El tiroteo en las Tres Mil Viviendas: la violencia agrava la situación de un barrio que acusa la exclusión social

Los tiroteos no son inusuales en las Tres Mil Viviendas, la barriada sevillana más pobre de España. Tanto es así, que cuando ocurren apenas suscitan reacciones por parte de las autoridades. Pasó el pasado mes de junio, cuando dos personas fallecieron en una disputa en la que se utilizaron armas de fuego y blancas. Se trataba de una reyerta familiar y además la escena no fue grabada en vídeo ni difundida por redes sociales. Entonces el alcalde, el popular José Luis Sanz, no achacó el episodio a la falta de policías nacionales en la ciudad. Las ráfagas compatibles de un arma de asalto que taladraron la noche del Polígono Sur el pasado fin de semana y que rápidamente se hicieron virales sí parecen haber significado un punto de inflexión. El regidor ha puesto estos días la seguridad en el epicentro de las medidas para atajar el incremento de la violencia provocado por la expansión de los narcopisos en esa barriada, llegando a demandar del Gobierno “un planning de redadas” policiales. El subdelegado del Gobierno, sin embargo, ha insistido en que la situación en las Tres Mil Viviendas no puede circunscribirse solo a un problema de seguridad ciudadana y que hay que abordar simultáneamente asuntos como el desempleo, la remodelación urbanística o el fracaso escolar.

A ese punto de encuentro es al que llegaron en la reunión que ambos mantuvieron la noche de este jueves para analizar lo sucedido el pasado fin de semana. “Hemos puesto encima de la mesa que el problema no es solo de seguridad, aunque en este caso [el tiroteo del sábado] sí”, señaló Sanz al final del encuentro. El alcalde hispalense dijo que se habían comprometido a cumplir con sus competencias “para que los ciudadanos lleven una vida normal”. En este sentido, al Ayuntamiento le corresponde garantizar la actuación de los servicios públicos, articular planes de empleo, actuar en los colegios y abordar un cambio en la planificación urbanística. “Hay criterios urbanísticos que hay que cambiar porque hemos convertido algunos de estos barrios en guetos”, afirmó el regidor.

Sanz ha avanzado que su intención es demoler unos edificios abandonados en las Tres Mil para trasformarlos en zonas ajardinadas. En esta actuación tiene mucho que ver la Junta de Andalucía, otra administración implicada en la regeneración de los barrios más deprimidos de la comunidad y que ante el tiroteo se ha limitado a señalar que se trataba de un problema de seguridad para pedir al Gobierno “medidas urgentes para garantizar la seguridad y que no se pierda el principio del imperio ley”, tal y como reclamó el consejero de la Presidenta, Antonio Sanz. La mayor parte de esas viviendas abandonadas pertenecen a la Agencia Andaluza de Vivienda dependiente de la Consejería de Fomento, con quien el alcalde de Sevilla tiene previsto reunirse en los próximos días para abordar la posibilidad de su derribo.

“Esto cada vez está peor”

La droga, el desempleo, el fracaso escolar, la delincuencia, la exclusión social y la pobreza llevan décadas asociadas al Polígono Sur. Son su realidad y su estigma. El 45% de las 35.000 personas que viven allí están desempleadas, el 10% se calcula que viven del narcotráfico, la renta media es de 5.816 euros, la más baja de España; y acapara un 35% de absentismo. La extensión del cultivo de marihuana en sus viviendas y los enganches ilegales para poder cultivarlas ha incrementado en los vecinos la sensación inseguridad derivada de los enfrentamientos entre clanes. Y de miedo, provocado por las amenazas que reciben cuando se quejan de los continuos cortes de luz y buscan dotarse de mayor potencia en sus casas.

“Esto cada vez está peor”, reconoce Alonso de los Reyes Martínez, de 72 años. “Soy gitano nacido en Triana, pero que llevo viviendo toda mi vida aquí y cada vez hay más inquietud. Hay somos mucha gente honrada y es una pena que tengamos que pagar justos por pecadores”, explica en los veladores de la Asociación de Vecinos La Solidaridad, de la que también es portavoz.

El comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, coincide con el alcalde en que para atajar todos los problemas que tiene la barriada, es esencial garantizar la seguridad. “Esa es la clave. Sin seguridad es ascensor social, es muy difícil concienciar a una persona joven a que estudie y se forme si en su entorno ve que es más rentable plantar marihuana”, sostiene. De los Reyes también cree que una presencia policial más continuada ayudaría a prevenir los episodios de violencia. El pasado martes la Policía Nacional protagonizó un espectacular despliegue con agentes a caballo, drones y apoyo aéreo con helicópteros. 300 agentes cortaron todos los accesos de las zonas más deprimidas y peligrosas de las Tres Mil Viviendas y detuvieron a una decena de personas vinculadas al narcotráfico y al tiroteo del sábado y se incautaron de numerosa droga, sustancias estupefacientes y armas.

Aunque desde la Subdelegación del Gobierno se insistió en que este tipo de operaciones es habitual, los vecinos no recuerdan una redada semejante en años. “Lo que no vale es que ahora vengan todos y luego, como pasa siempre, nos abandonen”, advierte Rafael Pertegal, presidente de la asociación de vecinos Martínez Montañés.

Antonio Guerrero es el presidente de la fundación que lleva su nombre y que atiende a menores con necesidades especiales. Uno de sus locales está en el epicentro en que ocurrió el tiroteo del sábado por la noche y tiene claro que la seguridad debe ir acompañada de otras medidas sociales. “Hay que atajar otros asuntos, si no, los episodios de violencia serán una cosa cíclica”, indica. Para Guerrero la prestación de servicios públicos es esencial. “La limpieza, la electricidad son demandas de muchos vecinos, el problema es que se ven amenazados cuando dicen que quieren contratar más capacidad”, indica y se pone a él mismo como ejemplo. “Cuando supieron que había contactado con Endesa para ver cómo podíamos conseguir más electricidad me advirtieron de que ‘si lo hacía me iba a enterar”. Con todo, reconoce que en general el barrio “es tranquilo”. “Los problemas vienen entre las dos y las cinco de la madrugada, que es cuando se produce el intercambio de droga”, abunda. Durante el día, en su fundación, se aseguran de que los pequeños acuden al colegio, los recogen y les dan de merendar. “Muchas veces es la única comida que tienen”. Esas carencias también deben estar en el foco de atención de las administraciones.

“Aquí lo prioritario es la limpieza y la seguridad. El alcalde se equivocó cuando dijo que no entrarían los funcionarios públicos después del tiroteo”, abunda Raquel Guerrero, presidenta de la asociación Yilo, que brinda apoyo a las mujeres gitanas del barrio. “Aquí somos como un pueblo y hay un déficit de personal de limpieza, no hay un plan diario”, señala y apunta a cómo desde que el servicio municipal de limpieza acude todos los días a Las Vegas -la zona más deprimida de las Tres MIl Viviendas- se han notado avances. “Es un programa piloto y en el resto esto no ocurre”, precisa. Ella apunta a la necesidad de un plan integral que, de hecho, se puso en marcha hace 20 años, pero que la realidad evidencia que ha sido un fracaso: “Si ha fallado, que hagan un análisis de las causas y hagan otro nuevo”,