava, cuya titularidad corresponde al Cabildo, pero está gestionada por Aqualia (filial de FCC). La instalación fue construida a mediados de los años noventa para atender al Puerto de la Cruz. Hoy se ocupa de los tres municipios. Los vecinos y la oposición municipal apuntan a esta instalación como primer origen de la contaminación. “No da abasto, y las aguas fecales acaban en el mar sin tratar”, remacha Hernández.

El Cabildo anunció en 2022 a bombo y platillo una ansiada remodelación completa. Pero estas obras, que cuentan con financiación desde 2023, ni siquiera han dado comienzo. Sí está en marcha una adecuación parcial que deberán permitir aprovechar parcialmente desde marzo el agua vertida como agua de riego, según informa la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias del Cabildo, Blanca Pérez (Coalición Canaria).

El verdadero problema parece estar, sin embargo, en uno de los emisarios que parten de la depuradora y que debía verter a 105 metros de la costa el agua tratada. Este tubo submarino presenta una fuga desde 2020 a unos diez metros de la orilla. Esta avería, denuncia el grupo socialista, no fue comunicada hasta 2023 al municipio por el Cabildo ni por parte del Gobierno de Canarias. “Nosotros nos dimos cuenta porque, en los últimos años, hemos ido viendo cómo la mancha marrón cada vez más cerca de la costa en la zona de Punta Brava [una de las tres calas que componen Playa Jardín]”, señala el PSOE.

Se da la circunstancia de que el PSOE ganó las elecciones en 2023, pero fue desalojado de la alcaldía en agosto tras una moción de censura de Coalición Canaria, PP y Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), con lo que tanto la corporación local como el Cabildo insular y el Gobierno autonómico están controlados por las mismas formaciones políticas. El actual equipo de gobierno ha rehusado explicar su punto de vista. “La competencia la tiene el Cabildo y [la Consejería de] Transición Ecológica [del Gobierno de Canarias]”, argumenta una portavoz. El anterior alcalde, el socialista Marco González, sí habla. “El Puerto de la Cruz lleva años siendo víctima de una inacción estructural que hoy se traduce en el cierre de su playa más emblemática”, explica, mientras critica que no se haya declarado la emergencia de las obras. “Aunque el problema era evidente desde 2020, no se han tomado las medidas necesarias”.

Poco antes de ser desalojado, el anterior equipo de gobierno encargó en agosto un estudio a una empresa privada que medía ocho puntos de muestreo y, aseguran, solo en uno de ellos ―que coincidía exactamente con el punto de rotura― la preeminencia de las bacterias Escherichia coli y Enterococos superaba en unas 50 veces los niveles máximos. Blanca Pérez, sin embargo, niega la mayor. En opinión de su consejería, Playa Jardín “tiene otros problemas” entre los que no figura la fuga del emisario. Sobre este punto, subraya que los estudios del Cabildo muestran que no ha afectado a la calidad del agua, toda vez que las corrientes empujan los residuos “al lado contrario de la playa”. Y sentencia: “La degradación de la playa viene desde 2016, antes de que hubiese una avería”.

No parece tener la misma opinión la Fiscalía Provincial, que el 30 de julio inició de oficio un procedimiento que está en fase de resolución ante el estado del emisario y que desembocará en una denuncia contra los responsables políticos del desastre ―el ministerio público no puede querellarse contra una Administración, como el Cabildo o el Ayuntamiento―. Pérez tampoco considera que la depuradora pueda estar vertiendo agua no tratada debidamente, aunque la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila (Coalición Canaria), parece discrepar. A mediados de este mes, tras anunciar un millonario acuerdo para garantizar la financiación del tratamiento de aguas en la isla, aseguró que “la ampliación de la depuradora es muy importante para acabar con los vertidos y con la situación que está viviendo Puerto de la Cruz en Playa Jardín”.

Pérez apunta, por el contrario, al Ayuntamiento, a un deficiente sistema de bombeo de aguas fecales y a los propios vecinos del barrio de Punta Brava, de quienes dice que vierten directamente al mar a través del sistema de aliviaderos. Algo que discute el exalcalde socialista González: “El barrio no ha experimentado aumento ni de población ni de negocios o de una actividad industrial notable que pudiera originar un empeoramiento de las aguas”.

“Son un conjunto de circunstancias que se han agravado”, resume una portavoz de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. “Desde 2020 se detecta una fuga en el emisario, que va a más y se convierte en una grieta. En esa grieta se trabaja para su reparación. Además, se actúa para mejorar la calidad del agua, trabajando en los aliviaderos del municipio y la red de saneamiento”.

Mientras las administraciones no se ponen de acuerdo sobre la causa del vertido, Playa Jardín lleva más de 200 días cerrada y, seguramente, lo estará durante todo 2025, dado que las complejas obras necesarias (tanto para reparar el emisario como para ampliar la depuradora o mejorar el saneamiento) no han siquiera comenzado. Los vecinos se desesperan. “El Ayuntamiento promete y promete, pero los vecinos no vemos soluciones. Esto puede ser el fin del barrio y del municipio”, alerta Tania Hernández, de la plataforma Punta Brava Stop Vertidos al Mar.