La Fiscalía recurre la imputación del hermano de Sánchez porque la jueza no concreta ni indicios ni delitos

La Fiscalía ha recurrido la decisión del pasado 27 de noviembre de la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de citar como investigado a David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, y a otras ocho personas por supuestas irregularidades en su contratación en julio de 2017 por parte de la Diputación de Badajoz. El ministerio público considera que esta resolución judicial se limitaba a acordar las declaraciones para “garantizar la plena efectividad del derecho de defensa” de los nueve, pero no concretaba ni los indicios existentes contra cada una de ellos ni los delitos por los que se les investigaba. La fiscal del caso, Begoña García, insiste en su escrito en que antes de ir a declarar, los imputados ―entre los que está también el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo― deben saber “los hechos que se les atribuyen”.

La decisión de la jueza de imputar a David Sánchez y las otras ocho personas se produjo la semana pasada, solo un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara un informe en el que, tras analizar miles de correos electrónicos, se apuntaba que el puesto de trabajo que fue adjudicado al hermano del presidente como coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia de Badajoz se creó de modo apresurado en octubre de 2016 ―en ese momento Pedro Sánchez acababa de dimitir como secretario general del PSOE tras perder una votación en el Comité Federal ante sus críticos― sin detallar las “necesidades primigenias” que se pretendían cubrir con él.

No obstante, los investigadores no llegaban en su análisis a ninguna conclusión clara y, de hecho, admitían que hasta el momento no habían podido concretar “de quién partió la iniciativa” de crear el puesto. El documento policial también recalcaba que no habían encontrado indicios de un supuesto incremento patrimonial injustificado de David Sánchez, como apuntaban la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la investigación. Los agentes consideraban que el dato de 1,4 millones de euros incluido en esta era un “cálculo erróneo” al confundir el valor de las acciones del BBVA que tenía el hermano del presidente con el número de las mismas, y que la cifra real del patrimonio estaba muy alejada de la millonaria cantidad.

Pese a ello, la magistrada dictó un auto en el que concluía que del informe policial se desprendía la existencia de “indicios racionales de criminalidad” por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (prevaricación y tráfico de influencias) y ordenaba nuevas diligencias. Además de la citación como investigados de nueve personas, llamaba a testificar a los tres directores que han tenido los dos conservatorios provinciales en los últimos años y a otros tantos peritos de la Agencia Tributaria, así como requería a la Diputación de Badajoz nueva documentación sobre el concurso para el puesto de trabajo que finalmente obtuvo el hermano del presidente y el organigrama de la delegación de Cultura.

En su recurso a esta resolución judicial, la fiscal Begoña García incide en que si la pretensión de la jueza con la citación como investigados de David Sánchez y las otras ocho personas es garantizar su derecho de defensa, este no puede ser ejercido si no concreta previamente las acusaciones. La representante del ministerio público insiste en que la “genérica referencia que se realiza a ‘los delitos contra la Administración Pública investigados” no es suficiente, y reclama a la magistrada que haga “la valoración” sobre los indicios de criminalidad que considera que se recoge tras el informe de la Guardia Civil. E incide en que en el auto, aunque no sea necesario “razonar todo”, sí es imprescindible “un juicio de verosimilitud sobre la apariencia delictiva de los hechos en su día denunciados” y no una simple alusión al informe de la UCO. Por todo ello, pide la revocación del auto y que, antes de volver a citar a declarar como investigados a las nueve personas, la jueza determine de manera individualizada “los hechos concretos de imputación”.

La investigación se puso en marcha tras presentar Manos Limpias una denuncia sustentada en informaciones publicadas en prensa según las cuales David Sánchez no realizaba las funciones que tenía asignadas en la Diputación de Badajoz, no acudía a su puesto de trabajo y residía en Portugal presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en España. Además, afirmaba que el hermano del presidente tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado por el sueldo que percibía y su vida laboral anterior, uno de los datos que el informe de la Guardia Civil ha concluido “erróneo”.

Tras la denuncia, la jueza abrió diligencias de investigación el 30 de mayo y pidió a la Diputación de Badajoz abundante documentación, además de encargar a la Agencia Tributaria y a la UCO intervenir en las pesquisas. A la causa abierta se incorporaron como acusación, además de Manos Limpias, los grupos Iustitia Europa, Hazte Oír, Liberum y Vox. La magistrada ordenó posteriormente en tres ocasiones el registro de la Diputación pacense para intervenir los correos electrónicos de varias personas. La información recabada en ellos fue la base para el informe de la UCO que llevó a la jueza a dictar el auto ahora recurrido por la Fiscalía.