El PP derogará la ley de Memoria de Baleares pese a la ruptura con Vox
Los populares defienden que la normativa estatal recoge los aspectos afectados por la desaparición de la Ley de Memoria


El Partido Popular se rinde ante Vox y votará a favor de la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares. Se trata de una medida que el PP aceptó dentro del acuerdo de 110 medidas que suscribió con Vox para garantizar la investidura como presidenta del Gobierno regional de la popular Marga Prohens, pero que no estaba incluido en su programa electoral. De hecho, la norma salió adelante con el apoyo de los diputados del PP a gran parte de su articulado. La portavoz parlamentaria de los populares, Marga Durán, ha desvelado este lunes que su formación finalmente votará para derogarla y ha defendido que los aspectos que se pueden ver afectados por su desaparición están incluidos en la ley balear de fosas y en la normativa estatal.
Durán ha recordado que Vox rompió el acuerdo de 110 medidas de legislatura de forma unilateral y ha reiterado que el PP no está sometido al cumplimiento de este acuerdo. Sin embargo, ha avanzado que su partido votará a favor de la derogación de la Ley de Memoria Democrática porque, asegura, la normativa estatal y la ley de fosas de Baleares recogen todos los aspectos que se pueden ver afectados por la supresión de la ley autonómica. En las últimas semanas, ningún miembro del Gobierno regional ni del partido habían desvelado cuál iba a ser la postura final del PP sobre este asunto, dado que era una iniciativa de Vox cuya toma en consideración se había aprobado con los votos a favor del PP y los ultras en un pleno el pasado mes de junio, en el que el presidente de la cámara, Gabriel Le Senne (Vox), terminó arrancando una fotografía de varias mujeres asesinadas por el franquismo de la mesa de la vicepresidenta primera, la socialista Mercedes Garrido. Le Senne tendrá que declarar la semana que viene en un juzgado de Palma como investigado por un presunto delito de odio.
El acuerdo conjunto de PP y Vox, roto por el partido ultra en todas las comunidades autónomas, recogía el compromiso de ambas formaciones de derogar la Ley de Memoria Democrática con el objetivo, según estipulaban en el texto, de evitar la “manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas”. La proposición de ley para derogar la norma defiende que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la segunda república, la guerra civil y el franquismo” y sostiene que “un pasado lleno de aristas” requiere de aproximaciones “plurales, desapasionadas y generosas”. “Una sociedad democrática y pluralista no puede permitir que el poder político fije relatos cerrados, simplificadores o maniqueos sobre acontecimientos tan poliédricos”, reza el texto.
La ultraderecha afirma en este documento que la Ley de Memoria Democrática “no persigue los valores de respeto, libertad y tolerancia” al decretar, en su opinión, “la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos”. Un texto al que el PP no presentará enmiendas y que todavía no tiene fecha para ser debatido. “Cada vez vemos más claro que quien marca las políticas principales de esta comunidad es Vox desde Madrid”, ha dicho el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, quien ha acusado al PP de seguir dependiendo de Vox a pesar de las continuas declaraciones de los cargos populares en las que han insistido en que el acuerdo está roto.
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