Última hora de la actualidad política, en directo | Aldama declara ante el Supremo sobre el ‘caso Koldo’
El empresario, presunto conseguidor de la trama, comparece ante el juez tras la declaración, el viernes, de José Luis Ábalos
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El empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo, está declarando ya ante el juez del Supremo Leopoldo Puente, que investiga la trama de comisiones en torno a la compraventa de material sanitario durante la pandemia. Aldama acusa a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, a este mismo y a otros cargos del Gobierno y del PSOE de cobrar mordidas por adjudicaciones de contratos a empresas de la trama. Los acusados niegan todas las acusaciones. El Gobierno afronta esta semana una batería de citas judiciales en el caso Koldo y en el caso Begoña Gómez. Además de Aldama, el martes será el turno de Koldo García, mientras que Ábalos ya prestó declaración el jueves en calidad de investigado por delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación. El miércoles, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, comparecerá por tercera vez ante el juez Juan Carlos Peinado, que la mantiene imputada desde abril. El jueves testificará una asesora de La Moncloa que hizo gestiones para Begoña Gómez.
El PP carga de nuevo contra el Gobierno por la nueva foto del Aldama en Ferraz: “Son una mafia”
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el portavoz parlamentario del partido, Miguel Tellado, se han hecho eco esta mañana de la información publicada por El Confindencial en la que se incluye una foto en la que aparece el empresario Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la trama Koldo, junto con el exministro socialista José Luis Ábalos, en la sede del PSOE en Ferraz durante una reunión con representantes del político venezolano Juan Guaidó, al que España llegó a reconocer como presidente electo de Venezuela. El Confidencial asume que la presencia de Aldama en dicha reunión demuestra que “el empresario medió para que los embajadores de Guaidó se reunieran en la sede del PSOE” con Ábalos.
Gamarra señala que el empresario “operaba en el corazón de Ferraz y en el corazón del Gobierno” y concluye que “la corrupción les llega hasta el cuello [al Gobierno y al PSOE] y su posición es cada día más insostenible”.
Tellado, por su parte, va más allá y afirma que el Gobierno y el PSOE “son una mafia”, afirmando que Aldama “lleva la voz cantante” en esa reunión y que “la única inventada es la que nos llevan contando Sánchez y súbditos desde hace casi un año”, en referencia al término, “inventada” con que Sánchez despachó las acusaciones vertidas por Aldama en la Audiencia Nacional, cuando acusó sin pruebas a miembros del Gobierno y del PSOE de cobrar mordidas.
El PP acusa al fiscal general de “huir del Senado sin justificación” por posponer su comparecencia
El PP ha acusado este lunes al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, de “huir del Senado sin justificación en este periodo de sesiones para no dar explicaciones por los escándalos que le acorralan”. La acusación se produce porque el fiscal ha excusado su presencia en la Cámara Alta en diciembre para presentar la memoria de la Fiscalía por compromisos adquiridos anteriormente.
García Ortiz, en una carta remitida a la presidencia de la Comisión de Justicia del Senado y difundida a los medios por el PP, comunica su disposición a comparecer “en cuanto el Senado reanude su actividad tras las fiestas navideñas”, ya que sostiene que tiene compromisos que le impiden hacerlo este mes.
El PP le acusa, sin embargo, de dar largas al Senado. “El Fiscal General se ha reído de las leyes, del Código Penal, de sus compañeros y ahora lo hace de todos los españoles escapando de la Cámara Alta”, dice el partido en un comunicado en el que resalta que “el lunes 16, la tarde del jueves 19 y el viernes 20 la agenda de Álvaro García Ortiz está totalmente despejada”, según su interpretación de la agenda pública del fiscal.
Los populares insisten en que García Ortiz acuda al Senado “para dar explicaciones por los escándalos que le acorralan”, aunque formalmente la comparecencia prevista es la presentación de la memoria de la Fiscalía. El fiscal general está imputado en la causa que investiga la presunta filtración de la negociación del novio de Isabel Díaz Ayuso con el Ministerio Público. “Álvaro García Ortiz hace tiempo que debería haber dimitido”, inciden los populares, que han hecho del fiscal una de las principales piezas a cobrarse políticamente.
Óscar Puente afirma que el Gobierno ya ha desmontado algunas de las afirmaciones de Víctor de Aldama
El ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende que el Gobierno sigue “trabajando” mientras los casos judiciales que afectan al Ejecutivo y al PSOE “tienen su propia vida”. “Lo que ha hecho el Gobierno ha sido desmontar algunas de las falsedades que se están pidiendo en sede judicial. Hoy mismo se presentará ante el Tribunal Supremo un informe muy extenso, tanto de ADIF como de la Dirección General de Carreteras, en la que se demuestra que lo que el otro día dijo Aldama por escrito no es cierto”, ha afirmado el ministro a su llegada a un acto organizado por el Diario de Valladolid.
“Lo que hago es desmontar con datos las cosas que ha dicho. En lo que se refiere a los contratos tanto de carreteras como de ADIF, lo que ha dicho es una completa falsedad, como se ha demostrado”, ha añadido Puente, que ha tratado de restar importancia a la imagen publicada este lunes por El Confidencial en la que se ve a Aldama con José Luis Ábalos en la sede del PSOE con representantes de la oposición venezolana: “Es un tema que ya no aporta nada nuevo. Ya se ha explicado en multitud de ocasiones que este señor participó en no sé de qué manera, eso tendrá que explicarlo quien le dio entrada, en negociaciones con el Gobierno o con embajadores de Venezuela. No es nada nuevo”.
El jefe de Desokupa, Daniel Esteve, junto al coche, tras bajarse del mismo el empresario Víctor de Aldama, en primer plano, a su llegada al Supremo. / Andrea Comas
El jefe de Desokupa, chófer de Aldama para su llegada al Supremo
Víctor de Aldama ha llegado al Tribunal Supremo en un coche conducido por Daniel Esteve, líder de Desokupa, la empresa dedicada a desalojos extrajudiciales. Esteve se ha bajado del vehículo, de alta gama, ha abierto la puerta al empresario investigado, le ha dado la mano como saludo y se ha vuelto a subir al coche para irse. Esta mañana, Esteve ha publicado un mensaje en Twitter en el que decía: “El que pueda ver la llegada de Aldama al Tribunal Supremo que lo vea. Que habrá sorpresas”.
En la literatura jurídica, “sentencias suicidas” son las carentes de un sustrato argumental capaz de dar cabal razón del fallo. También hay ejercicios de la jurisdicción susceptibles de ser adjetivados de idéntico modo. Y tal es el caso de la acometida judicial en curso contra el Fiscal General del Estado y la Fiscal Jefe de Madrid. Fundada inicialmente, según la Sala Segunda del Tribunal Supremo, “en hechos delictivos” (sic) consistentes en la difusión por la Fiscalía Provincial de Madrid de una nota informativa relativa a vicisitudes procesales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no se habría producido sin orden expresa del Fiscal General del Estado.
Aldama llega al Supremo para declarar sobre el ‘caso Koldo’
El empresario Víctor de Aldama ya ha llegado al Tribunal Supremo, donde está citado para declarar como investigado por la trama corrupta que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Aldama, considerado el conseguidor de la trama, ha llegado al tribunal en coche acompañado por su abogado y no ha querido hacer declaraciones ante los medios de comunicación que le esperaban en la puerta. El empresario tendrá que explicar ante el instructor del caso, Leopoldo Puente, el escrito que presentó en el Supremo el pasado 4 de diciembre como supuesta prueba del compromiso a colaborar con la justicia que le ha permitido salir en libertad tras estar encarcelado durante un mes y medio por su implicación en otra red corrupta. El documento entregado en el Supremo incluía un listado de supuestas obras “preadjudicadas” por Ábalos a cambio de comisiones.
El empresario asegura que también pactó con el exministro y exsecretario de Organización del PSOE darle un piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid valorado en 1,9 millones de euros como “garantía” de los pagos que varias constructoras le harían en un futuro a cambio de la adjudicación de contratos, y que “la solicitud de dádivas” por parte de Ábalos fue “constante”. En la documentación entregada al juez, Aldama señaló también a otros cargos del entorno del Gobierno y del PSOE, como el ministro Ángel Víctor Torres y Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Ábalos negó todas las acusaciones en su declaración ante el juez del pasado jueves, en la que aseguró que nunca cobró ningún tipo de contraprestación por las adjudicaciones de su departamento y señaló a De Aldama y a quien fuera su asesor en el Ministerio, Koldo García, como responsables de las operaciones bajo sospecha.
Las afirmaciones de Aldama también chocan con los informes elaborados por el Gobierno sobre las adjudicaciones señaladas por el empresario. Estos documentos, encargados por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, han concluido que no se han detectado irregularidades, que varios proyectos ni siquiera se han llegado a licitar y que el listado presentado por el empresario incluye expedientes tramitados por los antecesores de Ábalos en el cargo, Ana Pastor e Íñigo de la Serna, del PP, y por la sucesora de Ábalos, Raquel Sánchez, del PSOE.
La política de pactos de Esquerra Republicana (ERC) con los socialistas, tanto en el Gobierno central como en el de la Generalitat, ha centrado la carrera para elegir la nueva cúpula del partido. Y la reelección, el pasado sábado, de Oriol Junqueras como presidente marca, de entrada, un camino claro en ese punto: no habrá apoyos presupuestarios si no se cumplen los acuerdos ya adquiridos tanto por Pedro Sánchez como por Salvador Illa. La nueva ejecutiva republicana, que este domingo se ha reunido por primera vez, aspira a poner en marcha una comisión que cada seis meses haga seguimiento de los acuerdos de investidura. La secretaria general, Elisenda Alamany, hará de portavoz este lunes a la espera de decidir sobre quién recaerá esa responsabilidad.
El Gobierno afronta otro trago amargo en los tribunales con los interrogatorios programados esta semana en el caso Ábalos y en el caso Begoña Gómez. La oposición se prepara para aprovechar la intensa agenda judicial marcada en esta recta final del curso político, antes de que el presidente Pedro Sánchez haga el tradicional balance de año, previsto para la siguiente semana. El Ejecutivo estará muy atento a las palabras del empresario Víctor de Aldama. El comisionista acude a declarar este lunes al Tribunal Supremo después de hacerlo en noviembre en la Audiencia Nacional, donde desató una enorme tormenta con nuevas imputaciones contra la Administración socialista; y después de que un informe del Ministerio de Transportes, avanzado por EL PAÍS este domingo, desmintiese sus acusaciones sobre los amaños de obra pública. El miércoles también se ha señalado en rojo: ese día, la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, debe comparecer ante el magistrado Juan Carlos Peinado, que la mantiene imputada desde el pasado abril.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este lunes, marcado por la declaración en el Supremo de Víctor de Aldama, el presunto cabecilla de la trama del caso Koldo, sobre el pago de comisiones por la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia en el entorno del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos y en el que está implicado su exasesor Koldo García. También este está citado esta semana ante el juez del caso, Leopoldo
Puente.
Aldama, que ingresó en prisión en noviembre por su implicación en un fraude millonario en la compraventa de hidrocarburos, fue puesto en libertad hace unas semanas tras declarar en la Audiencia Nacional. En su declaración, que no tuvo nada que ver con el caso por el que declaraba, hizo una serie de acusaciones, sin pruebas, contra el exministro Ábalos, su exasesor y contra miembros del Gobierno, como el ministro Ángel Víctor Torres, o del PSOE, como Santos Cerdán. Está por ver si las reitera ante el Supremo, donde la semana pasada declaró Ábalos.
La digestión política de las declaraciones también marcará la agenda semanal, dado que el PP centra su labor de oposición en los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno.
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