Más de 20 organizaciones reclaman al Gobierno participar en la aplicación del pacto migratorio de la UE

El 7 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recibieron en La Moncloa a una veintena de organizaciones que apoyan a migrantes, para garantizarles su compromiso con los derechos humanos de quienes tratan de llegar a España, en un momento en que Europa camina en sentido contrario. La nota oficial del encuentro titulaba con la voluntad del Gobierno de ser “un ejemplo en materia de política migratoria y de protección internacional en la UE”. En el centro de la conversación estaba el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en abril de este año, y del que España debe presentar un plan para implementarlo en su territorio antes de que acabe el año. Dos meses después, esas ONG reclaman que han estado por fuera de su elaboración y temen que derive en un paso atrás en las garantías para la inmigración en España.

La alerta la envían organizaciones como Accem, Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o la Cruz Roja española, todas asistentes a la reunión de octubre en La Moncloa. En un comunicado, alertan de que la participación de la sociedad civil en el proceso es clave “en un contexto especialmente inquietante y cada vez más desfavorable para la garantía de derechos a nivel europeo”. Entre otros asuntos, se refieren a la propuesta de la Comisión Europea de valorar “soluciones innovadoras” como la creación de centros de internamiento en terceros países, como los que ha promovido la Italia de Meloni en Albania. “Esto supondría dar una vuelta de tuerca más a las amenazas que ya de por sí plantea el Pacto en materia de derechos humanos, debido a que “a todas luces pone en riesgo el principio de no devolución y en peligro de muerte el derecho de asilo en Europa”, escriben las ONG. España debe enviar ese plan de implementación antes del 12 de diciembre. Fuentes de Interior han respondido a este diario que hay interlocución con estas organizaciones y que están citadas a una reunión al respecto el 9 de diciembre, a la que asistirán la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio de Interior, Elena Garzón, y la directora general de Atención Humanitaria y Protección Internacional del Ministerio de Inclusión, Amapola Blasco.

Las organizaciones sostienen que hasta el momento España ha rechazado esas iniciativas y que en su plan de implementación del pacto europeo tiene “una oportunidad histórica” de tomar medidas que garanticen la protección de los migrantes. Piden que se desmarque explícitamente de “las fracasadas políticas migratorias de externalización y control de fronteras, que además de ser contrarias a los derechos humanos, provocan más muertes y sufrimiento en las rutas migratorias”, según se lee en el pronunciamiento que también firman Andalucía Acoge, Médicos sin Fronteras, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). Las ONG plantean que la implementación del pacto debe contemplar medidas que no sean privativas de libertad, debe garantizar la asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento, el análisis individualizado de las solicitudes, el derecho a intérprete o la tramitación de las solicitudes por el procedimiento ordinario cuando se detecten necesidades especiales o situaciones de vulnerabilidad en los procedimientos fronterizos, entre otras.

La discusión se da mientras en España cogen vuelo dos vías distintas que apuestan por la regularización de los inmigrantes y de su inclusión en el mercado laboral. Por un lado, el nuevo reglamento de Extranjería que el Gobierno aprobó el 19 de noviembre y que flexibiliza tiempos y procedimientos para acceder a permisos de residencia y trabajo —aunque levantó preocupaciones para los solicitantes de asilo, con quienes es más restrictivo—. Y por otro, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de inmigrantes que avanza en el legislativo aunque aún sin un futuro claro.

Las ONG firmantes del comunicado insisten en que la participación de la sociedad civil debe garantizarse para que “el respeto de los derechos humanos esté en el centro” del plan. Resaltan, además, que deben evitarse derogaciones y excepciones de las normas de asilo que puedan impedir en la práctica el acceso a la protección de las personas que la solicitan. Una preocupación que surge de la insistencia de Interior en la “instrumentalización” del asilo por parte de migrantes económicos.