El magistrado conservador Dimitry Berberoff, elegido por unanimidad vicepresidente del Supremo

No ha habido sorpresas y el guion se ha cumplido según lo previsto. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido este miércoles al magistrado Dimitry Berberoff como vicepresidente del Tribunal Supremo. Según fuentes del órgano, la propuesta de la presidenta, Isabel Perelló, ha salido adelante por asentimiento de todos los vocales, sin que se haya llevado a cabo una votación. El órgano ha dado también luz verde a la composición de sus comisiones: los progresistas ostentarán la presidencia de tres de las cinco principales (permanente, disciplinaria y asuntos económicos) y tendrán la mayoría en las otras dos (calificación e igualdad), que estarán dirigidas por vocales conservadores.

El vicepresidente del Supremo es un cargo que elige el pleno del CGPJ, pero cuya propuesta corresponde al presidente del alto tribunal y del Consejo. Con la elección por unanimidad de Berberoff, los vocales pretenden lanzar un mensaje de apoyo a Perelló, que en esta sesión se ha estrenado como presidenta del órgano. El perfil del elegido no entusiasma a algunos vocales del grupo progresista, que objetan, sobre todo, que Berberoff fuera el vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, hasta que fue propuesto oficialmente la semana pasada como vicepresidente del Supremo por Perelló, esta del sector progresista.

Fuentes del bloque progresista han lamentado en los últimos días que, cuando ellos propusieron a la magistrada Ana Ferrer como presidenta del CGPJ, el argumento del otro bloque para rechazarla fue que era una representante “destacada” de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), por lo que consideraban que ellos no debían aceptar como vicepresidente al que era hasta ahora el número dos de la APM. Algunos vocales le plantearon estas reticencias a Perelló cuando la presidenta contactó con ellos para informarles de su propuesta, pero, finalmente, todos han aceptado a Berberoff para evitar abrir una brecha interna, según estas fuentes.

La mayoría de los vocales consultados admiten que el currículum del nuevo vicepresidente es adecuado para el cargo. Berberoff era hasta ahora compañero de Perelló en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y tiene amplia experiencia en puestos técnicos y conocimiento de la justicia europea. Estos rasgos son también los que destacó la oficina de comunicación del CGPJ al hacer pública la propuesta: con la candidatura de Berberoff, que fue letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entre 2007 y 2010, miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE) del CGPJ y autor de numerosas publicaciones sobre esta materia, Perelló pretende “reforzar la dimensión europea del Tribunal Supremo”. El nuevo vicepresidente, nacido en 1969, tiene, además, un profundo conocimiento del funcionamiento del alto tribunal, ya que fue director de su Gabinete Técnico entre 2014 y 2018 (bajo la presidencia de Carlos Lesmes) y desde 2019 es miembro electo de su Sala de Gobierno.

La función del vicepresidente del Supremo (que no lo es del CGPJ, donde no existe esta figura de número dos) es esencialmente sustituir a la presidenta en caso de ausencia y ejercer las funciones que esta le delegue, sobre todo tareas técnicas y de organización. Perelló deberá decidir ahora qué tareas le encomienda.

Reparto de las comisiones

El pleno ha aprobado también la composición de 13 comisiones del CGPJ, una estructura que, recalcan fuentes jurídicas, refleja la nueva mayoría progresista después de 27 años de dominio y presidencias conservadoras de esta institución. El órgano, renovado el pasado junio tras alcanzarse el acuerdo largamente esperado entre el PP y el PSOE, tiene 10 vocales del sector conservador y 10 del progresista, pero el voto de la presidenta, la progresista Perelló, da la mayoría a este sector. Ambos grupos han negociado durante semanas la estructura de las comisiones a partir de una regla general: que el sector que presidiera una comisión tendría minoría de vocales en ella, de forma que la mayoría y la presidencia nunca cayeran del mismo lado.

Esa regla solo se altera en cierta medida en la principal comisión, la permanente. Esta estará dirigida por la progresista Perelló, a la que se sumarán otros tres vocales de este grupo (Carlos Hugo Preciado, Esther Erice y Bernardo Fernández) y cuatro conservadores (Pilar Jiménez, Alejandro Abascal, José Eduardo Martínez e Isabel Revuelta). En caso de empate en una votación, Perelló tiene voto de calidad para desempatar.

Los progresistas tendrán también la presidencia de otra de las comisiones clave, la disciplinaria, que se encarga de resolver los expedientes disciplinarios por infracciones graves y muy graves e imponer las posibles sanciones, excepto en los casos en los que la sanción propuesta fuera de expulsión de la carrera judicial, que deben pasar por el pleno. Al frente estará el vocal a propuesta del PSOE José María Fernández Seijo, pero los conservadores tendrán mayoría de cuatro vocales (José Luis Costa Pillado, Pilar Jiménez, José María Páez y Carlos Orga) frente a tres progresistas (además del presidente, los consejeros Ricardo Bodas y Lucía Avilés). La ley prevé que esta comisión es la única cuya composición se mantiene inalterable durante los cinco años que dura el mandato del CGPJ, mientras que las demás se renovarán anualmente.

Los progresistas presidirán igualmente la comisión de asuntos económicos (Fernández Seijo) y tendrán la mayoría en la de Igualdad (dirigida por la conservadora Gema Espinosa) y la de calificación (presidida por el conservador José Antonio Montero), otro de los órganos más relevantes porque se encargará de entrevistar a los candidatos para los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial y de hacer una primera selección. En los próximos meses, por esta comisión pasarán los aspirantes a los más de 100 puestos vacantes que hay actualmente en el Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales. La integrarán los progresistas Ricardo Bodas, Ángel Arozamena e Inés Herrero, y los conservadores Montero y María Pilar Esther Rojo.