Alvise admite que cobró 100.000 euros en negro en campaña electoral: “Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis”

Luis Pérez, Alvise, el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), la lista electoral que dio la sorpresa en las pasadas elecciones europeas, intenta rebajar a mera irregularidad fiscal el delito de financiación ilegal que señala la Fiscalía por haber recibido 100.000 euros para su campaña. En un vídeo difundido a última hora del jueves, el eurodiputado intenta hacer pasar su presunto delito como un fraude fiscal, una falta administrativa que se solucionaría con una declaración complementaria ante Hacienda.

“Soy culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad. [...] He cobrado por un trabajo sin factura, sí. [...] ¿Quién de ustedes no ha hecho concesiones, pequeños sacrificios de moral para llegar donde está? [...] Acepté, es verdad, cobrar esos honorarios privados sin factura para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme de mi actividad política”, proclama en el vídeo. Su intervención concluye con un llamamiento a sus seguidores para que practiquen la elusión fiscal: “Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis”, dice.

Lo que no explica es qué servicio habría prestado al empresario que le ha denunciado para que este le pagara 100.000 euros en negro el pasado 27 de mayo, en plena campaña electoral para el Parlamento europeo, ya que en el intercambio de mensajes entre ambos no se habla en ningún momento de la realización de ningún trabajo por parte de Alvise, sino de la financiación de su agrupación de electores.

En su canal de Telegram ya había publicado por la mañana un mensaje en el que aseguraba, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, que se “enfrentaría [a] una multa por aceptar 100.000 euros como autónomo sin factura”. Y añadía que “el pago de servicios en efectivo de CryptoSpain siendo autónomo no está permitido para cantidades superiores a los 1.000 euros”.

El activista ultra, que cuenta con el asesoramiento de costosos despachos de abogados, asume así que percibió los 100.000 euros, tal como ha declarado Álvaro Romillo, dueño de un chiringuito financiero (Madeira Invest Club) que colaboró en su campaña de captación de fondos, pero trata de darle la vuelta y presentarlo como si fuera el pago de un servicio que él habría prestado al empresario y cobrado en negro. En la misma línea de defensa, sostiene que la Fiscalía lo acusará de “haber usado el dinero para regalar 5.000 camisetas y gorras, pagar los vehículos de campaña, hoteles y vuelos, o imprimir los dos millones de papeletas que repartió por todo el país, entre otros gastos electorales”.

En el escrito remitido por la Fiscalía General del Estado al teniente fiscal del Tribunal Supremo, por ser este órgano el competente para enjuiciar a Alvise, dada su condición de eurodiputado, se apuntan indicios de la comisión de un asunto mucho más grave: un delito de financiación ilegal de partidos políticos tipificado en el artículo 304 ter del Código Penal. Este castiga con la pena de prisión de uno a cinco años al que participe en estructuras u organizaciones “cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley”.

El intercambio de mensajes entre el político y el experto en criptomonedas a través de la red de mensajería Signal, que el segundo ha aportado junto con su denuncia, revela que ambos montaron una estructura opaca para que Alvise recibiera dinero para financiar su campaña sin que quedara rastro alguno del mismo. “Necesito fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”, le pidió el líder de SALF al experto.

El letrado de su exsocio ha presentado este jueves un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que investiga el cierre de Madeira Invest Club, en el que pide que se incorporen a la causa el escrito que su cliente presentó ante la Fiscalía General del Estado el pasado 19 de septiembre, en el que daba cuenta de sus relaciones con Alvise, y la ampliación de la autodenuncia que realizó el pasado martes, en la que incluía los mensajes de voz que le envió el ya eurodiputado y un informe pericial que avalaba la autenticidad de las capturas de mensajes intercambiados con este. El empresario reitera su disposición a declarar ante el juez y facilitar la documentación que se le requiera.

Es probable, sin embargo, que esta declaración se posponga hasta que se determine si la causa sigue en manos de la Audiencia Nacional o pasa al Supremo. Además de la Fiscalía, la asociación de afectados por el cierre del chiringuito financiero, a los que representa el despacho Aranguez, ha pedido que el caso pase al Supremo y que se impute a Alvise por “promocionar esta estafa en distintos actos públicos”.

El pasado 6 de abril, Avise participó en un acto en el Hipódromo de la Zarzuela que presentó en sus redes como un mitin preelectoral, pero en realidad se trataba de un evento de promoción de los productos de Madeira Invest Club, al que asistieron unos 3.500 potenciales inversores. Tanto esta sociedad como su matriz, Proelucyon LLC, domiciliada en Nuevo México (EE UU), ya había sido objeto el 23 de mayo de 2023 de una alerta de la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV), que avisó de que no tenían permiso para realizar actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva.