El Supremo rechaza volcar por ahora el móvil donde Aldama asegura tener mensajes con altos cargos del Gobierno

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Ábalos en el Tribunal Supremo, ha rechazado realizar por ahora el volcado del contenido del teléfono móvil del empresario Víctor de Aldama como había pedido la defensa de este. Puente apunta en su providencia que no cierra la puerta a acordar la práctica de esta diligencia más adelante, pero que antes debe tomar declaración como imputado a Aldama el próximo 16 de diciembre para saber “en qué concretos aspectos lo considera relevante para los hechos que aquí se investigan”. Aldama asegura que en que ese móvil guarda los mensajes que se intercambiaba con altos cargos del Gobierno socialista y del mundo empresarial implicados en la trama, como Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o el titular de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres. En la misma providencia, el magistrado Puente ha acordado incorporar a la causa el escrito de alegaciones de Aldama y las más de 100 páginas de documentos anexos al mismo, y dar traslado de ello a las partes personadas.

El empresario apunta que su terminal es una especie de caja de pandora sobre la trama donde hay constancia de que “gente del actual Gobierno” contactó con él tras estallar el caso Koldo. “He tenido conversaciones con gente del actual Gobierno, que se han acercado a nosotros. Hay pruebas más que suficientes como que han intentado acercarse a nosotros para llegar a un acuerdo”, ha asegurado el empresario este jueves durante una entrevista en la WRadio, en Madrid, informa Julio Núñez. Aldama se niega a dar más información sobre esta acusación, tan solo ha admitido que de quién no posee mensajes es del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que en su declaración ante el juez acusó de haber cobrado 15.000 euros en un sobre de manos de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos y otro de los principales imputados en la causa.

El empresario presentó este miércoles un escrito de alegaciones de 37 páginas en el Supremo en el que asegura que en el teléfono que la Guardia Civil le intervino el pasado 7 de octubre —cuando lo detuvo por su presunta implicación en una trama de fraude de IVA de hidrocarburos— tiene mensajes de WhatsApp con altos cargos del Gobierno que supuestamente “corroboran” muchas de sus acusaciones que ha lanzado contra estos tanto en ese escrito como en su declaración el pasado 21 de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que inició la instrucción del caso Koldo por el supuesto amaño de contratos por la compra de mascarillas por parte de diferentes organismos públicos en lo peor de la pandemia.

Aldama aseguraba en dicho escrito que en ese teléfono guarda conversaciones que aún no han trascendido y se ofrecía a facilitar a los investigadores la clave para acceder a ellas, ya que el terminar cuenta con un sistema de encriptación. “Resulta necesario poder acceder al terminal del teléfono [que actualmente está intervenido dentro de la causa que se investiga en la Audiencia Nacional por la trama de hidrocarburos] para acreditar las múltiples conversaciones que se contienen con altos cargos del Gobierno”, señalaba.

En sus alegaciones, el empresario también aseveraba tener pruebas de cómo al menos nueve constructoras consiguieron licitaciones de obras públicas adjudicadas a dedo, a cambio de mordidas, por Ábalos, entonces ministro de Transportes y número tres del PSOE entre 2020 y 2021. Aldama adjunta en su escrito unas impresiones del listado oficial de obras de los Presupuestos Generales del Estado, en las que están subrayados con color rosa los contratos públicos que, según él, ya estaban “preadjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados”, sin ningún otro documento que confirmara sus afirmaciones. En la entrevista de este jueves, Aldama ha afirmado que no sabe cómo el entonces ministro y su asesor lograban licitar esas obras irregularmente saltándose todos los controles. El listado, dice, se lo entregó Koldo García. Seis de las nueve empresas acusadas niegan las acusaciones de pagar mordidas y dos de ellas estudian medidas legales, según han declarado a este diario.

Preguntado por el supuesto acuerdo entre él y Ábalos para que este se hiciera con un piso de valorado en 1,9 millones de euros situado en el madrileño Paseo de la Castellana, el empresario ha insistido en que la prueba que ha aportado a la causa ―un contrato de arrendamiento con opción de compra firmado por ambos― es suficiente: “Estoy cansado de que se pregunté dónde está la prueba: el sobre con el dinero y el cuchillo clavándoselo en el pecho no existe. Aquí hay una prueba de la firma de un ministro en el que alquila un piso con opción a compra que no habita. Es más que suficiente la prueba, por qué sino para qué lo alquila. Sino lo paga, si no lo alquila... Es una garantía de pago para cuando él va a entregar las adjudicaciones que se les pague eso o se queda el piso”, ha insistido.