La Fiscalía pide seis años de cárcel para las dos esposas de yihadistas repatriadas de Siria con 13 niños

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita seis años de cárcel para Luna Fernández Grande y Yolanda Martínez Cobos, las dos esposas de yihadistas repatriadas en enero de 2023 desde el norte de Siria con los 13 menores que tenían a su cargo (nueve de ellos eran hijos biológicos suyos). El Ministerio Público les imputa un delito de pertenencia a organización terrorista por sus presuntos vínculos con la Brigada Al Andalus, una célula terrorista radicada en España que fue desmantelada en 2014. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Martínez tuvo supuestamente un “papel destacado” a la hora de captar miembros para esta célula, mientras que Fernández “ejercía el liderazgo dentro del grupo de mujeres” de la misma. De esta última, la Policía intervino un escrito a otro miembro del grupo en el que la mujer planteaba “pasar a la acción”. Ambas, para las que el ministerio público también pide que se les aplique cinco años de libertad vigilada una vez hayan cumplido la condena, permanecen en prisión provisional desde que aterrizaron en España.

Yolanda Martínez y Luna Fernández viajaron “voluntariamente” a Siria entre 2014 y 2015 junto a sus maridos, Omar El Harchi y Mohamed Amin El Aabou, ambos miembros de la Brigada Al Andalus, para instalarse en el recién proclamado pseudocalifato de Abu Bakr Al-Baghdadi. Lo hicieron, según destaca el escrito de Fiscalía, “compartiendo y aceptando el mismo destino” que sus parejas. Allí permanecieron hasta la derrota del ISIS y su pérdida de control del territorio. Entonces fueron detenidas y trasladadas a un centro de arresto de Al Hol, controlado por las milicias kurdas en Siria. Allí las localizó este diario en 2019 y publicó una entrevista en vídeo con ellas en las que estas reclamaron a las autoridades españolas que las sacaran de allí y les llevaran de vuelta a España. El Gobierno de Pedro Sánchez emprendió entonces, a pesar de las reticencias de los expertos de la lucha antiterrorista, las gestiones para una repatriación que, tras cuatro años, se materializó a principios del año pasado. Las dos presuntas yihadistas aterrizaron en la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) junto a los 13 menores, e ingresaron inmediatamente en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

En el escrito en el que pide seis años de prisión para ellas, la Fiscalía esgrime precisamente aquellas declaraciones que hicieron a EL PAÍS como prueba de su “plena adhesión” a los postulados yihadistas y, con ello, su presunta pertenencia a la organización terrorista. En el vídeo, Martínez explicaba que la organización les facilitó una casa y un trabajo a su marido en los juzgados del ISIS y que, gracias a ello, consiguieron “una situación estable económica”. La Fiscalía señala que solo a los integrantes del Estado Islámico les concedían estas prebendas. Por su parte, Fernández afirmaba en esa misma entrevista: “Como muchos países hacen sus leyes, Alá ha hecho una ley y él sabe, nosotros no sabemos...”. Según el escrito del ministerio público, estas palabras reflejan la “interiorización de una visión radical y extremista del Islam, donde la sharía prevalece sobre la legislación de los países”.

La investigación considera probado que ninguno de los hijos de estas mujeres acudió nunca a una escuela mientras estuvieron en Siria y que los mayores de ambas fueron adoctrinados bajo las enseñanzas del ISIS. Así lo declararon los propios niños, que refirieron que sus madres les enseñaban en casa “su visión de la práctica islámica y sus valores”. El escrito de acusación recoge un informe policial incorporado a la causa en el que se destaca que el Estado Islámico obligaba a los niños entre los 6 y 18 años y las niñas entre los 6 y los 15 a acudir a sus escuelas, en las que “la única asignatura era la religión”. Una vez concluido este adoctrinamiento, el documento destaca que los varones “podían desempeñar varias funciones: espías, reclutadores, soldados, ejecutores o suicidas”, para lo que también recibían “entrenamiento físico preparatorio desde una edad temprana”. A las niñas se las preparaba “para tareas domésticas desde pequeñas, como cocinar y cuidar de los niños”. En este sentido, la Fiscalía destaca que “no se trata de que su papel sea educar a un hijo, como cualquier progenitor en cualquier parte del mundo, sino de hacerlo siguiendo las pautas del Daesh [Estado Islámico], integrándose en dicha organización y asumiendo el rol reservado para ella. (...) La función de esposa y madre es crucial” para el grupo terrorista y su supervivencia, añade el ministerio público.

La Fiscalía concluye que las dos acusadas “siempre mostraron su voluntad de ser miembros” del ISIS y “solo la completa pérdida territorial tras la caída de la ciudad siria de Baguz, último reducto en el que ellas estuvieron voluntariamente hasta el final, así como las condiciones de vida en el campo de acogida, fueron la causa por la que ambas pidieron ser repatriadas a España”. Según estas conclusiones provisionales, este caso evidencia la “estrategia deliberada” del ISIS para reclutar al sector femenino de la población, algo que “constituye un fenómeno sin precedentes en la dinámica de otros grupos yihadistas”. Según un estudio del Real Instituto Elcano, entre 2001 y 2011 no hubo ninguna mujer detenida en España por yihadismo. En la actualidad representan cerca del 12% de los arrestos, la mayoría dedicadas dar apoyo logístico, reclutar a otras mujeres o financiar a la organización o la financiación.

Durante la guerra de Siria, hubo un movimiento de musulmanes o conversos europeos que viajaron hasta el país en conflicto para unirse a las filas del califato. En este contingente, se detectaron también numerosos casos de mujeres que se habían desplazado a Siria para unirse a algún combatiente. Las estimaciones del Real Instituto Elcano cifran este desplazamiento en, al menos, 6.000 personas en el momento de mayor poder del ISIS.