Sánchez interviene ‘de facto’ a Mazón y reivindica el papel del Estado

Muchas cosas cambiaron el domingo 3 de noviembre, después de una inédita explosión vecinal contra el Rey, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat en Paiporta, el epicentro de la crisis de la dana que ha asolado la provincia de Valencia. Esas imágenes impactaron no solo en España, también fuera, y supusieron un antes y un después en la gestión política de la crisis. Pedro Sánchez, que fue golpeado con fuerza en la espalda y quedó dolorido durante días, hizo un giro claro ese día, en medio de una gran inquietud en el Ejecutivo de coalición, que veía cómo la ultraderecha y el lema “solo el pueblo salva el pueblo” triunfaban en las redes sociales. El presidente ordenó un cambio de estrategia que se ha materializado esta semana.

Desde entonces, el Gobierno, pese a que sigue respetando las competencias de la Generalitat y no ha declarado la emergencia nacional, de facto prácticamente ha intervenido a Carlos Mazón y su equipo. Es el Ejecutivo quien tiene ahora la visibilidad, quien pone los medios más relevantes, quien destina 10.600 millones de euros en ayudas y el que este próximo lunes desplegará otro paquete de refuerzo más a medio plazo en un Consejo de Ministros dominado por la dana. Mientras, la Generalitat se enreda en las distintas versiones sobre lo que hicieron su president y la consejera de Interior en la jornada en la que murieron más de 200 personas.

“Se está viendo claro que ellos están en la chapuza y nosotros en la gestión, con técnicos buenos, gente que sabe lo que hace. Estamos evitando entrar al cruce político. El domingo [en Paiporta] mucha gente pensó que esto se iba de madre. Esta semana todo se ha ido reorientando”, resume un miembro del Ejecutivo. Después de unos días con poca presencia, en los que solo hizo breves comparecencias sin preguntas, Sánchez ha optado por volver a las ruedas de prensa en las que anuncia medidas, como hizo durante la pandemia. Con toda probabilidad volverá a comparecer este lunes, con nuevas medidas de apoyo a una población muy golpeada.

02:06

El paquete de ayudas que anunció Sánchez

Sánchez ha ordenado multiplicar la presencia del Estado en las zonas afectadas. Hasta 18.000 empleados públicos de la administración central, entre militares, policías, técnicos especializados y forenses, con casi 4.000 vehículos, se han desplazado a la zona y han tomado el control de la situación. “Poco a poco se va viendo que no es el pueblo el que salva al pueblo, sino el Estado. Son los impuestos de todos los que van a permitir reconstruir el tendido eléctrico, las comunicaciones, el agua potable, las carreteras, los puentes, las conexiones ferroviarias, las calles, el alcantarillado, la atención médica, los colegios”, clama un miembro del Ejecutivo.

En La Moncloa preocupa especialmente que algunos influencers muy seguidos por los jóvenes hayan incorporado el discurso anti-Estado, o que personajes conocidos de la ultraderecha y el propio Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, hayan ido a la zona a tratar de decir que el Estado no funciona y que ellos ayudan más con las donaciones que han acumulado. Pero el Gobierno confía en que ahora, cuando ya está desplegada toda la potencia del Estado, se vea la realidad. “Pueden llevar un camión con ayuda, pero eso lo distribuye el Ejército en una hora. ¿Cuántos kilómetros de red eléctrica ha recuperado Desokupa o Alvise? ¿Cuántos kilómetros de carreteras o red ferroviaria? ¿Cuántas depuradoras?”, se pregunta otro miembro del Gobierno. Además, ahora viene una fase en la que, más allá de los voluntarios, que siempre son importantes, lo que hace falta es alta tecnología, maquinaria pesada, especialistas en reconstrucción, y muchas ayudas económicas. Y eso solo lo puede ofrecer el Estado.

Por eso el gran cambio esta semana ha sido la exhibición de todas las maneras posibles de la potencia del Estado y de su cercanía con los afectados. Los ministros están allí a diario: este sábado Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Óscar Puente sigue omnipresente en el seguimiento de las tareas de reconstrucción de carreteras y vías ferroviarias, con el hito previsto esta semana de la reapertura de la alta velocidad Madrid-Valencia y del bypass de la A-7. Y en La Moncloa han hecho un giro de estrategia de comunicación, con comparecencias diarias de técnicos que explican todo lo que están haciendo los militares, los policías. Y todos los ministerios, desde Transportes, Interior o Hacienda, pasando por Trabajo o Derechos Sociales, y también Economía con el consorcio de compensación de seguros, fundamental en una tragedia así.

“El domingo hubo imágenes de caos, podía parecer que nadie estaba al frente. Muchos se llevaron las manos a la cabeza, también fuera de España. Ahí algunos dijeron que había que intervenir la Generalitat, dar un golpe en la mesa. Pero Sánchez decidió no abrir ese frente porque esa guerra no es buena para nadie, aunque de facto el efecto es el mismo. Esta semana ha sido evidente que al frente de la crisis está el Gobierno, que está poniendo los medios, el dinero y un plan preciso en cuatro fases”, señala otro ministro.

“La comunidad está casi intervenida desde el principio. ¿Crees que fue Mazón el que decidió pedir 5.000 militares más? Claro que no. Estamos presionando todo el rato pero sin romper, que sería malo para todos y sobre todo para los afectados. Además, hay funcionarios buenísimos de la Generalitat haciendo un gran trabajo, los bomberos por ejemplo son extraordinarios”, resume una persona que está en la gestión diaria de la crisis. El cambio de orientación es claro.

El Gobierno aplica los criterios que le ayudaron durante la pandemia: gestión, escudo social y mostrar que la coalición se concentra en proteger a los ciudadanos y defender la utilidad de lo público. Ahora la duda está en saber si los ciudadanos lo percibirán así o el malestar que deja una tragedia tan devastadora se vuelca también contra el Ejecutivo central, como se vio en la masiva manifestación de este sábado en Valencia, centrada en las críticas a Mazón pero con algunos reproches dirigidos al Gobierno de Sánchez.