Gobierno y PP enfrentarán sus posturas en vivienda en la Conferencia de Presidentes

La vivienda como tema central de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo mes de diciembre en Cantabria. Esta era la pretensión del Gobierno y así será —aunque el Ejecutivo asume que habrá otros asuntos a propuesta del PP—, una vez que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo ha decidido que los problemas de acceso a la vivienda también son un asunto esencial para su organización. Durante semanas, la cúpula del PP no se había pronunciado ni a favor ni en contra de que ese tema figurara como asunto monográfico de la Conferencia de Presidentes. Ante todo, el PP quería que en esa reunión del Ejecutivo central con los presidentes autonómicos se planteara el tema de la financiación de las comunidades para denunciar el pacto del PSC con ERC, que implica dotar a Cataluña de un sistema de financiación singular que, en principio, lo apartaría del régimen común que ahora comparten 15 comunidades. El Gobierno de Pedro Sánchez siempre apeló a las competencias específicas de los órganos del Estado para situar la discusión y aprobación de un eventual nuevo sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En las primeras reuniones bilaterales de Sánchez con presidentes autonómicos se constatan actitudes diferenciadas, que no contradictorias, entre los presidentes autonómicos del PP. Reconocen que la financiación se discute en el consejo fiscal con los consejeros de las comunidades autónomas, tras reuniones previas e intercambio de documentos entre los gobiernos central y autonómico, en las que los titulares de Hacienda llevan el peso de la negociación. Nada impedirá a los presidentes autonómicos, sin embargo, que en la Conferencia de Presidentes expongan sus posiciones sobre la imprescindible equidad que debe tener el futuro sistema de financiación autonómica y su rechazo frontal a que Cataluña tenga un sistema diferenciado que, hoy por hoy, tal como está expuesto en el pacto para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, consideran rupturista y negativo para el resto de las comunidades. El orden del día de esa cita empezará a elaborarse a finales de octubre, pero se acepta que la financiación de sus comunidades se apruebe en otro órgano.

En las reuniones individuales con Sánchez se aprecia la amplia cartera de asuntos que los jefes de gobierno territoriales querían exponer al presidente. Así se entiende que ninguno de ellos ha seguido la estela de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contraria a ir a La Moncloa y que aún no ha desvelado si acudirá. En el discurso público de cada presidente, sí hubo distintos énfasis en los asuntos que se querían resaltar, pero lo primero era la defensa de su comunidad y la oportunidad de reivindicar y reprochar a Sánchez la tardanza o la parálisis en la resolución de asuntos antiguos. También hubo resquicios para cierta cordialidad y compartir propuestas. Y ninguno olvidó recordar el discurso nacional, el que esgrimen Núñez Feijóo y la cúpula del PP, de rechazo a un trato diferenciado, y, deducen, beneficioso, para Cataluña.

Antes de que la discusión sobre la vivienda llegue a la Conferencia de Presidentes de diciembre, el PP habrá presentado su plan y su ataque contra el Gobierno. Los populares han entendido que este es uno de los asuntos de máxima preocupación social. Tampoco este será un tema que puedan compartir los dos principales partidos. “La situación es grave por las políticas de extrema izquierda del Gobierno desde hace años”, proclamó este domingo la vicesecretaria del PP, Esther Muñoz. No acepta el PP límites al alquiler, aunque aún no ha expuesto su proyecto.

Los mayores problemas del Gobierno, sin embargo, se los provocan los partidos independentistas en los que basa su mayoría parlamentaria. Nunca el Ejecutivo habría activado por propia iniciativa las comisiones de investigación sobre los atentados de La Rambla de Barcelona de 2017 y tampoco mostró prisa en avivar la centrada en la llamada policía patriótica para indagar en el uso por parte del PP de recursos del Estado para investigar ilegalmente a dirigentes de partidos catalanes. ERC y Junts lo han exigido.