El caso de Valencia: cómo acelerar las ayudas públicas

El caso de Valencia subraya que la celeridad en la distribución de las ayudas públicas sigue siendo una asignatura pendiente. Hay obstáculos en su tramitación: la transmisión de información a sus beneficiarios, la identificación de estos, la acreditación de su derecho a percibirlas.

En parte se deben al (comprensible) prurito de administraciones y funcionarios de actuar correctamente, evitando la discrecionalidad y el mal uso de recursos procedentes del contribuyente. En parte, a sistemas administrativos anticuados. Pero el cinturón industrial de Valencia es asimismo un laboratorio de nuevas prácticas y métodos, sugerentes, aunque poco voceados.

Un paradigma histórico de la distancia entre el deseo y la realidad fue la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV, hoy, unos 470 euros mensuales) para ciudadanos españoles vulnerables carentes de cualquier otro recurso. Al crearse en plena pandemia, junio de 2020, se pronosticó que beneficiaría a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas. Casi dos años después apenas se alcanzaba a la mitad de ese universo. Algunos postularon una distribución directa, sin mediar solicitudes. Un método más prudente incorporó a las oenegés como gestoras para intermediar la subvención. En parte gracias a esa modificación el IMV roza ahora el objetivo inicial: más de 673.000 hogares en los que habitan más de dos millones de personas.

También el caso de la dana valenciana es —por desgracia actual— indicativo del ritmo demasiado pausado al que las ayudas alcanzan el bolsillo de los perjudicados. Tanto las totales previstas por la Generalitat, 1.320 millones de euros a final de año, de los que se habían abonado 210 millones, según la vicepresidenta Susana Camarero. Como las más actualizadas del Gobierno, 1.233 millones entregados a 9 de enero, sobre una disponibilidad total de hasta 16.600 millones, según la Info-Dana de Moncloa.

Pero, para esperanza futura, también incluyen un laboratorio de nuevas ideas. Quizá la novedad más prometedora, aunque no sea la cuantitativamente más relevante, sea el otorgamiento de “anticipos” de emergencia: con muy poca documentación requerida para las ayudas que palian los daños personales, materiales en enseres y en establecimientos, dispensados por Interior. De los 44 millones solicitados se han cubierto 40, un más que correcto nivel de ejecución.

Es verdad que el universo potencial es muy superior. Pero entre quienes causan derecho y quienes lo ejercen, hay un abismo: solo un 10% de las casi 30.000 familias-objetivo lo han solicitado. ¿Por qué? Por ser una herramienta inédita. Y por alguna intoxicación sugiriendo falsamente que generarían intereses: prueba de que también para toda medida aceleradora conviene la compenetración de todas las administraciones.

También sería útil disponer de un “modelo de actuación” asentado, como propugna el profesor Francisco Pérez, fundador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas: quizá al modo de una “task force” compacta, inter-ministerial e inter-administraciones, simplificando aún más (se ha avanzado bastante) los documentos y formularios para la obtención de ayudas, y facilitando un mejor acceso a la información, y a la logística: dónde acudir y cómo. La rápida aplicación de los ERES ensayados en la pandemia constituye una lección de que, aun siendo casos de excepcionalidad muy distinta (aquella no destruyó viviendas ni activos productivos) es una pauta, que ha servido para mantener a un nivel aceptable los ingresos globales (y, al menos de momento, el empleo) de la población perjudicada.

Un aspecto esencial es la transparencia en la presencialidad no ya de las ayudas económicas sino de los apoyos físicos. ¿Es normal que los 19.000 efectivos de militares, policías, guardias civiles y forestales y otros funcionarios desplazados apenas se haya sentido como un empeño de proximidad, cuando han desatascado vías y viviendas, factorías y garajes, y se han dedicado a socorrer a los arrinconados y a localizar cuerpos?. “Han acarreado la maquinaria pesada y han despejado las infraestructuras básicas”, reivindica la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Quizá su distribución inicial, muy acotada a alguna localidad por la administración competente, haya contribuido a minorar la percepción de su contribución clave.

Último, pero no menor. También los esenciales apoyos fiscales (reducciones, exenciones, moratorias, ayudas de Hacienda y de la Seguridad Social), a un plazo menos inmediato, podrían ampliarse. Es sugerente el imperativo de que “la reconstrucción de la vida de las personas y de las empresas no suponga pagar impuestos”, como formula Diego Lorente, secretario general de la Asociación Valenciana de empresarios, AVE. Traducción: eximir totalmente del IVA a los enseres que deban aún adquirir las familias por culpa de la Gran Riada, a cargo de Hacienda, y que “a toda la solidaridad, en forma de donaciones, se exima de tributación” al donante, algo al alcance de la administración autonómica. Si además disminuye el ruido y se debaten cifras y criterios, todo puede aún mejorar. Hay demasiado margen para ello.