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El trauma del francotirador del Ejército español que mató a un hombre en Irak

La Audiencia Nacional reconoce que el trastorno psicológico que ha forzado ahora el retiro de un ‘boina verde’ fue causado por su vivencia en la guerra hace 20 años

Soldados españoles retirándose de Irak en mayo de 2004.
Soldados españoles retirándose de Irak en mayo de 2004.REUTERS
Miguel González

Han pasado 20 años desde que el cabo primero Manuel (nombre ficticio) estuvo desplegado en Irak como parte de la Brigada Multinacional Plus Ultra II, enviada por el Gobierno de José María Aznar en apoyo a la invasión estadounidense. Fueron 126 días, entre el 16 de diciembre de 2003 y el 20 de abril de 2004 —hasta que el nuevo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ordenó la retirada de las tropas españolas—, durante los cuales actuó “sin menoscabo de su honor militar y con riesgo claro para su vida”, según su hoja de servicios. Una sentencia de la Audiencia Nacional acaba de reconocer que la experiencia traumática que vivió en aquella guerra, una herida invisible que no ha cicatrizado desde entonces, le ha obligado a colgar ahora el uniforme.

Manuel pertenecía a la UOE II, la Unidad de Operaciones Especiales con base en Rabasa (Alicante), un grupo de élite del Ejército de Tierra español cuyos miembros, conocidos como boinas verdes, se preparan para las misiones más delicadas: infiltración, reconocimiento, evacuación de civiles o golpes de mano, siempre actuando en pequeños grupos y en territorio hostil.

El 4 de abril de 2004, el general jefe de la brigada, Fulgencio Coll, ordenó que un equipo de francotiradores se desplazase con él hasta el destacamento de Nayaf, que estaba siendo hostigado por 700 miembros del llamado Ejército del Mahdi, la milicia del clérigo radical chií Muqtada al Sader, tras difundirse el bulo de que uno de sus lugartenientes había sido detenido por los españoles. Manuel, entonces soldado, llevaba un fusil de precisión Accuracy, con munición 7,62, un arma de fabricación británica con mira telescópica y visor nocturno, diseñada para abatir blancos humanos a una distancia de hasta 1,5 kilómetros. Su compañero, el cabo primero, portaba una Barret, con proyectiles 12,70, para perforar blindaje. El tercer miembro del grupo era un sargento primero que realizaba funciones de mando y enlace. Se desplazaron en helicóptero hasta base Tegucigalpa, del contingente hondureño, y de allí, a bordo de un BMR (blindado medio de ruedas), a la base Al Andalus, que compartían españoles y salvadoreños.

Según el informe que redactó el sargento primero al mando del equipo, el general Coll les dio la “orden de abrir fuego contra todas las amenazas claramente identificadas”, Los francotiradores españoles se situaron en la azotea de un edificio anejo a la base, desde donde podían batir un hospital cercano, origen de los disparos que habían matado a un civil estadounidenses de la CPA, el Gobierno provisional de ocupación, y herido a un militar salvadoreño.

A la 01,00 horas de la madrugada del 7 de abril, continúa el informe, militares norteamericanos avisan de la posible presencia de enemigos sobre los arcos olímpicos de una piscina al sur de la base. Con aparatos de observación nocturna, se aprecian “dos discontinuidades en la pasarela de los trampolines”, y se abre fuego. “Inmediatamente se apagan todas las luces de la piscina y alrededores”, sin que se aprecie ningún movimiento. Sin embargo, tres horas después, una granada de mortero de 60 milímetros impacta contra la fachada del edificio y otra cae a cuatro metros de donde están durmiendo. Afortunadamente, “se incrusta en el cemento y no explosiona”.

Los españoles se refugian en el piso inferior para poder descansar pero suben cada poco para realizar tareas de observación y recorren el tejado, donde también hay militares salvadoreños con una ametralladora M60, marines norteamericanos y personal de la CPA. A la mañana siguiente, el equipo de desactivación retira sin explosionar la granada que había caído a su lado.

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A las 18.22 del día 8, se localiza a supuestos espías del Ejército del Mahdi al este del destacamento. Se abre fuego para espantarlos y uno de ellos huye en una moto por el interior del perímetro de la base. Manuel hace dos disparos de advertencia y, al no detenerse, lo abate en movimiento de un tiro de su fusil Acuraccy, a 350 metros de distancia. “Baja confirmada siendo recogida al día siguiente por personal sanitario local”, constata lacónicamente el parte militar.

El cadáver del iraquí quedó tendido frente a Manuel, quien tuvo que observar durante 24 horas el cuerpo sin vida de su víctima. La imagen quedó grabada a fuego en su memoria. Al día siguiente, “el mando empezó a cuestionarse abiertamente la decisión tomada [de disparar al supuesto espía], creándole una culpabilidad que lleva arrastrando desde entonces”, según su abogado. “Como consecuencia de ello, vive en un estado de inseguridad, ansiedad y estrés permanente”, que le llevó a “intentar quitarse la vida”.

El pasado 19 de marzo, el Ministerio de Defensa ordenó el pase a retiro del cabo primero, decretando su inutilidad permanente por insuficiencia de condiciones psicofísicas ajenas al servicio; es decir, el trastorno ansioso depresivo y por estrés postraumático crónico que padece, según el dictamen de la Junta Médico Pericial, no tendría relación alguna con su actividad en el Ejército ni con los acontecimientos que vivió en Irak.

Sin embargo, los tres médicos que le examinaron vincularon su estado —ansiedad, trastorno del sueño, agresividad, ideas suicidas— a su experiencia en zona de operaciones, donde estuvo “sometido a situaciones límite, vio peligrar su vida y mató a una persona por órdenes superiores, siendo posteriormente cuestionado por ello”. A su regreso a España, “tenía pesadillas” y “no podía hablar con sus amigos de lo acaecido”.

A través del Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, Manuel recurrió la resolución del Ministerio de Defensa ante la Audiencia Nacional, que le ha dado la razón. En una sentencia dictada el pasado 12 de septiembre, el titular del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 asegura no tener “la menor duda” de que los trastornos que sufre Manuel no se deben a una supuesta vulnerabilidad psicológica previa, como insinuó el tribunal médico militar, “sino a unas vivencias extremas a las que difícilmente puede sustraerse casi ninguna persona”.

La sentencia reconoce que “las características del acontecimiento traumático (exposición al combate), no poder verbalizar lo sucedido al regreso de Irak y la larga latencia entre el inicio de los trastornos y el del tratamiento ensombrecen el pronóstico y el resultado terapéutico”. Pero su conclusión es clara: “La intensidad, duración y proximidad de la exposición al acontecimiento traumático constituyen per se los causales” del estrés postraumático y la depresión.

Tras reprochar la falta de motivación de la resolución en la que Defensa declaraba que su incapacidad era “ajena a acto de servicio”, el juez la anula y concede a Manuel el retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas “en acto de servicio”; lo que supone que tendrá derecho a una pensión extraordinaria. Aunque la sentencia aún es recurrible.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.
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