El hermano de Sánchez declara como imputado en Badajoz por una denuncia de Manos Limpias

El juzgado extremeño que investiga las supuestas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como director de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz en julio de 2017, comienza este jueves a tomar declaraciones a los investigados. La jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz e instructora del caso, escuchará al hermano de Sánchez y al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, como investigados por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Ambos afrontan la cita con tranquilidad, según relataron ayer. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, explicó que su cliente se encontraba “deseoso de explicar todo aquello que tenga explicación”. “Hay cuestiones que no le atañen y son extrañas a su conocimiento”, precisó el letrado. “Cuando no hace nada, nada tiene que temer”, declaró el presidente de la Diputación en la Cadena SER de Extremadura.

La jueza decidió a finales de noviembre llamar a ambos a declarar como investigados, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara un informe en el que, tras analizar miles de correos electrónicos, se apuntaba que el puesto de trabajo que fue adjudicado al hermano del presidente como coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia de Badajoz se creó de modo apresurado en octubre de 2016 ―en ese momento Pedro Sánchez acababa de dimitir como secretario general del PSOE tras perder una votación en el Comité Federal ante sus críticos― sin detallar las “necesidades primigenias” que se pretendían cubrir con él.

No obstante, los investigadores no llegaban en su análisis a ninguna conclusión clara y, de hecho, admitían que hasta el momento no habían podido concretar “de quién partió la iniciativa” de crear el puesto. El documento policial también recalcaba que no habían encontrado indicios de un supuesto incremento patrimonial injustificado de David Sánchez, como apuntaban la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la investigación.

Tras revisar el informe, la magistrada concluyó que existen “indicios racionales de criminalidad” por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda Pública y ordenó nuevas diligencias, entre ellas las citaciones de Sánchez y Gallardo.

La Fiscalía recurrió la imputación porque la jueza no concretaba ni indicios ni delitos y consideró que, tanto el hermano del presidente como los otros ocho citados como investigados tienen derecho a saber “los hechos que se les atribuyen”. Este jueves también comparecerán como investigados otros tres ex altos cargos de la Diputación de Badajoz.

La magistrada Biedma comenzó ayer a escuchar a los primeros testigos: los directores de los conservatorios pacenses Bonifacio Gil y Juan Vázquez, así como el exdirector del primero de ellos. Estos centros dependen de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, que dirige David Sánchez. También tomó declaración a tres testigos-peritos de la Agencia Tributaria en Extremadura. El abogado Emilio Cortés, representante de David Sánchez, acudió al Palacio de Justicia de Badajoz para asistir a estas declaraciones y avanzó que su cliente esperaba poder explicar este jueves todo lo que estuviera a su alcance.

La investigación se puso en marcha tras presentar Manos Limpias una denuncia sustentada en informaciones publicadas en prensa según las cuales David Sánchez no realizaba las funciones que tenía asignadas en la Diputación de Badajoz, no acudía a su puesto de trabajo y residía en Portugal presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en España. Además, afirmaba que el hermano del presidente tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado por el sueldo que percibía y su vida laboral anterior, uno de los datos que el informe de la Guardia Civil ha considerado “erróneo”. El BBVA ha certificado a la jueza que el hermano de Pedro Sánchez no tiene la fortuna que le atribuía Manos Limpias y un informe de la Agencia Tributaria ha llegado a la misma conclusión.

Tras las primeras declaraciones de este miércoles, Cortés aseguró que el informe previo de la Agencia Tributaria sobre el patrimonio económico de su representado tiene una “claridad meridiana” y que, con que los peritos los ratificaran sería suficiente, algo que también dijo sobre las declaraciones de las directoras de los conservatorios. “Van a ratificar verbalmente el contenido de los correos electrónicos relacionados con la convocatoria y resolución de la plaza de alta dirección de David Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, que era reglada y que no había fraude en su convocatoria”, mantuvo Cortés.

Gallardo: “Demostraremos que todo es legal”

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se mostró dispuesto a declarar cuanto antes y aclarar lo que la jueza necesite. “Hasta ahora hemos asistido a denuncias basadas en recortes de prensa, con un único objetivo, deteriorar la imagen del PSOE”, incidió en su intervención en la Cadena SER. También aseguró que no es casualidad que esta investigación se desarrolle ahora, cuando se ataca al entorno del presidente del Gobierno, después de que su hermano lleve siete años ejerciendo el puesto de trabajo en la Diputación provincial. “Nos estamos viendo arrastrados a una utilización interesada de la justicia por parte de la ultraderecha y de la derecha del Partido Popular que también se ha personado en la causa”, un precio político que el presidente de la Diputación de Badajoz cree que va a pagar el propio PP por el deterioro que supone para la convivencia democrática. “Como confío en la justicia, demostraremos que todo es legal y la causa acabará archivándose”, contaba Gallardo.

La creación de este puesto de alta dirección para coordinar los conservatorios provinciales de Badajoz, entre otras competencias, y la definición de sus funciones fueron dos procesos que se iniciaron en octubre de 2016, de ahí que la investigación judicial centre la mayor parte de la misma en ese periodo de tiempo.