La familia de Miguel Hernández consigue el reconocimiento del Gobierno con el único rechazo de Orihuela, la ciudad en que nació

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha firmado 29 declaraciones de reparación a personas que sufrieron persecución y violencia por razones políticas en la dictadura, según ha avanzado en un mensaje en la red social X. Los documentos, que serán entregados el próximo día 31 de octubre en un acto en Madrid, recogen también la nulidad de los procesos judiciales y la ilegitimidad de los tribunales. Entre los represaliados está Miguel Hernández, cuya nuera, Lucía Izquierdo, ha sido invitada al acto mediante una llamada de teléfono realizada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, según confirma Joan Pámies, investigador hernandiano muy cercano a la familia del poeta de Orihuela. Culmina así un proceso iniciado por Pàmies en el que solicitó esta declaración institucional, cuyo trámite ha estado salpicado por la polémica. Mientras el ayuntamiento de Elche, la Diputación de Alicante o la Generalitat Valenciana lo han apoyado, en la ciudad natal del autor de Viento del pueblo, Orihuela, se rechazó.

La declaración elaborada por el especialista en la vida y obra del escritor alicantino, y rubricada por Izquierdo, dos nietos y dos sobrinos nietos de Hernández, entre otros, se presentó por registro el 30 de julio ante la secretaría de Estado comandada por Fernando Martínez. En ella, los firmantes recorrían el proceso judicial que condenó a muerte al poeta, mediante los sumarios 21001 y 4407. Aseguraban que “está demostrado objetivamente que los procesos seguidos contra Miguel Hernández no tienen ningún rigor jurídico y los hechos atribuidos en los citados sumarios nunca se pueden considerar delitos, y la pena de muerte sentenciada se apoyaba en aspectos ideológicos, de opinión o de su clara alineación en la defensa del orden establecido y el apoyo a la elección de la ciudadanía de la II República, así como la utilización de sus palabras y escritos frente a los golpistas franquistas”. También achacaban la muerte del escritor oriolano, que falleció por tuberculosis en la prisión de Alicante, a un “asesinato por omisión”, por “una intencionada inasistencia sanitaria”.

El pasado 26 de septiembre, una moción presentada por la socialista Carolina Gracia en el Ayuntamiento de Orihuela convirtió el consistorio en un polvorín. Las alusiones al contexto histórico de los últimos meses de Miguel Hernández, desde su detención hasta su muerte, incomodaron al gobierno municipal, formado por una coalición entre PP y Vox. El debate, tenso, enfrentaba a la oposición, PSOE, Compromís y Ciudadanos, que defendían las tesis firmadas por la familia de Hernández, con la bancada presidida por el alcalde José Vegara (PP), a quien sus socios de Vox habían exigido la retirada de las alusiones a la República y el franquismo. El concejal de Educación, Vicente Pina, defendió al poeta en lo que a familiares e investigadores les parecía una mera “petición de indulto”. A juicio de Pàmies, no se puede separar el activismo político de Miguel Hernández de sus versos. “No se puede pedir la nulidad de los juicios sin explicar” cómo se desarrollaron, sostuvo. La mayoría gobernante rechazó la moción. La editorial Kalandraka, que publicaba las obras reconocidas en el premio de poesía para Niños y Niñas Ciudad de Orihuela desde 2008, se desvinculó días después del certamen.

La polémica se trasladó el 30 de septiembre a Elche, la ciudad en la que vivió Josefina Manresa, la viuda del poeta, y en la que siguen sus descendientes. Una moción similar, presentada en esta ocasión por la concejala de Compromís Esther Díez, obligó al alcalde, Pablo Ruz (PP), a hacer equilibrios para no repetir la hecatombe oriolana y, al mismo tiempo, no crear el descontento entre sus socios de gobierno, también de Vox. Este partido, representado por la edil Aurora Rodil, intentó incluso que en la moción se equipararan los procesos de Miguel Hernández, José Antonio Primo de Rivera y Federico García Lorca, quien fue fusilado sin que mediara ningún juicio. La propuesta de la formación de Abascal se rechazó, pero la petición al Gobierno central de una declaración como la firmada por Ángel Víctor Torres sí fue respaldada, ya que el PP se abstuvo. Quizá pesara en el ánimo de los populares que Ruz, en una etapa anterior en que ejerció de concejal de Cultura, no supo frenar la marcha del legado de Miguel Hernández, que atesoraba Elche, a Quesada (Jaén), localidad natal de Josefina Manresa.

Los plenos municipales, especialmente el de Orihuela y su rechazo a la moción, resonaron en todo el planeta. “Recibí una enorme cantidad de mensajes de investigadores e interesados en la obra del poeta”, señala Pàmies, “en los que me decían que no se podían explicar cómo Orihuela había rechazado apoyar” a su vecino más célebre y reconocido. Los comentarios llegaban “desde Estados Unidos, Puerto Rico, Rusia, toda Latinoamérica, Francia, Italia o España”. La postura de los populares extrañaba a todo el mundo. “La literatura de Miguel Hernández va unida a su vida, afirma sus ideales y su forma de pensar”. Es imposible eludir su postura política, en su opinión. Hasta Gonzalo Montoya, concejal de Cultura en Orihuela, y la ilicitana Rodil defendían sus versos. Hasta Abascal llegó a recitar los versos de Llamo a la juventud en una ocasión sin citarlo, en un acto de campaña celebrado en 2019 en Madrid. “Su poesía es sencilla, la gente lo entiende y gusta hasta a la derecha”, continúa Pàmies. “Aunque algunos no se pregunten por el contexto en que se escribieron las Nanas de la cebolla o Las abarcas desiertas”, zanja.

Esta universalidad del poeta oriolano sí la asumió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien el martes 1 de octubre manifestó que el pleno del Consell, el gobierno autonómico valenciano, había aprobado una moción idéntica a la propuesta por el PP en Orihuela, es decir, sin referencias históricas, para que el ministerio declarara institucionalmente la reparación y recuperación de la figura de Hernández, marcando el paso de su partido, que en las Cortes Valencianas ya no cuenta con Vox como socios, aunque sí lo necesitan para sacar adelante sus iniciativas. El día 3, la Diputación de Alicante, con el popular Toni Pérez al frente, votó a favor de la moción historicista redactada por Pàmies, con los síes de PP, PSOE y Compromís y un solo voto negativo, el de Vox. Y pese a la firma de Torres, el PSPV sigue “con la hoja de ruta” de presentar un apoyo institucional de las Cortes Valencianas, con la fórmula de Proposición No de Ley (PNL), para “poner a Mazón frente a su espejo: queremos que reconozca que Miguel Hernández fue condenado por el franquismo por su apoyo a la República”, comentan fuentes socialistas. La polémica que no cesa.