Un colectivo de apoyo a los presos de ETA eleva a 52 los reclusos que se beneficiarán de la reforma legal

La polémica política provocada por la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados de la reforma legal que permitirá convalidar a los presos de ETA las penas que cumplieron en otros países no cesa mientras el número exacto de reclusos que se beneficiarán de ella sigue siendo una incógnita. La última cifra la ha puesto sobre la mesa este jueves Sare, una plataforma ciudadana de apoyo a los internos etarras que eleva la misma a 52, frente a los 44 que, por ejemplo, arrojan las estimaciones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Según el estudio realizado por Sare, de ese más de medio centenar de reclusos hay siete que deberían ser excarcelados antes de que concluya el año, algunos de manera inmediata. En la actualidad, hay 146 presos de ETA ―134 en prisiones del País Vasco, siete en la de Pamplona y cuatro más en cárceles francesas―, por lo que según las estimaciones de Sare la reforma afectaría a algo más de un tercio del total.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Vitoria, representantes de la plataforma de apoyo a los presos etarras han destacado también que hay 15 antiguos terroristas que ya están en libertad y que hubieran podido salir de prisión antes si la medida que permite descontar los años de cárcel cumplidos en otros países se hubiera aplicado antes. “No hay forma jurídica de reparar a estas personas por la parte de libertad que perdieron”, señalan sus portavoces en el documento que han leído.

El estudio elaborado por Sare detalla que, de los 52 presos etarras beneficiados, 48 están actualmente en cárceles españolas. De ellos, 20 permanecen en el centro penitenciario de Zaballa (Álava); 12, en la prisión de Martutene (Gipuzkoa); 5, en la de Basauri (Bizkaia) y dos, en la de Pamplona. A ellos, el colectivo suma los cuatro miembros de la organización terrorista que aún se encuentran recluidos en Francia y que serán en el futuro entregados a España para que respondan aquí por otros hechos delictivos por los que ya han sido condenados por la justicia española. Se trata, en concreto, de Javier Abaunza Martínez, Arkaitz Agirregabiria del Barrio, Iñaki Esparza Luri y Mikel Karrera Sarobe, alias Ata, todos ellos recluidos en la prisión Lannemezan, en el sur de Francia.

La plataforma destaca que la reforma legal aprobada, además de permitir a siete presos de ETA ser excarcelados en los próximos meses, facilitará a los otros 45 acortar los plazos para acceder a “situaciones de cumplimiento de pena más benignas” al reducir los años para alcanzar, por ejemplo, las tres cuartas partes de la condena cumplida que exige la ley para poder aspirar a la libertad condicional. Por ello, reclaman que se agilice la aplicación del nuevo texto y que esta no sea entorpecida “por maniobras torticeras” como, ha recalcado, se ha producido con la ley de amnistía aprobada para los implicados en el procés catalán.

Tras la reforma, Sare apunta que aún espera un nuevo cambio legal. En concreto, “la derogación o adaptación” de la ley aprobada en 2003 que modificó el Código Penal para elevar de 30 a 40 años el límite de cumplimiento máximo de una condena para determinados delitos graves, entre ellos el de terrorismo. Según estimaciones de Etxerat, otro colectivo de apoyo a los presos de ETA, esta ley afecta a cerca de 60 reclusos de la organización terrorista.

Sare ha asegurado hoy que la modificación legal llega “tarde”, con 10 años de retraso, aunque se ha felicitado por que las Cortes Generales han “cumplido su cometido” y, de esta forma, “se pone fin a la arbitrariedad” y la “excepcionalidad” con la situación de los presos de ETA. “Muchas personas han pagado años de prisión de manera injusta. Una redacción adecuada de la ley hace 10 años habría permitido que algunos presos salieran inmediatamente de prisión o lo hicieran antes”, ha afirmado Joseba Azkarraga, portavoz de la citada plataforma, quien ha indicado que 15 exreclusos que cumplieron su condena “pudieron haber salido antes”. “No hay forma jurídica de reparar a estas personas por la parte de libertad que perdieron”, ha añadido.

La reforma de la ley 7/2014, según Sare, no está pensada para facilitar la salida de los presos, sino que viene a “corregir un error” y a “acomodarse a lo que exige la directiva europea” sobre la acumulación de condenas en otros estados. “En 2014, contraviniendo el espíritu de la directiva europea de 2008, dirigida a la construcción de un espacio judicial único comunitario, se introdujo con fórceps, a última hora y en el trámite del Senado, un doble criterio para que la norma dejara fuera a determinadas personas”, ha explicado Azkarraga, en una comparecencia junto a Begoña Atxa, al referirse al perjuicio ocasionado a su juicio a los presos de la banda, a quienes no ha citado en ningún momento como tales. Entre los presos beneficiados no figura Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, a quien la Audiencia Nacional ya le contó en su día los seis años y nueve meses de condena cumplida en Francia, por lo que su salida de la cárcel será en 2031.

Sare ha asegurado que en 2013 y 2014 “la Audiencia Nacional ya acumuló las condenas dictadas en Francia por delitos de terrorismo”. Fueron resoluciones, corroboradas después por el Tribunal Supremo, fruto de “una forma de obrar natural, sin torcer la norma”, ha comentado el portavoz, y que permitieron la acumulación de penas “al amparo de lo establecido en el Convenio de Estrasburgo de 1983″. Han explicado que estas decisiones judiciales fueron las que precisamente provocaron que en 2014 se cambiara la ley para impedir que los presos de ETA se beneficiaran de la suma de condenas.

Azkarraga ha sostenido que el cambio de la ley acordado ahora supone “volver a la normalidad” y disponer de “una normativa ajustada a la filosofía de las normas europeas”. “Esto debería ser motivo de satisfacción para todo ciudadano con sensibilidad democrática”, ha sentenciado: “No hay recorte ninguno. Las fechas de excarcelación resultan más cercanas porque anteriormente se alejaron esas fechas de manera contraria a Derecho”. En su comparecencia, el exconsejero vasco no ha querido pasar por alto el “daño” causado a los reclusos que “se han visto obligados a cumplir sus penas sin posibilidad de avanzar en sus trayectorias penitenciarias” y, en consecuencia, han retrasado las fechas para acogerse a permisos, solicitar el tercer grado, pasar a un régimen abierto o lograr la libertad condicional.

Los representantes de Sare han aprovechado para cargar contra “el bochornoso espectáculo de la derecha española” al tratar este asunto: “La sensibilidad de la derecha política con las víctimas de ETA aumenta o disminuye exclusivamente en función de la rentabilidad política que le genera. Es hora de dejar el comodín de ETA para cualquier cosa”, ha rematado Azkarraga.